miércoles, 14 de marzo de 2018

El Reglamentín de la Estiba. Y por esto algunos cobran 140.000. Legislar por preámbulos, es no legislar.

El Ministerio de Fomento subió a la red el borrador de Real Decreto de la Estiba para información pública dando 8 días para alegaciones.
 

Puertos y Navieras 14/03/2018


El Reglamento es más de lo mismo y prácticamente igual al que se circuló el año pasado. 

Se ha afinado el preámbulo o exposición de motivos para contentar a Coordinadora, pero salvo las disposiciones derogatorias y la ambigüedad de los CEP, las ETT y la formación que no hace más que acentuarse con el tiempo lo demás es bastante paja. 

No se sabe como Coordinadora está satisfecha salvo que tengan pactado cambios en este trámite. 

La ambigüedad del RD abona la idea de mantener el statu quo de la estiba unos años más hasta que la revolución automática provoque una crisis o el crecimiento del tráfico mundial la salve. 

Mientras se inflan los censos como si no hubiese final.


La exposición de motivos que como se sabe es donde se dice lo que no se puede decir en el articulado es un cúmulo de buenas intenciones, o malas según se mire, y de batallitas del abuelo.


Para empezar dice que busca "el punto de equilibrio en la aplicación práctica de la mencionada sentencia", es decir agua al vino.


Luego una falsedad como un templo: "Para abordar la dimensión laboral del asunto, los propios Tratados de la UE señalan que la vía prioritaria ha de ser la de la negociación y el acuerdo entre los representantes de los agentes implicados", es decir que esto está por encima de la Sentencia, un chanchullo que el abogado del estado debe hacérselo mirar.


Más vaselina de la mala, dice "La negociación colectiva entre las organizaciones empresariales y sindicales se convierte así en auténtica protagonista de este proceso de transformación del sector..."


Luego desperdicia cuatro párrafos en contar las historia del mediador. Y no tiene reparo en contarlo integro: "Trascurridos cuarenta días, el mediador estima que, a pesar de la buena disposición de las partes al entendimiento y el esfuerzo realizado por todos para alcanzar un acuerdo, globalmente éste no es posible y concluye su función el 30 de marzo de 2017 .............."


Para este relato un novelista no cobra 140.000 euros al año.


Luego la larguísima exposición de motivos, mas larga que la parte dispositiva, lo que ya indica el tenor se mete en justificar las ayudas.


En cuanto a la subrogación y la contraprestación de mejorar la productividad, el Reglamento se lava las manos y lo deja en muchos "podrán".  


Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales podrán establecer, mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo de igual ámbito, las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo de los trabajadores portuarios que en la actualidad prestan servicios en las SAGEP.


De pasada y como avance a futuro fija que: Entre las facultades de dirección y organización a que se refiere el apartado anterior, se entiende incluida la de designar al personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias. El ejercicio de esta facultad de designación requerirá la negociación en cada puerto de las medidas de flexibilidad necesarias para garantizar una mejora de la productividad.


En cuanto a las ayuda muy generosas ninguna novedad relevante salvo que es un caramelo que muchos portuarios no quieren, en la fase final de su vida laboral pasar a ganar algo menos del 70% de su sueldo solo será aceptable en casos de EREs que parece prever este Reglamento como la inflación de los censos.


La Disposición adicional segunda, habla de los Centros portuarios de empleo, para seguir en la nebulosa. 


Disposición derogatoria única toca de lleno a la formación donde deroga la Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. Pero salvo pedir más horas prácticas nada nuevo.




Por su importancia se produce íntegro a continuación:


"BORRADOR PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014.


La Sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C- 576/13, produce un claro efecto sobre el régimen de funcionamiento de las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías que operan en el sector, cuya obligación de pertenecer a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) desaparece, al tiempo que tiene un indudable efecto sobre la situación laboral de los trabajadores de la estiba portuaria, en la medida en que su contratación deja de hacerse de forma prioritaria a través de las SAGEP.


La mencionada sentencia ha sido objeto de cumplimiento mediante la aprobación del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).


Sin perjuicio de la obligación del Reino de España de cumplir con dicha Sentencia, se hace preciso conjugar en la aplicación la doble dimensión, empresarial y laboral, de manera que se produzca un tránsito ordenado a un nuevo marco en el que la aplicación de los principios del Derecho de la UE inspiradores de la libertad de competencia se lleve a efecto sin menoscabo de los derechos laborales básicos de los trabajadores y, sobre todo, sin merma del empleo en el sector.


