lunes, 6 de junio de 2016

¿Cómo adaptar la regulación de la estiba a las exigencias de Bruselas?

La doctora Menéndez de la Cruz apuesta por abrir la formación y suprimir restricciones a la contratación. La liberalización formal de 2003 dejó un escenario todavía más restrictivo

El Mundo 05/06/2016

En diciembre de 2014 se registró en Luxemburgo un terremoto jurídico del que los puertos españoles todavía no se han recuperado. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó un fallo en contra del modelo nacional de estiba y desestiba, que fuerza al Gobierno central a modificarlo para ajustarse a los parámetros del derecho comunitario. Un año y medio después, el escenario no ha cambiado. Las negociaciones a tres bandas, entre el Ejecutivo, las terminales y los estibadores, se han detenido sine die y las primeras sanciones a España por incumplimiento de sentencia son inminentes.

«Demorar una solución consensuada no hace más que acrecentar el problema», apunta la doctora Cristina Menéndez de la Cruz. Funcionaria de carrera, es autora de la tesis La estiba y desestiba portuaria: un estudio desde el Derecho Administrativo, el único tratado teórico que hasta la fecha aborda el asunto desde una perspectiva jurídica diferente.

Para Menéndez de la Cruz, gran parte del embrollo legal tiene su origen en la supuesta liberalización del sector, acometida en 2003, que se erige en el germen del actual modelo. «Aunque el Estado se retiró formalmente de las sociedades de estiba y desestiba obligó todas las terminalistas a participar en ellas. 

En las práctica, les impuso a qué trabajadores contratar», expone. En contra de la opinión extendida en Bruselas, el modelo español no protege a las terminalistas españolas frente a sus rivales europeas. «Nunca ha habido un monopolio de la estiba. En este sector operan empresas privadas; el monopolio está en la mano de obra», continúa la jurista. El resultado es que los puertos españoles son cada vez menos competitivos frente a otros países de nuestro entorno.

Lejos de corregir este déficit, la reforma legislativa de 2003 agravó el problema. Menéndez de la Cruz recuerda que el proceso ya se acometió sin el consenso de la Unión Europea, que acababa de abortar una armonización normativa a escala continental ante la presión de los trabajadores portuarios. En el ojo del huracán desde entonces, el TJUE sentenció la legislación española el 11 de diciembre de 2014. 

La negociación para adecuar la norma a los parámetros que establece Europa continúa en vía muerta. Según Menéndez de la Cruz, estibadores y terminalistas «están condenadas a entenderse». Pero advierte de que los progresos logrados hasta ahora siguen sin ajustarse a los preceptos comunitarios. 

La jurista plantea su propia propuesta. En primer lugar, aboga por abrir el mercado de la formación (para que cualquiera pueda llegar a ejercer), siempre bajo la tutela del Estado, que ha de garantizar la prestación de este servicio de interés general en condiciones de calidad. 

A partir aquí se abren dos escenarios para los estibadores. Los menos serán contratados por las terminalistas y pasarán a formar parte de su plantilla. Y el resto se integrará en una suerte de Empresa de Trabajo Temporal (ETT), para atender los picos de demanda de mano de obra. «La colaboración de las empresas terminalistas ha de ser voluntaria, pero es lógico pensar que les resultará interesante recurrir a una bolsa de trabajo temporal dado que la carga de trabajo suele ser muy variable».


¿Qué efectos tendría esta reestructuración del marco regulatorio en las condiciones laborales de la estiba? «Este análisis excede del ámbito de mi investigación, pero las partes han de ser generosas para no acabar con la gallina de los huevos de oro. Los trabajadores tienen hoy unas condiciones que han consolidado legítimamente a lo largo de muchos años, pero parecen diferir de las imperantes en Europa», concluye.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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