viernes, 28 de septiembre de 2018

Maersk se negó a pagar parte del total de TCB, a Pérez-Maura por el caso Guatemala.


El pago total de los más de 800 millones por TCB acabó en una corte de arbitraje.

Puertos y Navieras 28/09/2018

Nuevas revelaciones del caso del comisario Villarejo, hoy en prisión revelan según el Confidencial que Maersk se negó a pagar el total de lo pactado por la compra de TCB en el año 2015 por el escándalo de los sobornos a altos cargos de Guatemala, y que ambas partes acabaron ante un tribunal de arbitraje en Copenhague, Dinamarca.


El Confidencial, informa que "el instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villarejo utilizó su relación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para bloquear la entrega del empresario y contener los daños que la investigación penal de Guatemala podía ocasionar en la cuenta de resultados de su compañía".  

En 2015 apenas dos meses después que el Gobierno de Rajoy aprobase la Ley 8/2015 que ampliaba a 75 años las concesiones portuarias Angel Pérez-Maura anunció la venta de todas sus terminales portuarias y la empresa TCB que las explotaba. Parece ser que Maersk pagó más de 800 millones de euros por la venta.

Pero según El Confidencial al saltar el escándalo de los sobornos a altos funcionarios y cargos políticos guatemaltecos para conseguir una concesión en aquel país llamada TCQ en Puerto Quetzal, la naviera danesa se negó a pagar el total ya en 2016, alegando que había sido engañada. La justicia guatemalteca descubrió que para obtener la concesión se habrían pagado "30 millones de dólares al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti".

Según el diario "Pérez-Maura había vendido TCQ a APM Terminals, una filial del gigante danés del transporte marítimo Maersk, un año antes de que estallara el escándalo. El contrato especificaba que TCQ estaba libre de cargas y no había incurrido en ninguna ilegalidad, pero la Fiscalía demostró que eso no era cierto. Así que, cuando se desató la operación policial, APM Terminals se negó a abonar a Pérez-Maura la totalidad del precio pactado por la sociedad y ambas partes terminaron ante de una corte de arbitraje de Copenhague".

El Confidencial publica una de las factura giradas contra la firma A. Pérez y Cia. S.L, donde el concepto es Defensa legal ante procedimiento judicial en Guatemala según encargo de 28 de abril de 2016, pinche aquí para ver la factura. Según este diario hab´ria pagado más de 7 millones.

La Audiencia Nacional está analizando el papel del exmagistrado en el caso Villarejo por su posible participación en el proceso para obstaculizar la extradición del naviero español Pérez-Maura a Guatemala. Curiosamente este medio descubrió al juez Garzon reunido con personas centroamericanas en la cafetería del Hotel Villamagna el martes 25 de septiembre pasado, a la misma hora que Angel Pérez-Maura asistía a pocos metros a un desayuno informativo de la actual presidenta de Puertos del Estado Maria Ornella Chacón. La presencia de Pérez-Maura sorprendió a todo el mundo tras meses de estar desaparecido.


Tal como cuenta El Confidencial en informaciones anteriores, tras la incautación de los materiales y las escuchas en la Operación Tándem, se ha llegado a la conclusión de que Villarejo y Garzón trabajaron juntos en este proceso. Parece haber indicios de que los pagos millonarios de Pérez-Maura a José Manuel Villarejo podrían haberse repartido para acabar también en el bolsillo del exjuez Garzón.

Y es que Pérez-Maura está acusado por al Justicia guatelmalteca de presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho activo, por el supuesto pago, señala el medio, de mordidas al expresidente Otto Pérez Molina en el marco del posible contrato irregular firmado entre Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal, que adjudicaba la construcción y mantenimiento de una terminal portuaria durante 25 años.

La petición de extradición llegó a la Audiencia Nacional en 2016 y fue finalmente desestimada este mismo año. Ahora se investiga si el excomisario Villarejo planificó frenar la posible extradición del empresario Pérez-Maura y, también, qué papel jugaron los miembros de la Audiencia Nacional en ese momento. 

El caso Pérez-Maura, sin embargo, va más allá y tiene hondas connotaciones nacionales porque un año antes de salir y saltar el caso en Guatemala, en España se aprobó la Ley 8/2015 que, apresuradamente, otorgó unos beneficios concesionales que permitían aumentar hasta 75 años el plazo de las concesiones.

Esta situación fue aprovechada por Ángel Pérez-Maura, miembro del lobby conocido como PIPE (Plataforma de Inversores en Puertos españoles, en principio era de empresarios españoles pero hoy solo quedan pocos con el apellido español) que presionó con fuerza para que esta ley y modificación de las concesiones saliese adelante, para dar un pelotazo de 800 millones con la venta de todas sus terminales en España: Barcelona, Valencia, Gijón, etc..

Dos secretarios de estado estuvieron en Guatemala; uno, Julio Gómez-Pomar, de una forma tremendamente secreta que no trascendió. Incluso el expresidente de Puertos del Estado, en un viaje  justificado por ser turístico, también visitó Guatemala en aquellas fechas.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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