Se trata, por tanto, de buscar el punto de equilibrio en la aplicación práctica de la mencionada sentencia, evitando la situación de conflicto entre las libertades económicas y los derechos sociales, unas y otros amparados y soporte del acervo comunitario, o al menos reduciendo al mínimo sus efectos.


Para abordar la dimensión laboral del asunto, los propios Tratados de la UE señalan que la vía prioritaria ha de ser la de la negociación y el acuerdo entre los representantes de los agentes implicados, las empresas y los trabajadores portuarios. La negociación colectiva entre las organizaciones empresariales y sindicales se convierte así en auténtica protagonista de este proceso de transformación del sector y la normativa estatal debe jugar un papel complementario, aunque no por ello menos relevante, al establecer un sistema de ayudas que permitan el tránsito ordenado hacia un nuevo marco normativo sectorial.


Partiendo de lo anterior, el día 28 de febrero de 2017 se constituyó una mesa de negociación presidida por el mediador designado por el Gobierno y aceptado por las partes, Don Marcos Peña Pinto, y con la presencia y participación, por un lado, de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) en representación de las empresas del sector, y, por otro lado, de las organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, en representación del colectivo laboral afectado. En la misma, las partes convinieron que los principios que debían regir ese proceso eran la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores portuarios, a través de los mecanismos de subrogación que en su caso se acordaran, el compromiso con la competitividad de las empresas, negociando las medidas organizativas que la favorezcan y la

gestión en el futuro del excedente -en caso de que existiera- a través del acuerdo y los procedimientos legales.


Posteriormente, el día 15 de marzo se incorporan representantes del Gobierno a la mencionada mesa y presentan una propuesta de “Acuerdo Tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad en el sector de la estiba”, que si se suscribiese por todas las partes garantizaría la continuidad en el empleo de todos los trabajadores que prestan servicios en la actualidad en las SAGEP, una mejora en la organización y productividad de la actividad de estiba y un sistema de ayudas públicas a los estibadores portuarios de mayor edad que voluntariamente causaren baja en las SAGEP.


Trascurridos cuarenta días, el mediador estima que, a pesar de la buena disposición de las partes al entendimiento y el esfuerzo realizado por todos para alcanzar un acuerdo, globalmente éste no es posible y concluye su función el 30 de marzo de 2017 ofreciendo a las partes una “Propuesta de mediación sobre los efectos laborales de la nueva ordenación laboral del servicio portuario de manipulación de mercancías”, cuya aceptación, como se encarga de recordar, depende de la exclusiva voluntad de las partes.


Aceptada por el Gobierno dicha propuesta de mediación, de acuerdo con el principio de coordinar y articular acciones en diferentes ámbitos y con el contenido de la misma, el Gobierno ha decidido mediante el presente real decreto, establecer las condiciones para el mantenimiento del empleo de los trabajadores que en la actualidad prestan servicios en las SAGEP, introducir mejoras organizativas y de producción en el sector de la estiba y desarrollar un plan de ayudas extraordinarias para aquellos trabajadores de mayor edad de dichas sociedades que voluntariamente soliciten la extinción de su contrato de trabajo.


En primer lugar, y en relación con el mantenimiento del empleo, la Propuesta de mediación de fecha 30 de marzo de 2017, determina que “la pluralidad de empresas que participarían de forma indiferenciada en esta actividad de cesión, no permite establecer normativamente una fórmula de continuidad en el empleo que suponga subrogación directa respecto de cada empresa”. 

Y añade a continuación que: “Esta complejidad hace aconsejable una técnica de regulación que combine la normativa estatal con la normativa convencional, en su manifestación laboral más específica de la negociación colectiva, a efectos de que mediante todas ellas se facilite la continuidad en el empleo de los actuales estibadores”. Dicha mediación considera que su aspecto esencial consiste en mantener el empleo con el instrumento legal que se considere suficiente. 

Aceptada en estos términos la mediación, la presente norma prevé que se garantizará la continuidad en el empleo de los actuales estibadores portuarios. Protección ésta, garantía legal consecuencia de la aceptación de la mediación.


