miércoles, 8 de marzo de 2017

En Europa se supone que existe una separación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de La Comisión

En estos días ha venido a España la Comisaria de Transporte, Violeta Bulc, como "la que viene a reñir y a castigar a los  que se portan mal".


08/03/2017

Qué mal deben sentirse los Diputados honorables  de contemplar la injerencia de una institución supranacional amenazando con la multa a los diputados de un Estado soberano como España y pidiendo en su cara que apoyen el DECRETAZO PEPERO para despedir a los estibadores con dinero público y para que  apoyen  desregular el sector más boyante de toda la economía española para entregárselo a los famosos grupos de presión formados por inversionistas extranjeros.

Multa, multa, multa,  ese es el mensaje. Una multa ejecutiva desde diciembre de 2014 y que, fíjate tú, aún no se ha reclamado a España; como si esta multa fuera la única o la primera, amén de la multa por mantener la guardia civil, por ejemplo, y con todos los respetos, que ahora al pago de esta multa aquí le llaman TASA. Es que en España somos la releche para interpretar las cosas

Pero lo peor de todo es:
Qué espanto, que en Europa, el poder ejecutivo pueda decidir la aplicación o no de una resolución judicial, variar su cuantía, los plazos, incluso perdonar la multa o decidir incrementarla.

Si la Comisión puede directamente hacer todo eso, qué sentido tiene que se pronuncie el Tribunal de Justicia si luego la Comisión tiene la capacidad de parar y cambiar, modular o perdonar  la resolución.

Y yo me pregunto que  ¿si la Comisión puede hacer todo esto, por qué no anula directamente la famosa Sentencia   que declara que la ley que regula la organización empresarial de la estiba en España es contraria al  Tratado de la Unión Europea? 

Está claro que judicialmente no se puede pero ¿políticamente?

Lo cierto es que, todo el procedimiento  contra España por la estiba adolece o carece a todas luces de voluntad de defensa del propio Estado español sobre su propia ley que aprobó con beneplácito de la Abogacía del Estado, y este asunto lo vamos a dejar ahí´.

Lo que está  mas que claro es que los estibadores españoles no son ni de segunda ni de tercera categoría como pretende el Ministro Inigo y la Comisaria Violeta. 

Los estibadores españoles son de primera categoría como los alemanes o los finlandeses o belgas donde si hay registro de estibadores, garantías laborales, estabilidad en el empleo, contratos laborales dignos y todo lo que ahora aquí,  nos quieren quitar para convertirlo en ETT´S para que las empresas se inflen todavía más sus enormes bolsillos.


¿Esto no era la Europa de los pueblos y la Europa de las naciones, donde la soberanía recae en el pueblo?

Pues parece que no, esto no parece la Europa en la que los ciudadanos tienen sus representantes y que miran por ellos. Aunque de manera formal así sea por la celebración de los comicios electorales, asistimos día a día a la Europa de unos dirigentes al servicio de los poderosos en detrimento de los trabajadores.

Lo curioso del tema es que todas estas instituciones se sufragan con los impuestos que paga el Pueblo, sobre todo a través del IRPF y el IVA, cosa que, por lo que respecta a las grandes empresas, ese caché de "grande" significa pagar menos, tener bonificaciones, establecer su domicilio fiscal en Holanda, y otras cosas más.



"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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