miércoles, 28 de septiembre de 2016

Otros puntos de vista sobre la relación entre Puertos del Estado, Anesco, Coordinadora y la Comisión Europea

Puertos del Estado replica y Coordinadora afirma la excusa perfecta. Malos tiempos para los estibadores.

Logística y Transporte 27/09/2016
Por Enrique Arraiz-Curbelo. 



Coincidiendo con la visita de José Llorca al SEATRADE CRUISE MED en Tenerife, interpelé a Llorca sobre la respuesta de la Comisaria de Transporte Violeta Bulc referente a la posibilidad de aplicar la sentencia del TJUE sin una previa reforma de la legislación vigente.


De entrada, Llorca respondió que Puertos del Estado está, literalmente, excluido de las negociaciones que han sido tomadas por el secretario de Estado Julio Gómez-Pomar, ahora bien mi pregunta es, ¿se trata de una medida política o es fruto de la presión sindical de Coordinadora?.

Respondía Llorca que las afirmaciones sobre la “Doctrina Bulc” son erróneas cuya interpretación se limitan a una cuestión meramente económica, es decir, reclamar patrimonialmente al Estado ante posibles conculcación de Derechos fundamentales, por parte de las empresas o particulares afectados.

En realidad no es relevante la interpretación que se le pueda dar a la “Doctrina Bulc” sino sus consecuencias, aún por estimar. 

El concepto de incumplimiento no se encuentra definido en los Tratados de la Unión Europea, por lo que se hace preciso acudir a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ya ha condenado al Estado español por esta causa, el incumplimiento de “las obligaciones que le incumben en virtud del TFUE, art. 49” en relación a la estiba.

Éste apartado se caracteriza por su marcado carácter objetivo, es decir, que se haya causado perjuicio en el funcionamiento del mercado interno, limitando o anulando, en el caso de España, el Derecho de libre prestación de servicios o de establecimiento en los puertos.

En respuesta a Antolín Goya y la falta de defensa del actual POOL de la estiba por parte de Puertos del Estado ante la Comisión Europea; el Tribunal de Justicia ha afirmado que los Estados miembros no pueden alegar causa alguna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones comunitarias, disposiciones o prácticas de su ordenamiento interno como ocurre con las Sagep, y la obligación de contratar a sus estibadores.

Tampoco pueden alegar circunstancias políticas imprevisibles como en la actualidad con un gobierno en funciones tras casi un año. 

En contra de lo que pueda interpretar Antolín Goya o Llorca, los Estados miembros están obligados a aplicar el Derecho de la Unión Europea –que goza de primacía frente a los ordenamientos internos - según el artículo 4.3 TFUE.

El problema para Coordinadora es que el Estado español, no pueden invocar disposiciones o prácticas internas para justificar el incumplimiento o retrasos de los plazos establecidos por el TJUE para el cumplimiento de la sentencia por la cual ha sido condenado como por ejemplo, la exigencia de Antolín Goya en alcanzar un acuerdo consensuado entre todas las partes.

No se le escapa a la “Comisión” que sentarse a negociar con Coordinadora es todo un reto a sabiendas que no aporta nada nuevo porque realmente nada quiere cambiar y de esta manera llevan mareando la perdiz más de dos años, respetando, eso sí, todos los periodos vacacionales.

Tampoco Anesco sabe a ciencia cierta qué negociar y cómo, aunque  realmente nadie ha descubierto cómo entablar diálogo con una pared, frente a Coordinadora.

Como bien establece la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es obligatoria la publicación oficial de la norma interna a modificar (el RDL 2/2011 en éste caso) cuando se produzca un incumplimiento del TFUE, es un requisito ineludible por parte de los Estados miembros para garantizar una adecuada tutela del principio de seguridad jurídica. 

El problema para Coordinadora y para Fomento, no es alcanzar un acuerdo, la sentencia del TJUE exige resultados muy precisos y concretos establecidos en los puntos 47-58 de la “sentencia”.

Lo que en apariencia debería negociar Fomento y los sindicatos, es cómo liquidar y reubicar a los estibadores tras un proceso de acreditación profesional, no cómo transferir o garantizar derechos adquiridos.

