lunes, 20 de febrero de 2017

LA ESTIBA Y DESESTIBA PORTUARIA, PUNTOS DE ENCUENTRO


Estos días ha cobrado protagonismo el conflicto de la estiba en los puertos españoles, pero para los que nos dedicamos al estudio de la materia esta era una cuestión de sobra conocida. Un problema de esos que se han ido guardando en el fondo de un cajón, un conflicto de esos que nunca se quiere abordar; pero la realidad es que España tiene una situación anómala desde hace años conocida desde las instancias políticas, sindicales y patronales. 

Naucher 20/02/2017
CRISTINA MENÉNDEZ DE LA CRUZ   20/02/2017 

El origen del conflicto a mi juicio debe buscarse, como defiendo en mi Tesis Doctoral “La estiba y desestiba portuaria, un estudio desde el Derecho Administrativo”, en la mala regulación que  se hizo del servicio de estiba y desestiba con el cambio normativo de la Ley de Puertos del año 2003. 
El legislador español de la Ley 48/2003 imbuido por una nueva concepción de los servicios públicos, propicio un gran cambio en los servicios portuarios, optando por una liberalización de los servicios. Al respecto, he escuchado estos días en múltiples ocasiones en los medios de comunicación que el problema es que el ejecutivo pretende liberalizar ahora la estiba, cuestión que no se ajusta a la realidad, el servicio está liberalizado, así lo recoge el actual  TRLPMM (Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre). Los problemas son otros y en las líneas siguientes trataré de hacer una breve exposición.
Pero antes me gustaría aclarar una cuestión que estos días está igualmente ocupando muchas portadas de periódico y tertulias, las discrepancias de tipo exclusivamente laboral no es una cuestión que este motivada por la Sentencia condenatoria del TSJUE del año 2014, esas cuestiones afectan al ámbito de la negociación colectiva, aunque si bien es cierto, y haciendo una interpretación del refrán, no puede producirse aquello: “A puerto revuelto ganancia de empleadores”. 
Los derechos adquiridos por los trabajadores, las condiciones laborales, sus retribuciones, en resumen, todas las cuestiones de tipo laboral deberán ser objeto de la pertinente negociación entre las partes implicadas, siendo legítimas como en cualquier conflicto todas las reivindicaciones. A mi juicio se están mezclando cuestiones de índole estrictamente administrativas, y que son sobre las que ha incidido la Unión Europea, con cuestiones de tipo laboral, un error en mi opinión porque no se está abordando el tema desde de la óptica adecuada.
Seguidamente, se exponen las ideas más relevantes sobre el servicio de estiba y desestiba portuaria en España y las posibles soluciones, que hubieran debido adoptarse hace bastante tiempo y que hubieran evitado llegar al punto en el que hoy se encuentra el servicio.
Primera.-  La estiba y desestiba portuaria como un fenómeno de relevancia económica. 
El carácter de servicio público se justifica por las notas de esencialidad, continuidad y calidad que requieren estas labores portuarias. El papel adoptado por los Estados ha ido variando desde un intervencionismo que llevó a la prestación directa del servicio, hasta mecanismos que pasan por la mera regulación en un contexto en el que la iniciativa privada es la encargada de la encomienda. Para asegurar la correcta prestación del servicio se ha hecho necesaria históricamente la implicación de los poderes públicos. Se pueden resumir en tres los motivos que han propiciado la intervención pública en las actividades portuarias de estiba y desestiba:
a) El control sobre la profesionalidad de los trabajadores que realizan las actividades de estiba y desestiba, garantizando que siempre hubiera personal disponible para que los buques pudieran operar en puerto.
b) La garantía del correcto funcionamiento del puerto asegurando el abastecimiento de mercancías y el tránsito de las operaciones mercantiles que conforman las exportaciones e importaciones de un país.
c)  El control sobre un espacio limitado como es el dominio portuario en el que se desarrolla el servicio de estiba y desestiba, delimitando los prestadores que pueden operar en un puerto.
Segunda.- Incorrecta incorporación de obligaciones de servicio público en un contexto de liberalización. 
Como se ha mencionado no será hasta la aprobación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, cuando verdaderamente puede observarse un golpe de timón en el Ordenamiento jurídico español respecto de la gestión portuaria, y en especial, por lo que se refiere a la estiba y desestiba. Se abandona la concepción de servicio público para referirse a las labores de estiba y desestiba como servicios de interés económico general; en concreto la Ley los denomina servicios básicos. Con esta nueva regulación los servicios pasan a estar sujetos a las obligaciones de servicio público, obligaciones que se desarrollan en los pliegos reguladores del servicio, con la finalidad de garantizar su prestación en condiciones de seguridad, continuidad y regularidad, cobertura, calidad y precio razonable, sin olvidar el respeto al medio ambiente. Es evidente que de este modo se produce una sustitución de la tradicional técnica del servicio público por otro mecanismo de intervención más propio de los sectores liberalizados, como es el establecimiento de obligaciones de servicio público y así garantizar el interés general que persiste en la actividad a pesar de su liberalización.
