jueves, 15 de noviembre de 2018

La multa de la estiba.

Quemada aprieta pero no ahoga. Pero complica y mucho


Puertos y Navieras 15/11/2018


El 14 de noviembre se filtraron las multas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a imponer a los actores en el tema de la subrogación convenial del sector de la estiba. La CNMC se ha enfurecido al ver que una vez más se han filtrado sus resoluciones en su propia casa, y lo achacan, como ya hicieron, a algunas de las partes que la han recibido. La CNMC espera siempre a que todos los afectados acusen recibo de la comunicación previa de las sanciones, y por eso se explica que se tarden varios días entre que se conoce por el sector y que ésta lo publica oficialmente. Por eso se facilitan las filtraciones, que se produjeron en múltiples medios. Curiosamente salió en el diario málaga.hoy primero eliminando el rastro habitual del elestrechodigital.com habitual portavoz de Coordinadora que lo publicó por esta vez después.

La CNMC no ha confirmado ni desmentido la cuantía de las multas, a parte de patalear por lo que creen que es una filtración que han prometido denunciar a la fiscalía. Ya antes del verano apuntaron a Joaquín Coello, presidente de Asoport, como posible fuente de la filtración de que la Comisión preparaba multas millonarias. Se podría decir que la CNMC es tan estanca como un queso gruyer. Pero eso es colateral y los detalles.

El caso es que las multas no han sido tan millonarias, y eso que después el 80% de las veces la Audiencia Nacional las quita. De todas maneras para Anesco es un disgusto, pues va a tener que afianzarlas para recurrirlas, y aunque sus socios son grandes multinacionales están muy molestos porque lo consideran un fracaso de sus gestiones y una falta de seguridad jurídica en España, porque ellos no han hecho otra cosa que hacer lo que el Gobierno les dijo, y lo que el mismo presidente del Consejo Económico y Social, el influyente Marcos Peña, les recetó, previa minuta.

Así las cosas, hicieron todas las gestiones que pudieron, incluso con los embajadores chinos y daneses en España, para expresarles la desaprobación por esta inseguridad jurídica. Que coincide con la inseguridad con otras sentencias.

Seguramente estas gestiones han logrado rebajar la multa de Competencia muy por debajo por lo que estimaron los mismos afectados que podía caerles derivada del requerimiento de qué facturación se veía afectada por ese período. Lo que expandió el pánico.

Las multas son pequeñas y curiosamente se ha salvado Coordinadora, el principal sindicato, y le han colocado unas multas a UGT y CC.OO, que están perplejas por lo sucedido.

El tema de la subrogación convenial merece un comentario, porque ya esa subrogación por convenio o sin convenio se ha realizado en más de 4.800 estibadores en los tres puertos más grandes de España: Algeciras, Valencia y Barcelona. Como esas subrogaciones, al crearse los centros portuarios de empleo, CPE, por los mismos terminalistas y empresas licenciatarias de manipulación de mercancías en esos puertos, salvo que ahora aleguen violencia y extorsión a la hora de verse obligados a firmar, esas subrogaciones se entienden ya voluntarias y ya realizadas.

Otra cosa es aquellos que no han firmado, pueden alegar esta resolución en los litigios que emprendan contra ella.

En la medida que en los estatutos o en las comunicaciones a la hora de adherirse a los centros portuarios de empleo, CPE, no se haya hecho referencia a que se hacían por la subrogación convenial obligada por la disposición adicional del VI Acuerdo Marco, las que ya están hechas se deben de entender voluntarias y no hay marcha atrás.

La importancia de la resolución, sin embargo, está en que precluye la adhesión a los nuevos CPE, centros portuarios de empleo, que numéricamente son muchos puertos los que faltan por crearse, pero solamente un 30% de los portuarios.

El problema, como se dice, es 'a futuro', porque pone en tela de juicio cómo se han creado esos centros portuarios de empleo y seguramente ayudará en los casos en los que se quieran salir de esos centros portuarios de empleo y sus accionistas en el futuro.

Además la resolución cuyo texto se espera con impaciencia inevitablemente y a no ser que se revoque completamente, si se reducen las multas solo seguirá vigente, abre la posibilidad a que terceros puedan interponer demanda apoyándose en ella.

Además la resolución es más una señal de atención sobre cualquier intento del Gobierno por aprobar un Real Decreto de reglamento que desarrolle la ley 8/2017, en la que como prevé el proyecto se reserven los centros portuarios de empleo a aquellas empresas licenciatarias de una autorización de servicios de manipulación de mercancías en los puertos, más las prevenciones alrededor de esta circunstancia sobre la formación y los ingresos que ese Real Decreto, hoy paralizado en el Consejo del Estado, en Puertos del Estado y en el Ministerio de Fomento, pretenda blindar al actual sindicato Coordinadora y a las empresas terminalistas.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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