lunes, 25 de abril de 2016

Guatemala lanza una orden de captura internacional sobre Ángel Pérez-Maura

El empresario está acusado de asociación ilícita, cohecho activo y fraude


El Vigía 22/04/2016

Guatemala ha lanzado una orden de busca y captura internacional contra el empresario español Ángel Pérez-Maura, acusado de pertenecer a una trama con sobornos a políticos y autoridades del país a través de la Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial del grupo TCB, del que Pérez-Maura era vicepresidente y consejero. Durante la operación, se han detenido a nueve personas, entre ellas a un empleado de TCQ, y se ha lanzado una orden de captura internacional sobre otras seis, entre las que se encuentra Ángel Pérez-Maura, a quien se le acusa de asociación ilícita, cohecho activo y fraude. Al tener conocimiento de la situación, este periódico ha intentado contactar sin éxito con Ángel Pérez-Maura y su entorno.  

APM Terminals, actual propietaria de la terminal tras la adquisición de Grup TCB, emitió un comunicado tras conocer la noticia en el que confirmaba estar pendiente de la notificación oficial de los detalles de las detenciones de un empleado de TCQ. El grupo confirmó su intención de “cooperar plenamente” con la investigación. Desde APM Terminals se insiste en que TCQ y sus empleados se ajustan a unos estrictos protocolos de ética empresarial. La terminal fue adjudicada en 2012, en marzo de 2016 pasó a ser propiedad de APM Terminals y está previsto que inicie sus operaciones en mayo de este año.

Según explica la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala y la Fiscalía de Guatemala, entre enero de 2012 y abril de 2015, se creó una trama en torno a la construcción de la Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal. Dicho entramado, según detalla la investigación, estaba integrado por Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, e Ingrid Roxana Baldetti Elias (líderes de la estructura), Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Angel Pérez-Maura, Juan José Suarez Messeguer, Mauricio José Garin y Jhonatan Harry Chevez.

La comisión internacional les acusa de aliarse para obtener beneficios económicos generados por la ejecución del contrato a favor de TCQ, quien obtuvo una licencia para el desarrollo y explotación de la terminal, en la que invertiría 255 millones de dólares, durante 25 años. Según las autoridades de Guatemala, la organización obtendría lucro de este proyecto para dirigir acciones para ocultar y blanquear dinero de origen ilícito.

La investigación apunta que, por instrucción del expresidente Otto Pérez Molina, su secretario Juan Carlos Monzón se reunió con los representantes de TCQ, Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, donde expresó su desacuerdo con la fórmula de pago por la adjudicación de la terminal a través de un paquete accionarial de TCQ, y exigió que la comisión les fuera abonada en efectivo, a lo que accedieron los directivos. En reuniones posteriores, Juan Carlos Monzón dio a conocer al grupo de negociadores españoles la intención del presidente y de la exvicepresidenta de que los pagos no se extendieran más allá de sus mandatos, y exigiendo como fecha límite para cumplir lo pactado el mes de octubre de 2015.

Los empresarios españoles entregaron a Juan Carlos Monzón un cuadro con los detalles de pagos, en el que se indicaba la distribución de lo pactado de la siguiente manera: 24,5 millones de dólares para el socio local, 5 millones de dólares para “argentinos” y 0,5 millones de dólares para gastos. En total, 26 millones de dólares. 

De este modo, el expresidente Pérez Molina utilizó la calidad de su cargo como presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo e intervino de manera decisiva, según apunta la comisión internacional, en la entrega de los terrenos a TCQ; promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y lograr de esa forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación.

Durante el desarrollo del proyecto, TCQ interpuso una denuncia en contra del alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, debido a que éste quería obligarle a pagar una licencia por construcción en la municipalidad de 24 millones de dólares. La empresa TCQ y miembros de la autoridad portuaria se oponían al pago millonario, por lo que para resolver el problema se celebró una reunión con el juez de entonces, Douglas Charchal Ramos, y con su asistente Mario Ruano San José, tras la cual se acordó gestionar una resolución favorable en el juzgado. Por el anterior hecho, el ministerio Público de Guatemala ha presentado también una solicitud de antejuicio por tráfico de influencias contra Charchal Ramos, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
RSS FeedSubscriu