miércoles, 3 de agosto de 2016

Las concesiones en los puertos deben sacarse a competencia pública y no pueden prorrogarse automáticamente.

"Una sentencia europea amenaza con volar el sistema español de concesiones".




REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 02/08/2016



Una sentencia de la UE "amenaza con volar el sistema español de concesiones en los puertos", asi lo afirma el artículo de El Confidencial que asegura que en Puertos del Estado se estudia con preocupación esta sentencia, que obliga a sacar a competencia cualquier prorroga automática de concesiones del dominio público marítimo portuario cuando haya "escasez de recursos o instalaciones" deberán sacarlas a concurso.

La sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de la UE de 14 de julio limita las prórrogas automáticasen el dominio público marítimo portuario.

El procedimiento empezó por la denuncia de un concesionario en una playa de un kiosko en Italia, la Comisión Europea consideró, en un escrito de requerimiento notificado a la República Italiana el 2 de febrero de 2009, que el artículo 37 del Código de la Navegación italiano era contrario al artículo 49 TFUE al establecer un derecho de continuidad en favor del concesionario saliente en el marco del procedimiento de adjudicación de concesiones de dominio público marítimo.

El artículo dice que "La base de todo era saber si a las concesiones en dominio público en la costa se le aplicaba la directiva de servicios, aprobada en 2006. Esta establece que "cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad esté limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, los Estados miembros aplicarán un procedimiento de selección entre los posibles candidatos en el que se den todas las garantías de imparcialidad y de transparencia y, en concreto, se haga la publicidad adecuada del inicio, el y la finalización del procedimiento"

El tribunal de la UE considera que sí se le aplica y que las concesiones para "la explotación de una zona de dominio público con fines turístico-recreativos" son en realidad autorizaciones según la directiva de servicios "con independencia de su calificación en Derecho nacional". En esos casos, "la prórroga automática de las autorizaciones relativas a la explotación económica del dominio público marítimo y lacustre impide organizar un procedimiento de selección".

Considera que la prórroga automática establecida por la normativa nacional es contraria al Derecho de la Unión, en particular al artículo 12 de la Directiva 2006/123 y a las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento.

La prórroga de concesiones "sin transparencia alguna, a una empresa situada en el Estado miembro de la entidad adjudicadora constituye una diferencia de trato en perjuicio de las empresas situadas en otro Estado miembro que puedan estar interesadas en esa concesión".

El Confidencial dice que: "....(las) autoridades portuarias, Puertos del Estado y el Ministerio de Medio Ambiente ya la están estudiando. No solo porque puede afectar al sistema español de concesión de prórrogas, sino porque llega en un momento en que vence la concesión de lucrativos clubes náuticos y empresas náutico-deportivas y hay una guerra soterrada con millones en juego entre los que quieren entrar en ese sector y los que tienen ya las concesiones y quieren que se las prorroguen automáticamente".

Y añade "Francisco Javier Jiménez de Cisneros, catedrático de Derecho Administrativo de la Autónoma de Madrid y abogado experto en estas cuestiones, señala la enorme trascendencia de la sentencia: "Con esta interpretación del tribunal de la UE todas las prórrogas de concesiones de la Ley de Costas aprobada en 2013 se caen y probablemente todas las prórrogas de puertos amparadas en la Ley de 2014".

El Confidencial termina diciendo que: "El Constitucional español también ha fallado en esta dirección. El pasado 23 de junio estimó la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de una disposición de una ley de Baleares de 2004 que permitió renovar la concesión al puerto de Andratx durante 30 años más. Parece que la costumbre de usar las Costas y Puertos públicos con concesiones otorgadas durante décadas de forma opaca toca a su fin".


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