miércoles, 2 de noviembre de 2016

Con el nuevo Gobierno Fomento ya puede legislar y reformar la estiba

La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público podría alargar el proceso para implantar un cambio normativo. 
estiba de contenedores
Han pasado 23 meses desde que el TJUE fallara en contra de la estiba española.
Tras la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno que mantiene al frente de la Administración al Ejecutivo del Partido Popular de la anterior legislatura, uno de los principales desafíos a los que debe hacer frente el Ministerio de Fomento es la reforma de la estiba si quiere evitar una multa millonaria.
El próximo 11 de diciembre se cumplirán dos años de la sentencia del TJUE que condenó el sistema de estiba español, una cuestión que ha marcado el quehacer portuario español desde entonces.
Los primeros meses que sucedieron a la sentencia estuvieron marcados por el debate entre Administración, estibadores, puertos y, en definitiva, todos los agentes que participan de un modo u otro en el sector del transporte marítimo español.
A este periodo le siguió un año de incertidumbre política, en el que el carácter de interinidad del Gobierno impedía a este legislar y, por tanto, acometer la necesaria reforma de la estiba, según indicaron desde el mismo en numerosas ocasiones.
No obstante, en junio, la Administración ya había remitido a la Comisión su propuesta para la reforma de la estiba, según señaló la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, quien indicó que era necesario “un Gobierno estable” para dar cumplimiento a la sentencia europea.
En la misma línea se pronunciaba a principios de octubre el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en el marco de la Feria Fruit Attraction. Por tanto, ahora, con el nuevo Gobierno, a falta de conocer la composición del Ejecutivo y de los principales responsables de los ministarios, conviene recordar las declaraciones de Llorca.
Febrero o marzo ya sería tarde
El presidente de Puertos del Estado no dio plazos exactos, pero si señaló que “se preocuparía en el caso de que hubiera terceras elecciones”, ya que la reforma “se aplazaría hasta febrero o marzo” incluso si se mantenía el mismo Ejecutivo, rozando de este modo el plazo máximo para evitar la posible multa.
Por otro lado, apuntó un añadido que podría alargar el procesola Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta Ley establece un “proceso más trabajado” para cualquier tramitación normativa, que debe ser sometida a consulta, a periodos de información pública, etc., según explicó Llorca.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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