lunes, 26 de noviembre de 2018

El Gobierno se prepara para saltarse la sentencia de la estiba, del TJUE, y la correspondiente ley 8/2017 de mayo del año pasado.





El Gobierno se prepara para saltarse la sentencia del TJUE de diciembre del año 2014, y la ley 8/2017 de mayo del año pasado. Bajo la presión del poderoso sindicato Coordinadora de los Trabajadores estatales del mar, eufemismo para señalar a los estibadores, el Gobierno está entre la espada y la pared de ceder a la presión sindical y también a la de la patronal de terminalistas Anesco, o incumplir con Bruselas, arriesgarse a la reapertura del expediente sancionador y a las resoluciones y sentencias que pueda producir la CNMC, los Tribunales de lo contencioso y la Audiencia Nacional. Amén de la oposición del Consejo de Estado a la publicación de un decreto que, siguiendo las bases del presentado por el anterior Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en abril y mayo de este año 2018, signifique contradicciones profundas con la señalada normativa europea.



Puertos y Navieras 26/11/2018

El proyecto de Real Decreto publicado en su día, y en una muestra de debilidad terminal del gobierno de Mariano Rajoy, y como siempre dándole una patada hacia adelante al problema, está plagado de inconsistencias con la sentencia de 11/12/2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), recaída en el asunto C576/13 del expediente de la Comisión Europea contra el Reino de España por el incumplimiento del régimen de la estiba de los tratados fundacionales de la misma Unión Europea. 


Este borrador de proyecto de ley, infumable desde el punto de vista legal, y pactado entre el entonces Secretario de Estado Julio Gómez-Pomar y Antolín Goya, empieza con un aclaratorio preámbulo del mismo en donde ya desvela su propósito de saltarse la sentencia del TJUE.


Pero lo que es más grave ya, en su texto dispositivo -porque los preámbulos de ley suelen servir justamente para engañar a los administrados sobre el verdadero propósito de las leyes-, en el Capítulo 1 declara, que el objeto y ámbito de aplicación de este Real Decreto, es el de establecer las condiciones para el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (SAGEPS), es decir, de los estibadores. Eso sí, intentando paliarlo a fuerza de introducir mejoras organizativas y productivas y la concesión directa de ayudas especiales a los estibadores para que se jubilen.


En su Capítulo 2, ahonda en la disparidad de criterio con la sentencia de 11/12/2014 del TJUE, que dice taxativamente en su fallo que las empresas no podrán ser obligadas a pertenecer a ninguna sociedad de estibadoras. Pero este Capítulo 2, en su segundo artículo, ya dice la vía y la convierte en forzosa por la vía del convenio colectivo y del acuerdo marco existente.


Dice, eufemísticamente, que las organizaciones sindicales, es decir Coordinadora, y las asociaciones empresariales, es decir ANESCO, podrán establecer mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo de los trabajadores portuarios que hoy prestan servicios en la SAGEP; esto quiere decir que se puede obligar a todo el mundo y a todo tipo de empresas a adherirse a las SAGEP, o a las sociedades que las sucedan, de forma obligatoria.


En el apartado 2 del artículo 2 prescribe además la fórmula punitiva para que nadie se salga de este corralito, diciendo que las empresas titulares de licencias de servicio portuario y manipulación, tanto si optan por dejar de ser accionistas de la SAGEP como si continúan en ellas, se podrán subrogar como empleadoras de los trabajadores.


Tan subliminal redacción viene a decir que, si uno se marcha, va a tenerse que subrogar como nueva empleadora de todos los empleados, y así lo dice en su apartado 3, reforzando además que, si no se lleva uno a los portuarios, tendrá que entenderse igualmente producida la subrogación porque se acuerde de igual forma cuando un estibador portuario se incorpore a un Centro Portuario de Empleo. Y aquí refuerza la postura y posición de los Centros Portuarios de Empleo.


Edulcora después esta durísima medida contraria a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo aportando un régimen de ayudas y prejubilaciones para los estibadores que tengan alrededor de 50 años, dándoles el 70% del sueldo hasta los 55. 


A todo esto, en el apartado cuarto del artículo 2 de este segundo capítulo, ya se prescribe que las condiciones en que se llevará a efecto la subrogación, en este caso obligatoria, se determinará en el mismo acuerdo estatal o convenio sectorial, es decir, que refrenda y apoya el régimen de subrogación obligatoria mediante convenio colectivo, algo que va justamente en contradicción con lo que dice en el preámbulo que tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo como la ley 8/2017 tratan de evitar, que es la subrogación directa de todos los estibadores.


Si todos estos apartados no son directamente suprimibles por la Comisión Europea, que lo son, el proyecto de Real Decreto cae en otras contradicciones imposibles, como su disposición adicional segunda, en la cual prescribe que los Centros Portuarios de Empleo, después de favorecerlos con la subrogación obligatoria, los somete a que tengan que estar integrados por empresas titulares de licencia y prestación de servicio portuario y no por otro tipo.


Así las cosas, el margen de maniobra del Ministerio de Fomento y del Gobierno solo cabe eliminar algunas de las redundancias flagrantes del proyecto de Real Decreto, pero dejar lo sustantivo, que es apoyar la subrogación convenial mediante este Real Decreto, apoyar también mediante la disposición sobre la formación en su disposición final primera que modifica el certificado de profesionalidad de los estibadores para establecer en 660 horas, elevándola a 1.110 horas, una formación tan exigente que sirve para blindar los censos en los actuales y dar el poder a Coordinadora para que no se habilite a más estibadores que los que ellos controlan.


Por tanto, las promesas del Ministerio de Fomento siguen siendo de imposible cumplimiento, o de cumplimiento contrario a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo del cual solo puede esperar el Gobierno que la respuesta de la UE, se dilate en el tiempo, o que su acción de Gobierno se vea recortada por un adelanto de las elecciones, lo cual les evite, simple y llanamente, la penosidad de enfrentarse a las autoridades europeas. 


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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