miércoles, 14 de noviembre de 2018

¿Qué esconde la subrogación por convenio y por qué da tanto la lata?

La subrogación de los estibadores portuarios al transformarse las empresas de SAGEP a Centros Portuarios de Empleo (CPES) debería haber sido una cosa natural como lo es en cualquier sucesión o transformación empresarial. 


Puertos y Navieras 13/11/2018


Tantas se ven por compra, fusión, absorción o simple transformación de una mercantil de un tipo a otra que es algo normal. Todo el mundo coincide en que los estibadores que estaban siendo empleados por las empresas, de un mes para otro tenían que seguir siendo empleados de otra. Y eso con todas las consideraciones de nuestra legislación que le respetan sus derechos adquiridos.

Sin embargo, todo esto se ha complicado con la sentencia de diciembre del 2014 del TSJUE, con sede en Luxemburgo. El caso es que en la transformación en las sociedades de gestión de empleo portuario, las SAGEPs, con una larga tradición aunque ya privadas pero de intervención pública, había que pasar a un sistema totalmente privado, el cual exige voluntariedad a la hora de elegir empresa y de elegir a los empleados.


Es una cuestión fundamental tanto de la sentencia del TSJUE, como del deseo del Estado español de cortar cualquier vínculo con el empleo de los portuarios

Esto se había ido haciendo en fases aunque en algunos casos fracasaron; acordémonos de la Organización de Trabajadores Portuarios, la OTP, y de sus antecedentes, donde estos los estibadores eran directamente empleados del Estado; después pasaron a ser empleados de las Autoridades Portuarias; el siguiente paso fue que lo fuesen de sociedades donde las Autoridades Portuarias tenían la mayoría, y luego en minoría y la otra parte los terminalistas, que utilizaban a los estibadores; por último llegaron las APIES. En un momento dado el Estado dictaminó que de éstas tenían que salir las autoridades portuarias y por tanto el último resquicio de control del Estado sobre ellas.


A pesar de que eso era así, cuando se inició en el año 2009 el expediente sancionador contra España por el monopolio de la estiba, y que además ya en el año 2014 eran claramente empresas privadas, la UE desconfió totalmente y prescribió que los estibadores tendrían que pertenecer a sociedades donde nadie estuviese obligado a permanecer en su accionariado.


Así las cosas, la ley 8/17 del año 2017 prescribió esta transformación de las SAGEPS a unas ETTS que la Comisión Europea accedió no sin reparos a que fuesen denominadas "Centros Portuarios de Empleo", pero nada más allá de la denominación debía distinguirlas de una ETT normal, sociedad anónima o de otro tipo que tuviese relación con el empleo portuario.


Así las cosas, quedó establecida en la ley y pronto surgió el problema de cómo transformar el empleo de las sociedades SAGEP a estas sin provocar el problema de que algunos accionistas de las anteriores SAGEP, que además venían diciendo que lo eran forzosos por voluntad del Estado, no se saliesen de ellas provocando un serio conflicto.

Entonces se acudió a la Subrogación Convenial, mediante convenio que recomendó el presidente del CES, Consejo Económico y Social, Marcos Peña en su laudo. Nada nuevo pero esto entraña problemas entre otros que la CE, Comisión Europea se ha dado por engañada y por eso va allí la abogacía del Estado para convencerla que los convenios y su obligatoriedad no son un truco. Aunque lo parece.

Por eso Coordinadora y el CES han organizado un acto reivindicativo, digamos de reafirmación de su legalidad. Pero eso no convence en Bruselas.


Este es el meollo de la cuestión: la salida voluntaria de accionistas de la SAGEP sin pagar ningún tipo de peaje. 


Porque, si se les fuerza a estar en una sociedad de estiba, llámese centro portuario de empleo, CPE, o cualquier otro, y se le imponen peajes de salida, se estaría incumpliendo la sentencia de la UE donde dice que nadie puede verse obligado a ser parte de una sociedad que emplee a estibadores portuarios.


El caso está claro que implica navegar por un estrecho donde se confunde lo que es oportuno y conveniente de lo que es legal.


El caso es que muchos empresarios, entre ellos los de los grandes terminales, consideran que deben de subrogarse en los estibadores porque haciendo un análisis de cuál sería la alternativa sería aun más costoso. 

Prefieren un pool.

Esto ocurre con los grandes terminalistas de contenedores pero también los operadores de coches y de aquellos buques en general que no se pueden detener en puerto, que tienen costosos sistemas de escala, que ya van siendo casi todos salvo algunos que se ocupan de tráficos Tramp y que tienen cierto margen en las escalas. Pero justamente estos son aquellos que coinciden con terminales muy automáticas como las del petróleo, combustible y otros líquidos, o las de los graneles, con escasa presencia de mano de obra portuaria en relación con el gran volumen que mueven.


El caso es que se está dando el sinsentido de que a muchas empresas les gusta el sistema actual de un pool de estibadores, pero incluso hay algunas que, gustándoles, lo que no quieren es ser obligadas a participar de por vida, están dispuestas a disputarlo en los tribunales y ya han empezado a hacerlo en la CNMC.


Este es el gran escollo que intenta defender los portuarios a través de su sindicato Coordinadora, y es que estas ETTS no acaben siendo lo volátiles que pueden ser cualquier otras.

Está claro que cumpliendo la normativa de la UE y de su sentencia de diciembre de 2014 habrá un tipo de mínima regulación marítimo portuaria sobre estas ETTS para que sean, por así decirlo, menos volátiles que una ETT cualquiera y normal. Ahí es donde está la grandísima batalla a este problema.

Pero al final se deberá preservar el derecho a cualquiera a irse o traspasar su capital de un CPE, ese es el gran cambio.

Para cuando eso pase los actuales líderes de Coordinadora esperan estar muy bien jubilados con 50 años.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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