A estos efectos, en primer lugar, la presente norma prevé que las organizaciones empresariales y sindicales, en cumplimiento de la mencionada Propuesta y de los principios que han inspirado todo el proceso, acuerden garantizar la continuidad del cien por cien del empleo de los actuales estibadores portuarios a través de la subrogación y con los derechos y obligaciones que se establezcan en un acuerdo estatal o convenio colectivo sectorial de igual ámbito.


En segundo lugar, de acuerdo con los mismos principios y la Propuesta del mediador, se aboga por que se consigan mejoras en la productividad de los puertos de manera acordada entre organizaciones sindicales y empresariales. 

A tal fin, se detallan los aspectos organizativos y de producción sobre los que debería versar la negociación colectiva y los objetivos concretos que deberían alcanzarse, siempre dentro del máximo respeto a la autonomía de los sujetos negociadores y de la legalidad vigente.


Por último, bajo el principio de la mediación de coordinar y articular acciones en estos tres ámbitos, se prevé la concesión de ayudas a los estibadores portuarios de mayor edad que cumplan con los requisitos establecidos en este real decreto, condicionadas a que voluntariamente rescindan su contrato de trabajo con la SAGEP correspondiente. 

Las ayudas consistirán en la concesión de un subsidio, equivalente al setenta por cien del promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos correspondientes a los seis meses anteriores al de la fecha de la presentación de la solicitud, hasta que el trabajador cumpla la edad ordinaria de jubilación, así como el abono de las cuotas debidas a la Seguridad Social durante dicho periodo, calculadas sobre una base de cotización equivalente al promedio de las bases de cotización del trabajador de los seis meses inmediatamente anteriores al de solicitud de la ayuda.


Al efecto, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a regular con carácter general el régimen jurídico de las subvenciones, dando un tratamiento homogéneo de esta relación jurídica subvencional en las diferentes Administraciones Públicas, delimitando el concepto de subvención y estableciendo los distintos procedimientos para su concesión, así como justificación de las subvenciones, causas de reintegro, régimen sancionador, etc. 

Por otro lado, el interés público de la medida que aquí se instrumenta junto con la propia naturaleza de estos procesos de reestructuración, en los que la celeridad en la tramitación de las ayudas puede ser esencial para que los mismos culminen con éxito, determina que el procedimiento más adecuado sea el de concesión directa, previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.


En base a lo anterior, se considera necesario establecer una norma especial para regular el procedimiento de concesión y el régimen de justificación de las subvenciones que se concedan a los trabajadores de mayor edad de este sector que voluntariamente causen baja en su SAGEP, que debe ser aprobada por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 67.2 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.


El presente real decreto cuenta con dieciocho artículos, distribuidos en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, cuatro disposiciones finales, una disposición derogatoria y cuatro anexos.


El capítulo I establece, en el primer precepto del articulado, el objeto y ámbito de aplicación del real decreto. El capítulo II se ocupa del mantenimiento del empleo y las condiciones de trabajo. El capítulo III recoge las medidas de organización del trabajo y productividad. Finalmente, el capítulo IV regula el régimen de ayudas.


Las dos disposiciones adicionales constituyen desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). Lo anterior sin perjuicio del compromiso del Gobierno de promover la adaptación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, al sector de la estiba portuaria.


La disposición transitoria regula una ampliación del concepto de beneficiario de las ayudas contenidas en el capítulo IV.


La disposición derogatoria única deroga la Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.


La disposición final primera constituye desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 8/2017, mientras que las restantes se refieren, respectivamente, al fundamento constitucional, facultades de desarrollo y entrada en vigor.


En la tramitación de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas, así como las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.


En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, con el informe del Ministro de Hacienda y Función Pública, .... Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de...


DISPONGO


Capítulo I Disposiciones generales


Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.


1. El presente real decreto tiene por objeto establecer las condiciones para el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP), introducir mejoras organizativas y productivas en el sector y establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas especiales a los trabajadores del sector de la estiba portuaria afectados por los cambios estructurales producidos en las relaciones laborales del sector como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Todo ello en desarrollo del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).


2. El régimen de ayudas previsto tiene como finalidad facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad en las mejores condiciones y contribuir así a la necesaria reestructuración del sector de la estiba, facilitando a estos trabajadores una cobertura económica, siempre que cumplan las condiciones y requisitos previstos en este real decreto.


