viernes, 29 de abril de 2016

La segunda denuncia y las nuevas elecciones colocan a la estiba en un callejón sin salida

A la Comisión Europea se le agotó ayer la paciencia y decidió activar la cuenta atrás para la imposición de sanciones económicas a España por no reformar su régimen de estiba y adecuarlo al derecho de la Unión. 

Diario del Puerto 29/04/2016

Tal y como venía insistiendo Diario del Puerto en las últimas semanas y días, el 28 de abril iba a ser clave en el conflicto entre España y Europa y las previsiones se confirmaron punto por punto.

A media mañana la Comisión anunciaba su decisión de volver a denunciar al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2014 por la que este mismo tribunal declaró el régimen de estiba portuario español contrario al derecho de la Unión.

Según el comunicado hecho público por la Comisión, España vuelve a ser denunciada por segunda vez al “no haber abordado convenientemente los problemas identificados en la primera sentencia del Tribunal de Justicia”, en la que se declaraba contraria al derecho de la Unión la obligación de que las empresas estibadoras formen parte del capital de las sociedades de estiba y que además deban contratar prioritariamente el personal puesto a disposición por dicha sociedad.

Ante la nueva denuncia, la Comisión invitó ayer a España a “efectuar lo antes posible las reformas necesarias para cumplir la sentencia” pues de lo contrario, “el Tribunal de Justicia podría decidir imponer sanciones económicas a España”.

La Comisión recordó ayer que “las autoridades españolas tenían de plazo hasta febrero de 2015 para informar acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal”. 

“Hasta el día de hoy no se han adoptado medidas conformes con dicha sentencia ni se han comunicado a la Comisión Europea plazos precisos para ponerlas en práctica”, precisó con contundencia la Comisión.

Con esta decisión, la Comisión activa la cuenta atrás para que el Tribunal de Justicia fije las temidas multas diarias por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia.

De esta forma, presiona a España para que de una vez establezca un posicionamiento firme y apruebe la reforma de la estiba si es que quiere evitar dichas multas.

Ahora bien, a día de hoy no es una cuestión de querer o no querer. Con independencia del tiempo perdido en el final de la pasada legislatura, la nueva denuncia de la Comisión llega en un momento de imposible respuesta para España pues no sólo el país lleva con un Gobierno en funciones desde el pasado mes de noviembre, sino que  a la vuelta de la esquina se prevén unas nuevas elecciones que encadenarán como mínimo otros tres meses más de interinidad del Gobierno, que legalmente no puede ni acometer ni proponer una reforma legislativa y mucho menos a partir de la previsible disolución de las Cortes la próxima semana.
De esta forma, estas nuevas elecciones  y la segunda denuncia de la Comisión llevan la reforma de la estiba a un callejón sin salida pues el peor de los escenarios se ha cumplido: nueva denuncia y nuevas elecciones, lo que sumado implica un margen de maniobra nulo.

Al cierre de esta edición se seguía a la espera del pronunciamiento público de la patronal de empresas estibadoras ANESCO así como del Ministerio de Fomento, cuya labor a través de Puertos del Estado, tal y como publicó este Diario la semana pasada, ha estado centrada a lo largo de las últimas semanas  en intentar que los responsables de la Comisión Europea  se hicieran cargo de la imposibilidad de sacar adelante ahora mismo reforma alguna ante la permanencia del Gobierno en funciones.

Coordinadora: “Nos parece un sinsentido, un disparate”


El sindicato mayoritario de estiba, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, no dudó ayer en calificar de “disparate” la decisión de la Comisión Europea de volver a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por su régimen de estiba.

En un tono muy similar al de las declaraciones realizadas a este mismo Diario hace escasas fechas, fuentes de Coordinadora señalaron ayer a Diario del Puerto que el hecho de que “la Comisión Europea haya decidido volver a llevar a España ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento de una sentencia anterior, justo en este momento, nos parece un sinsentido, un disparate”.

“Este país lleva cuatro meses sin gobierno, estamos ante una inminente disolución de las Cortes y una nueva convocatoria de elecciones. Llevamos muchos meses sin posibilidad de legislar. Aunque se hubiera querido, no ha habido forma de responder a la sentencia. ¿Qué sentido tiene, además del recaudatorio, abrir un expediente sancionador ante esta situación?”, declaró ayer Coordinadora.

Para el sindicato, “el sector en general, y la estiba en particular, ha dado muestras de estar dispuesto a adaptarse a los requerimientos de la sentencia. Estamos a la espera de la formación de un gobierno legítimo para trasladar la propuesta de reforma, consensuada en el sector, entre patronal y trabajadores, y que se legisle al respecto. Pero hasta que no tengamos ese gobierno, por razones obvias, no podremos cumplir con lo que pide el Tribunal europeo”, concluye.

ANESCO: "El incumplimiento de la sentencia está provocando graves consecuencias"

En un comunicado emitido a última hora de la tarde de ayer, la patronal de empresas estibadoras ANESCO, ante la nueva denuncia contra el régimen de estiba español, defendió el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, señaló al Gobierno como el responsable de dicho incumplimiento y calificó de "graves" las consecuencias que tiene en España el hecho de que la estiba no sea acorde al derecho de la Unión.

