miércoles, 9 de enero de 2019

Bruselas da dos meses a España para gravar la actividad comercial de sus puertos

La Comisión Europea ha instado a España e Italia a adecuar la fiscalidad de sus puertos a la normativa europea y poner fin a las exenciones fiscales de las que gozan. En abril de 2018, Bruselas informó a ambos países de sus reservas en relación con los regímenes tributarios que aplicaban. Ahora, la Comisión considera que sus modelos fiscales conceden a los puertos una ventaja selectiva que puede vulnerar las normas de la UE sobre ayudas estatales.
El Vigía 08/01/2019
Los puertos llevan a cabo actividades tanto económicas como no económicas, como el control y la seguridad del tráfico marítimo y la vigilancia contra la contaminación. Estas actividades de servicio público quedan fuera del control de la Unión. No así la explotación comercial de las infraestructuras portuarias, como permitir el acceso remunerado al puerto, que sí quedaría bajo el control de Bruselas.
Una exención en el impuesto de sociedades para los puertos que obtienen beneficios de actividades económicas puede suponerles una ventaja competitiva cuando operan en el mercado interior. Por lo tanto, la Comisión la considera una ayuda estatal que puede no ser compatible con las normas de la UE.
Así, la Comisión “invita” a España e Italia a adaptar sus normativas para garantizar que los puertos, a partir del 1 de enero de 2020, contribuyan al impuesto de sociedades como las demás empresas. Ambos países disponen de dos meses para ello.
COMO EN HOLANDA, BÉLGICA Y FRANCIA
En España, los puertos están exentos del impuesto de sociedades en lo que respecta a sus principales ingresos, como las tasas portuarias o los contratos de arrendamiento o de concesión. En Italia, los puertos están totalmente exentos de este impuesto, al igual que en País Vasco en virtud de su régimen foral.
Los regímenes tributarios de los puertos españoles se consideran ayudas existentes por ser anteriores a la entrada en vigor del Tratado de la UE. En estos casos, la Comisión no exigirá a sus beneficiarios que las reembolsen, pero sí informa al Estado miembro de la posible anomalía detectada. A la vista de la respuesta, la Comisión propone medidas concretas, como ha hecho hoy. Si los Estados no las aceptan, Bruselas puede abrir una investigación en profundidad y exigir a sus autoridades que pongan fin al régimen de ayudas que falsea la competencia. Así ocurrió con Holanda, Bélgica y Francia, que tuvieron que eliminar las exenciones en el impuesto de sociedades de sus puertos.
En mayo de 2017, la Comisión simplificó las normas sobre las inversiones públicas en puertos. Ahora, los Estados pueden invertir hasta 150 millones de euros en puertos marítimos con plena seguridad jurídica y sin verificación previa de la Comisión. La normativa permite a las autoridades públicas, por ejemplo, asumir los costes de dragado en los puertos y de sus vías navegables de acceso. Además, se permite a los Estados compensar a los puertos el coste de asumir funciones de servicio público y de interés económico general.


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