3. Será de aplicación lo dispuesto en este real decreto en relación con las medidas de mantenimiento del empleo, así como el régimen de ayudas, a los estibadores portuarios que prestan servicio a través de las (SAGEP) existentes en los puertos de interés general.


4. Las medidas relativas a organización del trabajo y productividad se implementarán en los términos establecidos en el capítulo III de este real decreto.


Capítulo II Mantenimiento del empleo y condiciones de trabajo


Artículo 2. Mantenimiento del empleo.


1. Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales podrán establecer, mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo de igual ámbito, las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo de los trabajadores portuarios que en la actualidad prestan servicios en las SAGEP.


2. Las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, tanto si optan por dejar de ser accionistas de las SAGEP como si continúan en ellas, se podrán subrogar como empleadoras de los trabajadores de las SAGEP directamente, integrándose éstos en las plantillas de las empresas. En los supuestos en que los trabajadores permanezcan en las SAGEP, la titularidad de la relación laboral no se verá afectada.


3. Las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías que opten por dejar de ser accionistas de las SAGEP, se subrogarán como nuevas empleadoras cuando así se acuerde conforme a lo dispuesto en el apartado 1. Se entenderá igualmente producida la subrogación, porque se acuerde de igual forma, cuando el estibador portuario se incorpore a un Centro Portuario de Empleo creado por empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías que sean accionistas de las SAGEP.


4. Las condiciones en que se llevará a efecto la subrogación se determinarán en el mismo acuerdo estatal o convenio colectivo sectorial de ámbito estatal que la acuerde. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación a los trabajadores subrogados de los derechos y obligaciones que se establecen en el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, o acuerdo que lo sustituya, y en los convenios colectivos de ámbito inferior.


Capítulo III Organización del trabajo y productividad


Artículo 3. Facultades de organización y dirección.


1. Corresponde a la empresa titular de la licencia de servicio portuario de manipulación de mercancías, en su condición de empleadora, el ejercicio de las facultades de dirección, organización y control de la actividad laboral de los trabajadores portuarios, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Idénticas facultades le corresponden a la empresa en el caso de que la contratación de los trabajadores portuarios se haya realizado por medio de Centros Portuarios de Empleo o Empresas de Trabajo Temporal.


2. Entre las facultades de dirección y organización a que se refiere el apartado anterior, se entiende incluida la de designar al personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias. El ejercicio de esta facultad de designación requerirá la negociación en cada puerto de las medidas de flexibilidad necesarias para garantizar una mejora de la productividad. La negociación se llevará a cabo por los sujetos legitimados para la negociación colectiva sectorial a nivel de cada puerto, y durante un plazo de quince días a partir de que las empresas hayan facilitado a la parte sindical la información sobre las órdenes o instrucciones que vayan a alterar el régimen de nombramientos y destinos conforme a los usos y costumbres aplicados hasta la actualidad en dicho puerto.


En el supuesto de que en el plazo indicado no se hubiera alcanzado un acuerdo, se remitirán las discrepancias a la comisión negociadora del convenio colectivo sectorial de ámbito estatal, que resolverá lo que proceda. En caso de persistir el desacuerdo, se recurrirá a los procedimientos de resolución de conflictos establecidos en el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (mediación y arbitraje).


3. En cualquier caso, se incorporarán al acuerdo sectorial estatal las medidas de flexibilidad que se pacten.


Artículo 4. Otras medidas.


1. Las partes podrán negociar medidas complementarias para la mejora de la competitividad de los puertos, incluida la reducción salarial del diez por ciento de las retribuciones de los trabajadores portuarios del servicio de manipulación de mercancías cuyos ingresos mensuales brutos superen en un cinco por ciento el triple del importe del salario mínimo interprofesional vigente.


2. Podrán ser igualmente objeto de negociación en el marco del convenio sectorial estatal las materias comprendidas en los actuales capítulos III, IV y V del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. Todo ello sin perjuicio de que en el futuro las partes acuerden reenviar la negociación de alguna de estas materias o delegar su desarrollo en los ámbitos inferiores de negociación.


Capítulo IV Régimen de ayudas


Artículo 5. Ámbito de aplicación.


