lunes, 1 de octubre de 2018

Palao Taboada, Ex presidente de Puertos, habla sobre la historia de los plazos concesionales.


A continuación se transcribe la intervención de Luis Fernando  Palao Taboada, Exdirector General de Puertos y Costas del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Exsecretario de Estado de Transportes del antiguo Ministerio de Fomento en el Parlamento de Andalucía el pasado día 19 de septiembre.

Puertos y Navieras 01/10/2018

"Cuando ocupé mi primer cargo en el Ministerio de Obras Públicas entonces, siendo Director General de Puertos y Costas, se aplicaban unos criterios, en relación con las concesiones demaniales, derivados de la Ley de Costas de 1988, que suponían otorgar concesiones hasta 99 años. La valoración política de esta circunstancia en ese momento no fue positiva, pues 99 años es una cifra que tiene como consecuencia la sucesión de 4 generaciones de los titulares de la concesión, llegándose a perder la memoria histórica y creándose toda clase de problemas derivados de dichos plazos tan dilatadosYo tuve el honor de colaborar en los borradores de la que luego sería la Ley de Costas 22/1988.


En ésta última, el principal criterio político fue reducir dichos plazos, pues la ocupación del dominio publico permite obtener ventajas de localización de las inversiones y reducir el coste de la inversión inicial en el valor del suelo, con condiciones de uso exclusivo. Superaban los plazos de amortización habituales en la planificación de cualquier negocio mercantil privado; de hecho, y a titulo de ejemplo, en la tramitación posterior de los debidos expedientes se echaron en falta numerosos documentos que faltaban en los expedientes transcurridos un cierto número de años. Plazos concesionales más cortos favorecen indudablemente la competencia y la actividad de los servicios de acuerdo con las recomendaciones de la UE y la Comisión Nacional de Competencias. Argumentando a la contra, se ha señalado en algunas de las normas aprobadas posteriormente que la ampliación de los plazos aumenta la competencia. 


La disposición transitoria de la nueva Ley de Costas se incluía un hecho fundamental: “los espacios de la zona marítimo-terrestre que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor a esta ley pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio publico-marítimo terrestre a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada fecha; la concesión se otorgara por 30 años prorrogables por otros 30, respetando los usos y aprovechamientos existentes sin la obligación de abonar canon, y se inscribirán en el registro”.


Es decir, esta disposición transitoria sustituye un derecho reconocido de propiedad, expropiándola, abonando como justo precio una concesión durante 30 años sin canon. La ley decía que, en todo caso, que “el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser superior a 30 años”.


“Las concesiones vigentes entonces por plazos superiores a 30 años se entenderán otorgadas por el plazo máximo de 30 años a contar desde la entrada en vigor de la Ley de Costas”, la cual comenzó en el año 1988, cumpliéndose dicho plazo el pasado 28 de julio de 2018. Esto ha despertado una serie de nerviosismos.


La ley 27/1992 del 24 de noviembre de Puertos del Estado remite el régimen de ocupación del dominio publico portuario a la legislación de costas, es decir, es una ley que regula los puertos de interés general, pero remite el régimen concesional al contenido de la propia ley de costas. “La ley de Puertos del Estado no es de aplicación al dominio publico adscrito en ese momento, que se rige por la legislación de costas.”


Sin embargo, la ley 62/1997 del 26 de diciembre de modificación de la ley 24/1992, aprobada a propuesta de un gobierno del Partido Popular, establece expresamente el mismo plazo máximo de 30 años para las concesiones en puertos de interés general, desvinculando la determinación de dicho plazo de la legislación de costas. En ella se establece, asimismo, una posibilidad de prórroga de hasta 30 años precisamente para las concesiones más relevantes, que son las que tienen los plazos de caducidad de mayor duración. Esta ley, 62/1997, no es tampoco de aplicación al dominio público adscrito, que se sigue rigiendo por la legislación de costas.


A partir de ese momento se inicia un proceso legislativo donde se van intentando ampliar paulatinamente los plazos de las concesiones que sucesivos gobiernos, en este caso del PP, apoyan. Como veremos, por un lado de modifica la legislación de costas, que regula el dominio publico marítimo-terrestre, y, en un momento determinado, la referencia que se utiliza deja de ser la legislación de costas y pasa a ser la legislación de puertos, momento en el que es modificada también la legislación de puertos con el objeto de ir ampliando paulatinamente los plazos de las concesiones.


La ley 48/2003 del 26 de noviembre de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general amplía de 30 a 35 años los plazos concesionales, modificando también la cuantía de las prorrogas que se pueden otorgar y que, sumadas al plazo inicial, no pueden pasar de dichos 35 años. El texto refundido de la ley de Puertos del Estado y de la marina mercante remite la regulación de las concesiones a esa legislación de puertos, en sustitución de la legislación de costas que venía rigiendo hasta el momento.


La ley 2/2013 de modificación de la Ley de Costas, de uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988, introduce una ampliación sensible del plazo concesional. Se trata de una ley profundamente privatizadora que da una respuesta positiva a las demandas de los intereses privados "más soeces" e introduce modificaciones radicales en los plazos máximos de las concesiones, pasando de 30-35 a 75 años, cada vez más cerca de los 99 años de los que partimos en la legislación de 1928.


Utilizando como referentes sus propios anteriores hallazgos legislativos, y que protegen bienes esencialmente diferentes desde el punto de vista de su utilidad publica como son las aguas no marinas; todo esto, como siempre, con el argumento falaz de una supuesta protección jurídica de los bienes de dominio público litoral que se pretende conseguir beneficiando los intereses particulares en el uso privativo del litoral"

CV

Luis Fernando Palao Taboada y fue, inicialmente, Director General de Puertos y Costas, y, sucesivamente, Director General de Puertos, Presidente de Puertos del Estado -cuando se creó en el año 1992-, Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Secretario General de Transporte, y, por último, Secretario de Estado de Transportes en el Ministerio de Fomento, y posteriormente incluso, presidente de INECO.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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