viernes, 11 de enero de 2019

La transición de los puertos a sociedades anónimas, capítulo I.


El impacto de pagar el Impuesto de Sociedades. 1.200 millones en caja y aumentando.

Puertos y Navieras 11/01/2019



La Unión Europea ya ha emplazado a España para que sus Autoridades Portuarias se comporten como sociedades mercantiles y paguen impuestos de sociedades sobre sus resultados. La guerra será larga pero aquí en España algunos piensan que es una oportunidad para avanzar en un modelo portuario más eficaz.

La Comisión, que ya había dado un toque sobre ello, ahora ha emplazado a España dos meses antes de abrir un expediente que desembocará con el tiempo en una denuncia como la de la estiba, y al final su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo. Un camino muy largo porque España piensa defenderse y además con un Gobierno cuasi interino lo va hacer por inercia. Esto daría para no juzgar relevante esta situación.

Sin embargo, abre la puerta también en España al análisis que están haciendo algunos partidos sobre el estatus de las Autoridades Portuarias que en este caso son organismos estatales y su posible paso a
al de sociedades anónimas estatales.

En un lado, están los de los políticos de las cuentas ortodoxas del Estado que apuntan a que el sistema portuario español acumula 1.600 millones de euros en caja que se incrementan cada año en unos 200 y pico millones más y que no juegan un papel social. En un momento en el que el déficit del Estado y de la Seguridad Social presiona al Gobierno y al Estado. 

Esta cantidad acumulada en caja que mayormente está colocada con bajos rendimientos, en fondos bancarios sirven según los políticos, solamente para beneficio de una gestión dispersa y política por comunidades autónomas y no como motor de la inversión y del empleo.

De hecho, hay una similitud con las grandes cantidades de caja que atesoran las grandes multinacionales en un momento en que la inestabilidad mundial no aconseja la inversión y se dedican a recomprar acciones que son las que mantienen altas sus cotizaciones.

Estas grandes cantidades de dinero han sido perseguidas por Hacienda en el pasado pero con poco éxito, de hecho Hacienda ha puesto el foco en estos fondos pero ya en la época de Ana Pastor la administración portuaria logró defender su propiedad y ofreció a cambio inversiones alternativas sobre todo en accesos ferroviarios que pudiesen venderse internamente como un esfuerzo del sistema portuario compensando las inversiones que el Estado tendría que hacer de otra forma.

La administración portuaria española tiene en su defensa el que es un sistema que no detrae dinero del Estado, que no pide al Estado y que con sus propios fondos va administrándoselos, de hecho como la administración portuaria ha sido eficaz en el consumo de ayudas estatales por parte de la Unión Europea todavía se da el caso de que a cada final de año la administración española tiene que derivar al sistema portuario millones de euros que otras administraciones no han consumido, por ejemplo, muy recientemente cerca de 40 millones de euros que provenientes de otras inversiones no realizadas por ejemplo por Adif han sido remitidas a Puertos del Estado y éste las ha remitido a Autoridades Portuarias que ya de hecho tienen un superávit como Huelva o Cartagena. 

El caso es que, sin embargo, este movimiento hacia sociedades anónimas estatales, que otros sostienen muy beneficiosas por cuanto sometería definitivamente a los gestores portuarios a la Ley de Sociedades de Capital unificando en un solo acervo normativo todo aquello que tiene que ver con el control de administradores, consejeros, accionistas y otros participantes en las mismas está, sin embargo, visto como negativo desde una corrientes estatalizadora y de izquierdas que ve en esto un principio de privatización de los puertos.

La cuestión es que antes de esa posible privatización de los puertos o su concesión, en concesiones maestras, o "master", por puertos que a su vez pagasen un canon al Estado que siempre se guardaría la titularidad de los puertos, está esta transición a sociedades anónimas estatales.

Este cambio está detenido hoy por la falta de impulso político de un Gobierno que bastante tiene con estar negociando sus apoyos continuamente pero que no se escapa que tarde o temprano tendrá que abordarse. 


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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