viernes, 23 de marzo de 2018

Coordinadora se suma a Anesco y pide una normativa específica para los CPE


Coordinadora hacía públicas en el día de ayer sus alegaciones al borrador del Proyecto de Real Decreto que debe regular las relaciones laborales en el sector de la estiba. El principal sindicato de la estiba coincide con la patronal Anesco en demandar que los futuros Centros Portuarios de Empleo no tengan las mismas cargas administrativas que el resto de Empresas de Trabajo Temporal.

Veintepies 23/03/2018

En sus alegaciones, de las que esta publicación informó en su edición de ayer, la patronal pone encima de la mesa la especifidad del sector portuario y del tipo de contrataciones que se hacen a la hora de demandar trabajadores portuarios. El borrador presentado por Fomento establece que tanto los fututos CPE como las SAGEP transformadas en ETTs deben regirse por la normativa de empresas de trabajo temporal, esto es, por la Ley 4/1994 y el Real Decreto 4/1995, que desarrolla la ley anterior.  



Coordinadora se suma así al argumentario empresarial, e indica en sus propias alegaciones que debe “adaptarse a las características del sector” las disposiciones contenidas “en los artículos 14 a 17 del Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal”. El sindicato afirma que esta regulación “no tiene en consideración que los estibadores serán empleados por los mismos en el servicio de manipulación de mercancías por los socios que los constituyan como titulares del referido servicio portuario y, además, mediante la cesión temporal a éstos para estas actividades y las complementarias para las que estén autorizados”. De ahí que el sindicato de la estiba considere necesario que “el Proyecto reconozca y declare tales circunstancias como causa específica del contrato de puesta a disposición”.

Coordinadora ha aprovechado la presentación de las alegaciones para volver a demandar a Fomento la ampliación del plazo de negociación y la adaptación del Reglamento para eludir “los efectos negativos”.

Esos efectos negativos son, según el sindicato, la imposibilidad de haber podido negociar medidas que pudieran garantizar el empleo y la restricción en los potenciales beneficiarios de las ayudas contempladas. 

Coordinadora afirma que “el transcurso del primer año agota la obligación de las empresas estibadoras de cubrir, al menos, el 75% de sus necesidades de personal con estibadores y estibadoras procedentes de las SAGEP” y, por tanto, “lesiona la capacidad de negociación de los sindicatos al impedir acordar las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo de los trabajadores portuarios a las que hace referencia el artículo 2.1 del Proyecto”.

Además, el año trascurrido “restringe los potenciales beneficiarios de las ayudas para trabajadores en los puertos que, al 31 de diciembre de 2016, tenían un nivel de ocupación inferior al 85%”. Además de que afecta, en mayor medida, “a los trabajadores que prestan servicios en los puertos con mayor excedente de plantilla”.

Negociación colectiva
En cuanto a las ayudas, Coordinadora especifica que además de los trabajadores en relación laboral especial (esto es, los que forman parte del censo de las SAGEP), deberían incluirse además a aquellos estibadores en relación laboral común (aquellos que forman parte de la plantilla de la empresa estibadora). El sindicato de la estiba pide, además, que se incluyan a los trabajadores de las SAGEP que desarrollan labores no relacionadas con la manipulación de mercancías.

En sus alegaciones, el sindicato de la estiba pide que se respete “el derecho de las partes a determinar el ámbito y contenido que consideren convenientes dentro del respecto a la legalidad vigente sobre legitimación, ámbitos y contenido de los convenios colectivos”.

Para Coordinadora, el borrador del proyecto “se extralimita al ordenar procedimientos distintos de los previstos, con superior rango normativo, en la Ley del Estatuto de los Trabajadores”, ya que “lesiona el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva la pormenorizada regulación del procedimiento para la resolución de conflictos y, desde luego, que las medidas de flexibilidad deban incorporarse al acuerdo sectorial estatal”.

Por contra, Coordinadora se muestra conforme con la modificación normativa para la obtención del certificado profesional, “tanto respecto al incremento del periodo prácticas profesionales no laborales como al régimen de impartición en operativa real”.

CGT pide la creación de un Censo de Estibadores de carácter nacional

El sindicato CGT también hacía públicas ayer sus alegaciones al borrador del nuevo reglamento de la estiba.

La organización demanda la creación de un Registro Público o Censo de estibadores de carácter nacional “conforme a lo establecido en el Convenio 137 de la OIT”. Para apoyar esta petición, el sindicato asegura que “en ningún lugar” la Sentencia del TJUE del 11 de diciembre de 2014 “se dice que la creación de un registro público o censo de estibadores de carácter nacional sea contraria al citado principio de libertad de establecimiento”.

Por lo tanto, CGT considera que el Censo de Trabajadores Portuarios según lo dispuesto en el Convenio 137 OIT es plenamente compatible con la sentencia, ya que “la Comisión no se refiere a la incompatibilidad de su existencia como sí ha aceptado la Comisión en la reforma del Reino de Bélgica”.

Por otro lado, CGT asegura que el texto del articulado “debe ser más claro a la hora de garantizar el 100% del empleo”. Así, en el articulado, debería decir “establecerán”, “las empresas se subrogarán como empleadoras” y “se debería prever que los trabajadores que se subrogan con una empresa que salga del capital social de la SAGEP o empresa que la sustituya, en supuestos de posteriores EREs de estas empresas, dichos trabajadores puedan volver a integrarse en las plantillas de las SAGEP o empresas que las sustituyan”.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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