La resolución del TJUE después de un determinado plazo (dos meses), se entiende que no solo están obligados únicamente a la modificación de la norma interna, contraria al Tratado de la Unión; sino también a la obtención de resultados (STJ de 10 de abril de 2003, Comisión/Alemania, asuntos acumulados C-20/01 y C-28/01; STJ de 18 de junio de 2002, Comisión/Francia, asunto C-60/01);  que como es obvio, después de dos años, siguen sin ver la luz.

Los Estados miembros están obligados a eliminar aquellas situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el derecho interno incompatibles con el europeo. Como bien dice Llorca, la legislación española sigue vigente pero no prevalece sobre el Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia ha declarado que el simple mantenimiento por un Estado miembro de un texto contrario es, en todos los casos, fuente de ambigüedad y de inseguridad jurídica, constituyendo un incumplimiento de la obligación general de colaboración.

Es justo lo que le sucede a las empresas del sector de la estiba. No importa si existen buenos profesionales en las sagep si el empleador no puede seleccionarlos por él mismo, siendo impuestos, incluso cuando no son necesarios, lo que supone un obstáculo para las estrategias y planificación empresarial del empleador.

En estos supuestos de incompatibilidad con el Derecho de la Unión, el juez nacional inaplicará la norma interna que resulta contraria, lo cual no exime a los poderes públicos de suprimirla “mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban modificarse” (STJ 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia).

El recurso por incumplimiento se interpuso en septiembre de 2012 con un  pronunciamiento acerca de la incompatibilidad de la legislación vigente (RDL 2/2011 – TRLPEMM) ante el Tribunal de Justicia de la UE, con una declaración judicial de incumplimiento.

 El verano pasado, se  formuló un recurso por falta de ejecución ante el Tribunal de Justicia que, en el supuesto de estimarse, dará lugar a una declaración judicial de inejecución de la sentencia y, en su caso, a la imposición de una multa coercitiva aún por estimar.

Por supuesto que el Estado español puede invocar contra el recurso por incumplimiento la imposibilidad absoluta de la ejecución de la sentencia del TJUE (Sentencia de 13 de noviembre de 2008, Comisión/Francia, asunto C-214/07). Esta condición no se cumple cuando el Estado miembro se limita a alegar dificultades de orden interno para la ejecución o aplicación de las obligaciones y plazos establecidos en normas de naturaleza política, como la disolución anticipada de las cámaras (Sentencia de 12 de febrero de 1998, Comisión/Francia, asunto C-144/97).

Según mis fuentes en Bruselas, esta no sería una causa justificable pues las Cortes españolas se disolvieron casi un año después de la sentencia.  Coordinadora no podrá invocar otras cuestiones como las de tipo técnico, religioso, jurídico, económico, social o de coordinación como establece la Jurisprudencia del TJ.

Por esa causa, es pura falacia que Coordinadora tenga suscrito un acuerdo para la reforma con Anesco o con el Ministerio de Fomento cuando la norma explícita del TFUE exige su publicación (la reforma acordada) en un diario oficial (STJ de 2 de diciembre de 1986, Comisión/Bélgica, asunto 239/85; de 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia, asunto 168/85; y de 12 de enero de 2006, Comisión/España, asunto C-132/04). El Estado español no queda exento de responsabilidad por infracción cuya multa está por cuantificar a día de hoy. 

Mediante el artículo 260 TFUE, se calcula las cuantías cuando un estado recibe una multa coercitiva como la que percibiremos en breve pero además, se tomarán otras medidas como la congelación de fondos de desarrollo europeos destinados a España.

Hay que mencionar que éste tipo de sanciones imponen a los Estados infractores concretas obligaciones de resultados, es decir, que las empresas portuarias puedan operar al margen de una sagep y contratar al personal necesario en función de sus necesidades reales y operacionales.

Ésta información, se puede hallar en las recomendaciones del Consejo de Estado, órgano consultor que ya en 2010 emitió un informe sobre la obligación de desarrollar mecanismos en el ordenamiento español, tanto a nivel constitucional como ordinario, para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea y, en su caso, determinar y repercutir la responsabilidad a las administraciones o entes en caso de incumplimiento. 

