jueves, 18 de mayo de 2017

Cuando el Gobierno defendía el "monopolio" de la estiba

Tres años antes de que se dictara la sentencia que ha causado el conflicto de la estiba, el Gobierno ya sabía de la irregularidad de la situación
En vez de tomar medidas, España se dedicó a criticar a la Comisión Europea, defendiendo, además, la misma postura que los estibadores ahora
El Mundo 17/05/2017
El Gobierno tiene previsto que mañana el Congreso de los Diputados convalide el Real Decreto sobre la liberalización de la estiba que aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Una reforma motivada y obligada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de no implementarse se traducirá en una multa millonaria. Se trata de uno de los grandes quebraderos de cabeza del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aterrizado en el Ministerio en noviembre de 2016, fecha en la que se encontró con un problema heredado que desde el Ejecutivo califican de "urgente" reparación. Pese a ello y a que la sentencia se dictó en 2014, el ministro ha insistido por activa y por pasiva en que se lleva trabajando en él desde aquel año y que el Gobierno no lo ha ignorado. 
Lo cierto es que el Gobierno de Mariano Rajoy conoce este "problema urgente" desde hace mucho más tiempo. En concreto desde el 25 de noviembre de 2011, cinco días después de que que el PP ganara las elecciones generales. En plena efervescencia popular por los resultados de los comicios, ese día la Comisión Europea (CE) envió a España un escrito en el que advertía de que la Ley 33/2010, modificada por la Ley 48/2003, sobre el régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general incumplía el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esto es, impide el libre establecimiento de empresas de otros estados miembros en el sector. Por lo que España es consciente de la grave irregularidad que rige la estiba desde hace 6 años.
Las autoridades españolas respondieron a la Comisión a los seis meses con un informe del Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Ana Pastor. En él tiraban balones fuera matizando que dicha ley había sido objeto de refundición por la Ley de Puertos del Estado, que rige el actual modelo, y que hoy el Ejecutivo califica de "monopolístico".
La Comisión volvió a instar a España en octubre de 2012 a que corrigiera las irregularidades que siguen existiendo en dicha Ley y le dio un plazo de dos meses para enmendarlas. El Gobierno rebatió la amonestación y la CE, disconforme con el nuevo informe del Ministerio de Fomento, decidió demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

Objetivo: "Proteger a los trabajadores"

"Con esta reforma, [la estiba] ya no es un sector monopolístico", se jactó De la Serna tras la aprobación del Real Decreto el pasado viernes. Una definición que difiere de la prudencia mostrada en otras ocasiones, cuando la reforma de la estiba era una "obligación de Europa", y una consideración del todo extrema a lo que pensaba el Gobierno años ha. O por lo menos, a lo que defendió ante el tribunal europeo.
"El objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio", alegaba entonces España ante la acusación de la Comisión de restringir la libertad de establecimiento. El organismo europeo ponía sobre la mesa que las obligaciones de imponer a las empresas de otros Estados miembros inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios, de participar en ellas en capital y de tener que contratar a los trabajadores de sus listas conllevan unas consecuencia financieras y unas perturbaciones enormes.
Pero según defendió España, tales restricciones cumplían un objetivo, y es que eran necesarias "para garantizar la protección de los trabajadores", un argumento que ahora esgrimen los estibadores para que el Gobierno no lleve a cabo la reforma en ciertos términos. Además, nuestro Ejecutivo recalcó entonces que llevar a cabo lo que pedía la Comisión supondría "cargas financiearas significativas" y criticó su actuación.
Y de todos aquellos lodos llegan estos barros. El tribunal, de acuerdo con que España buscase la protección de sus trabajadores, consideró del todo injustificado el modelo para lograrlo y condenó a España por incumplir el artículo 49 del TFUE. "La restricción va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos", dictaminó la sala. "Existen medidas menos restrictivas [para proteger al trabajador y mantener la calidad]", como que las empresas puedan contratar libremente a los estibadores, los formen y creen una reserva de trabajadores que ellas mismas gestionen. Así concluyó la sentencia que le enseñó el camino a España y provocó el actual conflicto.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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