En mi opinión España no ha sabido adaptar las normas de Derecho Comunitario relativas al establecimiento de obligaciones de servicio público, pues tras una aparente intencionalidad de cumplir un mandato público de asegurar la prestación de un servicio público, se ha construido un modelo de estiba que constriñe la incorporación de nuevos operadores, y es precisamente en este punto en el que incide la Sentencia condenatoria. La Sentencia condena una praxis errónea al liberalizar el servicio constriñendo la libertad de establecimiento e impidiendo de este modo la competencia, principio que como es bien sabido preconiza en la Instancias Comunitarias.
Tercera.- La necesaria revisión del modelo de estiba y desestiba portuaria en España. 
La regulación de la actividad exige en mi criterio un cambio en el modelo, en particular atendiendo a lo siguiente:
1. Un replanteamiento del papel que han jugado hasta el momento las autoridades portuarias. La iniciativa privada debe tener presente que, si bien puede participar en la economía mediante la prestación de servicios con trascendencia para la colectividad, no puede olvidar que está sujeta a la supervisión de las autoridades públicas. Por mi parte soy partidaria de dotar de mayor relevancia a los mecanismos de inspección con los que cuentan los poderes públicos, sobre todo desde el ámbito sancionador, potestad que es inherente al poder público y sobre la que puede construirse un dispositivo de control fundamental para la efectividad de los servicios públicos. No se trata de imponer un régimen sancionador con finalidad recaudatoria, sino que induzca al cumplimiento de normas básicas para el buen funcionamiento, en este caso del entorno portuario, en materia laboral, medioambiental, defensa de los consumidores, etc.
2. La actividad de estiba y desestiba portuaria no puede ser una actividad totalmente liberalizada, debe establecerse un modelo que pase necesariamente por la previa autorización de las Autoridades Portuarias. En primer lugar, para regular el uso de un recurso limitado como es el dominio público portuario, y en segundo lugar, para asegurar que las empresas operadoras lo hacen bajo unos determinados estándares de calidad y seguridad.
3. En algunos ámbitos concretos debe potenciarse la autoasistencia. No tiene ninguna justificación que labores de estiba y desestiba portuaria que no requieren de una gran especialización no puedan ejecutarse por personal de los propios buques.
4. El mecanismo más apropiado para la efectiva ejecución del servicio de estiba y desestiba portuaria es la creación de centros portuarios de empleo, puesto que aseguran una gran bolsa de empleo disponible en todo momento para ejecutar la actividad. La creación de estos centros portuarios de empleo nunca debe ser una imposición de las Autoridades Públicas que altere la propia configuración empresarial de las operadoras que licitan y optan a prestar un servicio, esta debe ser una decisión libre a iniciativa de las empresas estibadoras que decidan su constitución. Con la creación de estos centros portuarios de empleo se sustentan los costes laborales de forma conjunta, un modelo muy similar al de las empresas de trabajo temporal.
5. Las condiciones laborales de los estibadores deben estar garantizadas a pesar de la estacionalidad del trabajo. Para lograr este loable objetivo no es necesario optar por medidas restrictivas, como ha ocurrido hasta ahora, de la propia libertad empresarial de los operadores del servicio. Igualmente, debe potenciarse la movilidad geográfica de trabajadores; empresas estibadoras extranjeras que opten a operar en puertos españoles no tendrían por qué encontrarse con problemas para contratar trabajadores de otros países, siempre que estos cumplan con los requisitos de cualificación requeridos. El control sobre la profesionalidad de los trabajadores (nacionales o extranjeros) debe ser una de las encomiendas de las autoridades portuarias.
6. En materia de formación las autoridades portuarias pueden y deben jugar un papel relevante. Aunque el modelo siga sustentándose en la creación de centros de empleo, al estilo de las empresas de trabajo temporal, estos a mi juicio no tienen por qué ser los encargados de la formación y selección de nuevos trabajadores; esta encomienda puede dejarse en manos de las autoridades portuarias, que pueden acometer esta función con total imparcialidad.
Como conclusión final el nuevo rol de los Estados debe ir encaminado hacía la garantía de la prestación de los servicios; ya no son sujetos de acción material que ejecutan directamente los servicios, sino que ahora el Estado pasa a adoptar un papel de coordinador de un proceso mucho más amplio. En el caso de la estiba y desestiba portuaria, si bien las leyes sí han recogido una liberalización del servicio, pasando este a manos privadas, las autoridades portuarias no han sabido adaptarse a su nuevo cometido. La nueva regulación que debe acometerse en España pasa necesariamente por dotar a las Autoridades Portuarias de nuevos poderes orientados a la supervisión del servicio y flexibilizar las exigencias a los operadores, en definitiva, dinamizar el modelo sin que la actividad pierda sus notas características de servicio público.   


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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