miércoles, 14 de septiembre de 2016

RECURSO DE LA COMISIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA ESTIBA

El tema de la estiba en España es como una suerte de muñecas rusas, el asunto cada vez se complica y se hace más y más grande. 


Naucher 14/09/2016 
Las últimas informaciones apuntaban a que la multa por el incumplimiento de la Sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 2014 en el asunto C-576/13 (Comisión / Reino de España, relativa al incumplimiento por el Reino de España de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE), sería importante, pero las peores previsiones se han cumplido.
La Comisión en un recurso del pasado julio ha solicitado al Tribunal de Justicia que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. 
La solicitud de la Comisión es que se condene al Reino de España a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia en el asunto C-576/13, desde el día en que se dicte sentencia en el presente asunto hasta el día en que se ejecute plenamente la sentencia en el asunto C-576/13. 
Sumado a esta multa coercitiva, se solicita que igualmente se condene al Reino de España a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado, cuyo importe resultará de multiplicar una cantidad diaria de 27.522 euros por el número de días de persistencia de la infracción transcurridos desde la fecha en que se dictó la sentencia.
La decisión última la adoptará el Tribunal que puede no ajustarse a lo solicitado por la Comisión, no obstante deberá motivar su decisión y previsiblemente el asunto, en cualquier caso, no pinta demasiado bien para las arcas públicas españolas.
La cuantía solicitada por la Comisión es muy elevada, pero se fundamenta atendiendo a los principios generales asentados en la praxis comunitaria y que están claramente determinados: la gravedad de la infracción, la duración de la misma, y la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de la sanción para evitar la reincidencia.
En concreto, la intencionalidad de este tipo de procedimientos persigue desde el punto de vista de la eficacia de la sanción garantizar su carácter disuasorio. Unas sanciones meramente simbólicas privarían a este instrumento de toda utilidad. 
Es decir, la pretensión no es que se pague la multa y se siga actuando, sino que de verdad se produzca un cambio normativo en cumplimiento de la Sentencia y el modelo, en este caso de la estiba portuaria en España, se modifique.
Sin entrar en los pormenores del cálculo, ya expuestos en artículos anteriores, el tanto alzado de base uniforme para el cálculo de la multa coercitiva se fija en 660 euros diarios y el tanto alzado de base uniforme para el pago de la suma a tanto alzado se fija en 220 euros diarios, a los que se ha aplicado un coeficiente de gravedad y de duración, así como un factor propio para cada Estado en función de sus posibilidades económicas. 
A finales de este año se cumplirán dos años desde que la Sentencia se dictó y desde entonces los movimientos para adaptar la normativa no han sido demasiado fructíferos.
Por lo tanto, las cuantías propuestas en el recurso son acordes a la normativa comunitaria, evidentemente, como ya se ha expuesto, la decisión última será del Tribunal, pero todo ello nos debería llevar a la reflexión sobre la urgencia de una solución consensuada. La siguiente muñeca rusa puede ser la imposición de la multa. Y con esas cartas sobre la mesa, la negociación se hace mucho más compleja.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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