Al referirse a la multas que pueden derivarse de la nueva denuncia de la Comisión Europea, ANESCO señaló ayer en su comunicado que "éstas son fijadas en función de los efectos que la infracción provoca en la economía comunitaria y, en el caso del incumplimiento español, dichas consecuencias son graves, puesto que el mantenimiento de este sistema que regula la estiba está provocando ineficiencias que afectan negativamente a nuestro comercio".
En este sentido, ANESCO denunció que el incumplimiento provoca además "inseguridad jurídica en todas las empresas estibadoras existentes en los puertos españoles, que desarrollan sus operaciones en un marco ahora cambiante. Existe la posibilidad de que nuevas compañías estibadoras pudiesen comenzar a implantarse en los puertos españoles, aplicando directamente la mencionada sentencia, situación que generaría una desigual competencia con los actuales operadores", afirma la patronal.
"Por todo ello, ANESCO defiende el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el traslado de la misma a la legislación nacional", concluye la patronal que, eso sí, advierte de que "esta es una responsabilidad del Gobierno".

12 preguntas y 12 respuestas sobre el conflicto de la estiba

1.- ¿Por qué ha denunciado la Comisión Europea otra vez a España ante el Tribunal de Luxemburgo?
Porque a su juicio España no ha “abordado convenientemente” el cumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE, que declaraba el régimen de estiba español contrario al derecho de la Unión.

2.- ¿Qué implica esta segunda denuncia?
Con ella se inicia un nuevo procedimiento judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá analizar el expediente y dictar sentencia.

3.- ¿Qué sucederá si España es de nuevo condenada?
El procedimiento habitual implica, en caso de condena, el establecimiento de cuantiosas sanciones económicas a partir de la publicación de la segunda sentencia y por cada día de retraso en el cumplimiento de las directrices establecidas en la primera sentencia.

4.- ¿Pero entonces España no tiene que empezar ya a pagar las multas?
No. Las multas las establece el Tribunal de Justicia por medio de su sentencia en caso de ser condenatoria, por lo que no hay multas hasta que no se produzca este pronunciamiento del Tribunal.

5. ¿A cuánto podrían ascender las multas?
En función de la jurisprudencia, la cantidad orientativa que se baraja son 50.000 euros por cada día de incumplimiento a partir de la publicación de la segunda sentencia más una multa fija que puede ascender a varios millones de euros.

6.- ¿Cuánto tiempo suele tardar en estos casos el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en pronunciarse?
Según los expertos, desde el momento en que formalmente se presenta la denuncia hasta que hay un pronunciamiento suele transcurrir una media de ocho meses. Eso sí, la Comisión Europea aún tardará un tiempo en presentar la denuncia. No hay que olvidar que en la primera denuncia, la Comisión hizo pública su decisión el 20 de junio de 2013 y no la trasladó formalmente al Tribunal hasta mediados de noviembre, cinco meses después.

7.- ¿Qué tiene que hacer España para evitar una sentencia condenatoria y, por tanto, lograr que no se le impongan multas?
Deberá demostrar ante el Tribunal de Justicia que está aplicando “convenientemente” los criterios recogidos por la sentencia del 11 de diciembre de 2014 del propio Tribunal, lo que cual implica aprobar una reforma del régimen de estiba español en función de los mismos o, al menos, establecer un proyecto preciso y comprometido para desarrollar dicha reforma en los próximos meses.

8.- ¿Qué criterios quedaron fijados en esa sentencia?
El Reino de España fue condenado por ser su régimen de estiba contrario al derecho de la Unión, al ser violado el principio de libertad de establecimiento empresarial por la obligación que las empresas estibadoras tienen de formar parte del capital de las sociedades de estiba  y la también obligación para las empresas de contratar el personal con carácter preferente de dichas sociedades.

9.- ¿Y España ha tenido tiempo para aprobar una reforma con estos criterios?
Desde que se anunciara oficialmente la sentencia, el 11 de diciembre de 2014, han transcurrido 16 meses. Hasta la disolución de las Cortes Generales con motivo de las Elecciones Generales del 20-D transcurrieron 10 meses.

10.- Entonces, ¿la imposibilidad de formar Gobierno en España ha sido determinante?
Hasta ahora no. Puertos del Estado articuló en febrero de 2015 un proyecto de reforma con ánimo de aprobarlo antes de las elecciones, pero el inmediato rechazo frontal de los sindicatos llevó automáticamente a Fomento a renunciar a la reforma para que la conflictividad no influyera en el proceso electoral. Luego, la propuesta presentada por los sindicatos y la patronal ni siquiera fue tomada en consideración por la Comisión. En septiembre ya hubo un ultimátum de la CE y todo apuntaba a que la segunda denuncia se produciría en enero, es decir, cuando aún se estaba en los plazos normales de constitución del nuevo Gobierno.

11.- Y a partir de ahora, ¿puede afectar al proceso la actual ausencia de Gobierno y las nuevas elecciones?
Sí. Adaptar el régimen de estiba exige una reforma legislativa, algo imposible para un Gobierno en funciones, que no puede presentar proyectos de ley en las Cortes. Si hay elecciones el 26-J, las cámaras además se disuelven. En el mejor de los casos podría haber nuevo Gobierno a finales de julio, momento a partir del cual podría iniciarse el proceso de negociación sectorial. Ahora bien, para entonces ya se habrían consumido tres meses, a los que habría que unir el tiempo para alcanzar un consenso y tramitar la reforma. La celeridad y sus consecuencias serán inevitables si hay voluntad de anticipación a la nueva sentencia.

12.- ¿Puede aprovechar España este segundo proceso ante el Tribunal de Luxemburgo para defender el actual modelo de estiba español y lograr cambiar las tornas en la causa?
El posicionamiento de diciembre de 2014 del Tribunal es definitivo. Ya no se discute si el régimen de estiba español es o no contrario al derecho de la Unión. El Tribunal ya dijo en su momento que no. Lo que ahora se discute es si España está cumpliendo o no el contenido de esa sentencia, algo que ahora mismo no ofrece dudas pues no se ha implementado reforma alguna. Se podría alegar como eximente el tema de las elecciones.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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