domingo, 26 de febrero de 2017

El Gobierno aprueba la liberalización de la estiba y pone en pie de guerra al sector

  • Fomento sigue sin apoyos parlamentarios para sacar adelante la reforma y advierte de que la justicia europea podría tumbar las modificaciones


    Las Provincias 26/02/2017

    El Gobierno aprobó ayer el polémico decreto ley que pretende liberalizar el sector de la estiba, en respuesta a la sentencia de 2014 de la Unión Europea que declaraba ilegal el sistema de contratación de este servicio en España. 
    El paso en firme del Gobierno ha puesto en pie de guerra a los estibadores, que no tardaron en expresar su descontento en concentraciones y asambleas en los puertos. «Ni un paso atrás», clamaban a una voz los trabajadores del Puerto de Valencia en una reunión tras conocer la aprobación de la normativa.
    Sin embargo, el documento llega al Parlamento sin tener todavía el suficiente respaldo político. Sólo el PP lo apoyará seguro mientras que desde Podemos han expresado ya su rechazo «más rotundo». PSOE y Ciudadanos, por su parte, abogan por agotar el diálogo pero no han mostrado una negativa tajante al texto.
    En esta tesitura, el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, argumentó tras la reunión del Consejo de Ministros que ya habían apurado los plazos para cumplir con el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, que amenaza a España con una multa de 21 millones, más otros 134.107 euros diarios desde el recurso de la Comisión Europea en julio. 
    Por contra, los sindicatos acusaron al Gobierno de provocar una crisis innecesaria al aprobar, «a las bravas y sin consenso», el decreto. Los trabajadores ven «gravemente comprometidas» las negociaciones y mantienen convocadas nueve jornadas de huelga, los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de marzo, en horas no consecutivas. En esta tesitura, el Gobierno trabaja ya con el probable escenario de paros, asegurando el suministro de productos básicos mediante los servicios «mínimos», que serán del 100% en operaciones que afecten a mercancías perecederas y pasajeros, entre otras.
    De la Serna, que el próximo lunes clausurará en Valencia la asamblea de AVE, aseguró haber « ido hasta el límite máximo que nos permite la Comisión Europea para favorecer a los empleados». El Ejecutivo prevé que el Estado sufrague los costes de la subrogación entre concesionarias e incluso los despidos a causa de la reforma, a razón de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. De hecho, ya hay una estimación de hasta 300 millones para cubrirlas, aunque existen dudas sobre si desde Bruselas podrían llegar a vetarlas luego por estimarlas ayudas públicas prohibidas por afectar al libre mercado. 
    Los sindicatos, sin embargo, entienden que el decreto, que tachan de «norma autoritaria y abusiva», «esconde un expediente de regulación de empleo» para los 6.156 trabajadores registrados. También consideran que «excede con mucho los límites y condiciones» establecidos por la sentencia europea de diciembre de 2014 que, en su opinión, ha sido utilizada «torticeramente» por Fomento para iniciar una «desregulación salvaje» cuyos «máximos beneficiarios» serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal.
    Así lo relata a LAS PROVINCIAS un estibador de Valencia. «La UE ha tumbado que sea obligatorio contratar los servicios de empresas que pertenezcan a las sociedades de estiba, pero no contraviene el derecho a contar con un registro de estibadores, que es lo que reivindicamos para no perder nuestro empleo», indica. En ese sentido, reclama instaurar un sistema como el de Bélgica, que «sí cuenta con un registro». 
    Al margen del cruce de declaraciones políticas, la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López envió una serie de preguntas al Parlamento Europeo. Una de ellas, si el decreto podría suponer una violación de derechos laborales y si mantener los registros es compatible o no con la sentencia europea.
    Claves de la reforma
    La reforma elimina la obligación de las adjudicatarias de los servicios de estiba de pertenecer -y pagar cuota- a una de las actuales Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep), de las que existe una en cada puerto. Se pretende acabar con ese monopolio en un plazo de tres años, en los que perderá gradualmente su peso convertirse finalmente en una empresa de trabajo temporal (ETT) y operar sólo como agencia de colocación. 
    A priori, ello puede suponer una reducción de empleo en el sector, además de un cambio en las condiciones laborales, tanto en la duración como en la distribución de las jornadas. Por esa razón, los sindicatos demandaron primero que se creara un registro profesional de estibadores para luego aceptar que, al menos, se les otorgaran atribuciones sobre formación y otros aspectos. También exigen un plazo mayor para la adaptación a la liberalización, que el Gobierno establece en tres años, frente a los hasta 15 años fijados en Francia.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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