lunes, 1 de octubre de 2018

Expira el ultimatum de los estibadores a los empresarios. Sin acuerdo sobre los Centros Portuarios de Empleo y sin Reglamento.


La guerra de los estatutos  de los CPE.
Incertidumbre ante las gestiones del Ministerio.
¿Se puede ser de un CPE sin firmar los estatutos?
¿Cual es el plan B en a firma de los CPE?

Puertos y Navieras 01/10/2018

Ha expirado el plazo del día 30 de septiembre para la firma de los Centros Portuarios de Empleo en los puertos principales de Barcelona, Bilbao, Tenerife o Algeciras, y aunque hay promesas de hacerlo por parte de los empresarios esto no se ha comunicado a la espera de las últimas gestiones de Coordinadora y Anesco en Madrid con el Ministerio donde al parecer se mantendrá una reunión secreta entre Pedro Saura el secretario de Estado del Ministerio de Fomento y Antolín Goya.

En los puertos de Barcelona y Algeciras hay calma en base a que Coordinadora dice tener el Plan B de firmar unos estatutos de los CPE, "light", como en el de Valencia que no comprometen tanto a las empresas, pero claro está no es la solución querida por Antolín Goya que además quiere forzar la redacción de un Reglamento favorable a Coordinadora.

Por otro lado se preguntan algunos empresarios si de momento pueden utilizar los CPE que creen los grandes terminalistas, utilizando al 100% como en las Sageps a los estibadores de los mismo pero sin firmar los Estatutos a lo que se ha contestado con un rotundo no por parte de Coordinadora.

Creado el de Valencia, que ya está en funcionamiento, falta la creación de los de Algeciras, Barcelona, y el resto de puertos, pero sobre todo en estos grandes puertos por su significación.

Resulta que la amenaza de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, que ya más o menos ha adelantado que multará a Anesco, a los sindicatos y a las empresas concernidas por haber acordado la subrogación obligatoria de los estibadores, está crispando los ánimos de las empresas.

Las empresas, alarmadas ante la multa cierta, que ya les va a poner Competencia, por haber firmado la subrogación mediante convenio colectivo, y ante la paradoja de haberlo hecho con la aquiescencia de la Dirección General de Trabajo, de la Administración, temen que si ahora, en la subrogación real que no teórica, mediante convenio, al formar los CPE, centros portuarios de empleo se les vuelve a multar, van a ir de multa en multa.

Hasta ahora, en Barcelona y en otros lugares, los diálogos entre abogados han logrado mantener un mínimo de negociación con Coordinadora. Pero esta en su "sanedrín secreto" de 11, 12 y 13 en Tenerife, tomó la decisión de lanzar un ultimátum que se acabó el día 30 de septiembre: aquellas empresas que no se adhieran y firmen los nuevos centros portuarios de empleo, CPE, con todos sus estatutos se arriesgan, siempre presuntamente, a tener problemillas, y ya se sabe que en este tipo de trabajo el problema es que no carguen ni descarguen tu barco pero sí el de al lado, por casualidad no más.

El nerviosismo cunde porque los empresarios se ven solos ante el peligro y una vez más vuelven a criticar con amargura al gobierno de turno, aunque tampoco se escapa el gobierno anterior, que creen también muy responsable por no haber solucionado el tema.

Los empresarios creen que, una vez más, quedan al pie de los caballos teniendo que resolver ellos una reforma de la estiba que curiosamente tiene las sentencias a su favor del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014 y de los tribunales de competencia españoles, además de una Ley, la 8/2017 que se supone tiene que desarrollarse también en un reglamento.

Es decir, que los gobiernos anteriores y este han hecho "tal pan como unas tortas" donde son al final los empresarios uno a uno los que, a la hora de firmar una subrogación legal mediante convenio al cambiar el Cuarto Acuerdo Marco y ahora adhiriéndose a, CPE, centros portuarios de empleo y aceptando y firmando los estatutos, tengan que enfrentarse a las consecuencias de hacer o no esa reforma de la estiba que los gobiernos y los tribunales dicen haber hecho e impuesto.

La desesperanza cunde en el empresariado, que cree que tendrán que firmar, uno a uno, todos aquellos que pretendían hacer las cosas más o menos bien y asegurarse de que lo que firmasen no les llevase a tener problemas.

Todo gira alrededor de los estatutos de los Centros Portuarios de Empleo y su transformación desde la Sageps, estatutos que si son minuciosos tienen que fijar qué trabajadores se subrogan y, a la hora de salir de las empresas, con qué trabajadores se tienen que quedar, en qué orden de antigüedad, en qué orden de categorías profesionales…en fin, todo aquello que se recogía para las sociedades anónimas de gestión de empleo portuario en la Sageps y que los socios quieren dejar bien claro y dejar bien claro de cara a los portuarios.

Parece ser que cuanto más minuciosos son los estatutos es peor y que el Centro Portuario de Empleo de Valencia tiene una redacción más light, por así decirlo, sin complicarse la vida y que parece que no tendría tantos problemas con las autoridades de Competencia, sin embargo, los empresarios dicen que a cambio de eso quedan expuestos a demandas futuras de los estibadores sin cuantificación y sin límite, quedando virtualmente en idéntica situación a la que tenían con el supuestamente ilegal sistema de las sociedades de estiba obligatorias y que se supone que la Unión Europea había censurado.

En la desesperación algunos empresarios piden que la huelga sea total que solo con convocarla el Gobierno tendría que intervenir.

No es extraño la Sagep de La Luz, en las Palmas, se apresurase a anunciar que ya se transforma en CPE, y que no supone ningún cambio porque los estibadores "seguirán controlando la formación".


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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