Por tanto, la última palabra la tienen los tribunales españoles, el incumplimiento del Derecho de la UE cuando estime que una medida –ya sea legislativa, administrativa o reglamentaria– es contraria al derecho de la Unión Europea, los Jueces y Tribunales NO solo tienen la obligación de reparar el posible daño ocasionado por el Estado como señala Llorca, además los Jueces y Tribunales deben inaplicar la legislación o norma interna contraria al estricto cumplimiento del Tratado de la Unión, anulando aquellas disposiciones que son contrarias al TFUE .

Desconozco si la respuesta de Llorca responde a una postura técnica o simplemente se trata de una definición políticamente adecuada a las circunstancias. 

El problema no es la Doctrina Bulc o la multa a la que nos exponemos; la Comisión Europea pero ante todo, la Comisaria de Transporte, tiene a España en su punto de mira y no están dispuestos a ser flexibles. Como ejemplo de ello, es el despilfarro que han detectado los auditores de la UE, en los puertos españoles. 

En mi particular opinión, debemos observar atentamente al grupo A.P. Møller Holding y sus movimientos estratégicos. Leía en The Wall Street Journal las declaraciones de Mr. Skou, Chief Executive del grupo, sobre su intención de independizar y blindar su división “port operator APM terminal” como una empresa de servicios integrales independiente.

Maersk Line ya resolvió conflictos en el pasado en la Bahía de Algeciras tanto con la autoridad portuaria como con los propios estibadores, mudándose a Tánger MED pero ahora la situación ha cambiado.

 Maersk Line, que ha realizado fuertes inversiones con la adquisición de terminales e infraestructuras a Pérez y Cía., podría plantear graves problemas al Estado español en un futuro si realmente se acoge a la “Doctrina Bulc” reclamando daños y perjuicios por el incumplimiento del artículo 49 del TFUE o simple y llanamente, aplican la sentencia del TJUE, ¿se enfrentaría Coordinadora a Maersk Line o a MSC?.

Maersk Line ha puesto en marcha a través de su filial APM terminal, un ambicioso programa para integrar a las terminales e infraestructuras recientemente adquiridas al Grup Maritim TCB, un importante programa de capacitación y adaptación a las nuevas filosofías del grupo Møller.

De lo que estoy convencido, es que Mersk Line jamás compartirá la mesa de negociaciones con Coordinadora pues en la cultura danesa no se conoce la palabra “presiones” sobre su “modus operandi”

Como ya he comentado, el problema no son los estibadores en sí, sino el sistema que los gestiona, Coordinadora es el más fiel defensor de éste “régimen” porque le permite un control absoluto sobre su funcionamiento.

Para valorar la influencia de Coordinadora y su causa/efecto sobre la estiba, me remito a la Ley de Pareto, donde el 20% de los responsables de Coordinadora, ocasionan o son responsables del 80% de los problemas que hoy en día afecta a nuestra estiba. ¿La causa?, un exceso de concentración de intereses.

Mientras Antolín Goya toma decisiones o posturas que benefician a Valencia, Algeciras o Barcelona, perjudica enormemente a los puertos con menor actividad. La falta de perspectiva y su inmovilismo, resta capacidad a los puertos en una sociedad donde todo evoluciona a pasos agigantados, o te subes al tren del cambio o quedas fuera.

Dentro de Coordinadora existe un gran potencial de personas trabajadoras que tienen mucho que aportar a la estiba como también otros sindicatos de menor peso, hoy desplazados a un segundo plano, sin embargo, el miedo a lo desconocido provoca parálisis, sobre todo cuando se habla de evolución y cambios.

Aconsejo a algunos máximos responsables de Coordinadora la lectura de “Sigmund Freud”, sin dudas, ayudará a abrir sus mentes y relajar el puño porque en sus manos, está el futuro de miles de estibadoras y estibadores.  Lo que podría ser una transición pacífica a la finlandesa, promete convertirse en la guerra de los cien años.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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