Las ayudas reguladas en este capítulo serán de aplicación una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo de mantenimiento del empleo previsto en el artículo 2 de este real decreto.


Artículo 6. Naturaleza y régimen jurídico aplicable.


1. Las ayudas reguladas en este real decreto tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones y se regirán, además de por lo establecido en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo en lo que afecta a los principios de publicidad y concurrencia; por su reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como por las demás normas que resulten de aplicación.


2. Se otorgarán en régimen de concesión directa, conforme a los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 67 de su Reglamento, por concurrir en la concesión de las mismas razones de interés público y dificultades en su convocatoria pública derivadas de la naturaleza de la situación de urgencia y necesidad socio-laboral en la que quedarán los trabajadores una vez causen baja en la empresa.


Artículo 7. Beneficiarios.


Podrán ser beneficiarios de las ayudas los estibadores portuarios que a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto presten servicios a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios existentes en los puertos de interés general y que cumplan los siguientes requisitos:


1. Tener cumplida una edad, a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, que sea inferior en sesenta meses, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. A los efectos de determinar dicha edad ordinaria de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador teniendo en cuenta las cotizaciones correspondientes al periodo de percepción de la ayuda.


2. Tener cubierto el periodo de cotización exigido para causar derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social al alcanzar la edad ordinaria para el acceso a la misma que en cada caso resulte de aplicación, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.


3. Encontrarse prestando servicios como estibador portuario en la correspondiente SAGEP con anterioridad al 11 de diciembre de 2014, y mantenerse en dicha situación hasta el día de concesión de la ayuda.


4. Haber extinguido de forma voluntaria el contrato laboral con la empresa y haber causado la correspondiente baja en la Seguridad Social una vez concedida la ayuda en el plazo previsto en el artículo 12.3 del presente real decreto.


5. No estar incurso en alguna causa de incompatibilidad para pedir la ayuda, ni en alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.


Artículo 8. Cuantía y duración de la ayuda.


1. La ayuda especial que recibirá el trabajador consistirá en un subsidio mensual y en la cotización a la Seguridad Social durante el periodo de percepción del mismo.


2. La cuantía inicial del subsidio mensual que percibirá el beneficiario será el 70 por ciento del resultado de dividir entre siete la suma del salario íntegro percibido en la SAGEP correspondiente, de los últimos seis meses anteriores al de la fecha de la presentación de su solicitud de ayuda.


3. La ayuda incluirá igualmente la cotización del trabajador al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en los términos establecidos en el artículo siguiente.


4. El subsidio podrá percibirse, desde el día siguiente a que el trabajador cause baja en la empresa, hasta un máximo de sesenta meses y, en todo caso, se extinguirá al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.


5. Durante el primer año de percepción, la cuantía del subsidio será la que resulte de aplicar lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. Para el segundo y sucesivos años se incrementará acumulativamente de acuerdo con el promedio del índice de revalorización de las pensiones contributivas de la Seguridad Social establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en que se comience a devengar la ayuda, más los índices de revalorización establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los tres años anteriores.


Artículo 9. Situación del trabajador y cotización a la Seguridad Social.


1. Durante el período de percepción de la ayuda el trabajador beneficiario será considerado en situación asimilada al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. No obstante lo anterior, los beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto estarán excluidos a efectos de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, además de todas las prestaciones derivadas de contingencias profesionales, de las prestaciones derivadas de contingencias comunes que no tengan la naturaleza de pensiones.


2. La ayuda incluirá el importe que, en concepto de cotización, deberá ser ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social por todo el periodo de percepción del subsidio, calculado de acuerdo con las siguientes reglas:


a) La base inicial de cotización se determinará tomando el promedio de las bases de cotización por contingencias comunes de los seis meses anteriores al de la fecha de la presentación de la solicitud de la ayuda.


b) La base de cotización obtenida según el párrafo anterior se revalorizará acumulativamente a partir del segundo año de percepción, en el porcentaje de incremento que se fije para la revalorización de la ayuda, si bien en ningún caso la base de cotización resultante podrá ser superior a la base máxima vigente en cada momento para el grupo de cotización de que se trate.


c) El tipo de cotización será el correspondiente a contingencias comunes establecido para cada año de efectividad de la ayuda, excluido el porcentaje correspondiente a aquellas prestaciones de las que, conforme a lo previsto en el a



"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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