martes, 4 de abril de 2017

La subrogación en el Derecho de la Unión Europea.


Reguló el traspaso de trabajadores en el año 2001.

Puertos y Navieras 04/04/2017



En Reglamento 2017/352 viene dado por la Directiva 200/23/CE del Consejo de 12 de marzo de 2001 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.

Esta Directiva codifica, en aras de la racionalidad y claridad, todas las modificaciones sustanciales en relación a los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas o centros de actividad que se han hecho de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977.

La Directiva establece que subsisten diferencias en los Estados miembros en lo que se refiere al alcance de la protección de los trabajadores en este ámbito y conviene reducir tales diferencias y hace referencia a la carta de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 9 de diciembre de 1989, la "Carta Social" y determina en base a sus puntos 7, 17 y 18 que 

"La realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea. Esta mejora deberá igualmente desarrollar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la reglamentación laboral, como los procedimientos de despido colectivo o los referentes a as quiebras. La información, la consulta y la participación de los trabajadores deben desarrollarse según mecanismos adecuados y teniendo en cuenta las prácticas vigentes en los diferentes Estados miembros. La información, la consulta y la participación deben llevarse a cabo en el momento oportuno, y en particular cuando se produzcan reestructuraciones o fusiones de empresas que afecten al empleo de los trabajadores».

Por lo tanto, la Directiva se aplicará a los traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario de una cesión contractual o de una fusión. Además, la Directiva codifica lo que se considerará un traspaso de trabajadores a los que aplicar las disposiciones de la Directiva, a saber:

"Una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria".

Y se establece que se aplicará tanto a empresas privadas como públicas que ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de lucro, aunque excluye el traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas. Además, también excluye la aplicación a los bizques marítimos.

Además, la Directiva se aplicará cuando el traspaso o la parte de éstos se encuentren dentro del ámbito de aplicación territorial del Tratado. Como bien podría ser España.

Una vez definido el ámbito de aplicación funcional y territorial del contenido en la misma, a partir de su artículo 3 codifica la obligación del mantenimiento de los derechos de los trabajadores, estableciendo una posible responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario y, además, obligando al cesionario a mantener las condiciones de trabajo pactadas mediante convenio colectivo en los mismo términos que venía aplicando el cedente, como mínimo, durante un año.

No obstante, hace una serie de excepciones, como los derechos de los trabajadores en materia de prestaciones de jubilación, invalidez o supervivencia al amparo de regímenes complementarios profesionales o interprofesionales. 

Establece también, en su artículo 4, que el traspaso no constituirá un motivo de despido, aunque, no por ello impide que los despidos sean por cualquiera de las causas objetivas codificadas.

Sólo hay cuatro salvedades para los Estados miembros de no aplicar las disposiciones legales de la Directiva, es decir, el traspaso durante un proceso de quiebra, insolvencia o situación de crisis económica grave, definida por la legislación nacional y, siempre y cuando, sea declarada por una autoridad pública. Situaciones que, por otro lado, no se producen en los puertos españoles bajo ningún concepto.

Lo que hace el Reglamento no es sino desarrollar la Directiva 2001/23/CE del Consejo en su artículo 9 cuando hace referencia al mantenimiento de los derechos de los trabajadores, indicando en su tercer apartado que el traspaso de los trabajadores se hará en base a las disposiciones recogidas en esta Directiva.

Por lo tanto, no sólo se ha de tener en cuenta la STJUE que obliga a la liberación de la estiba sino que, además, hay que tener en cuenta todo el ramo legislativo europeo, y nacional, para transponer la sentencia que dicta el Tribunal de la Unión Europea.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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