lunes, 5 de septiembre de 2016

El problema de los plazos concesionales.

Las concesiones deben llevarse al mercado para valorarlas.

Puertos y Navieras 05/09/2016
Por los Fareros.

La polémica sobre los aumentos de plazos concesionales está dejando en evidencia un déficit de praxis del Gobierno anterior en este tema. Algo inconcebible, dada la calidad de los responsables de Puertos del Estado a los que se les suponía más valor tecnico. La evidencia es que la solución para ampliar los plazos concesionales y aumentar la inversión en los puertos, y la competitividad de los mismos, no aprueba el examen científico o técnico.

El sistema concesional español ha funcionado hasta ahora correctamente. Ha tenido un tope de plazos concesionales de alrededor de 35 años con prórrogas excepcionales que se ha adaptado bien al estático mundo marítimo pasado. El hecho es que como el tope eran 35 años, muchas concesiones se otorgaban por menos, es decir, que el límite superior hacía de cota, que al moverlo hacia arriba empuja los plazos concesionales de todas las concesiones por igual.

España ha ampliado los plazos ahora. Ha hecho esto España en un momento en el que la corriente de la historia empieza a ser contraria y va en el sentido inverso a las tendencias legislativas. La preocupación de los legisladores en tiempos de grandes cambios tecnológicos por la concesión de dominios públicos escasos, ha puesto en revisión las teorías hasta ahora prevalentes. 

Después de décadas de ampliación de los puertos y de "alicatamiento" de la costa no se puede esperar a que se pueda seguir haciendo el mismo uso del dominio marítimo costero. Antes el concepto de escaso era más bien jurídico y teórico, ahora es real y político al crecer la oposición a más puertos.

De hecho, la preocupación de las Autoridades de la Unión Europea es la de que el dominio público marítimo portuario, como tal bien escaso, debe de someterse a las reglas de la competencia con la frecuencia que lo permita las condiciones del mercadoLa recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea son claras en tratar de evitar que las concesiones se rigidicen con larguísimos plazos concesionales. De la misma forma que los Gobiernos de Aznar rigidizaron las concesiones de transporte de viajeros por carretera, el pasado gobierno de Ana Pastor ha hecho lo mismo con los puertos, siendo en este caso mucho más grave. Es paradójico que un gobierno que se presenta al electorado con parámetros liberales sustraiga al mercado a las concesiones de la necesaria competencia. 

La realidad es que, ahora con perspectiva, los que conocieron los antecedentes de las Autoridades Portuaria actuales, las Juntas de Obras de los puertos, se dan cuenta que aquellas y hasta ahora las Autoridades Portuarias con sus plazos concesionales han operado de forma bastante correcta. Incluso ahora que el cambio tecnológico que se está dando en el mundo es muy grande, la tendencia habría sido a establecer mecanismos de actuación del mercado sobre las concesiones demeniales, es decir, las que se efectúan sobre el dominio público, de una forma más creciente y frecuente. 

Se ha elegido el camino contrario, sin una justificación técnica que lo ampare. Deja esta legislación a los funcionarios de los puertos en la soledad de no poder actuar durante décadas sobre sus arrendatarios.

Como demuestran las disparidades en ingresos, por ejemplo, dos marinas deportivas en el mismo puerto, pared con pared en Ibiza, pagando una 60 veces menos canon que la otra, el único instrumento útil para el Estado es llevar al mercado las concesiones administrativas.

Cuanto más se haga esto, más oportunidades tiene el Estado de asignar correctamente los recursos y no solo ingresar más dinero y maximizar su beneficio, sino promocionar un crecimiento mejor para sus ciudadanos.

Esto está constatado, pero además es que si se mira un poco más hacia adelante, y se ve la profundidad de los cambios tecnológicos, y si en una década se ha triplicad el tamaño de los buques, qué se puede esperar en otras década para estar dando concesiones administrativas a 50 o 60 años con prórrogas hasta los 75.

El Estado y sus funcionarios son incapaces de prever cánones que progresen con la actividad en los años venideros y tampoco los cambios y variables que pueden introducirse para irlos corrigiendo. Ni suponiendo cánones progresivos, con variables como el IPC o el PIB, puede vislumbrarse el futuro. 

Por tanto, las concesiones tienen que ser más cortas, no más largas pero intentando dar más seguridad jurídica a los concesionarios, que siempre podrán optar al siguiente concurso de renovación. 

La seguridad jurídica para el concesionario, ya opera de forma subyacente en los puertos, ya que es infrecuente que se expulse a un concesionario, establecido, pero incluso se puede reforzar con unos sistemas de valoración de las inversiones realizadas fuera de los pliegos de cara a las renovaciones que hagan mucho más factible que el concesionario dinámico que invierte y se acomoda a los tiempos, pueda optar fácilmente a las renovaciones, medidas más acertadas y productivas que otorgar concesiones a 50 años. 

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