viernes, 29 de abril de 2016

Europa lleva a España de nuevo ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo


La Comisión Europea acordó ayer llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de una sentencia anterior del Tribunal, de diciembre de 2014, relativa a la libertad de establecimiento en los puertos españoles

Veintepies 29/04/2016

En la sentencia de finales de 2014 el Tribunal Europeo declaró que la obligación de que las empresas estibadoras que operan en los puertos españoles se inscriban en una sociedad central, se integren como partícipes en el capital de la misma y contraten prioritariamente personal puesto a disposición por dicha sociedad va en contra del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

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En los proximos meses Luxemburgo dictará de nuevo sentencia


En todos estos meses España debería haber abordado “convenientemente” los problemas identificados en la sentencia del Tribunal de Justicia. Por ello, la Comisión Europea ha decidido llevar a España de nuevo ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento de la sentencia emitida el 11 de diciembre de 2014. Además, la Comisión invita a España a efectuar lo antes posible las reformas necesarias para cumplir la sentencia. De lo contrario, el Tribunal podría decidir imponer sanciones financieras a España, con multas por cada día de retraso en el cumplimiento de la misma. 

Tras la emisión de la primera sentencia las autoridades españolas tenían de plazo hasta febrero de 2015 para informar a la Comisión Europea acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia. Sin embargo, la respuesta española no ha llegado y la inactividad de la administración ha derivado en una segunda sentencia. 

Tras la primera sentencia, patronal y trabajadores hicieron tímidos intentos de buscar puntos de acuerdo y diseñar el modelo que permitiera cumplir las exigencias europeas y garantizar, al mismo tiempo, el futuro del sector de la estiba en España. Desde ANESCO, su presidente, Joaquim Coello, ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de adecuar el modelo a lo exigido por Europea, al tiempo que los sindicatos de la estiba se han mantenido en un segundo plano, a la espera de mantener su “statu quo” actual. Mientras tanto, el Ministerio de Fomento ha permanecido como mero observador a la espera de una nueva reacción de Europa. La respuesta europea ya ha llegado y, si España no mueve ficha, el siguiente paso llegará en forma de multa. 

El artículo de la discordia
Las desavenencias entre Europa y el Reino de España radican en el Artículo 49 TFUE, una normativa que se opone a cualquier medida nacional que pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales comunitarios, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado FE. En este sentido, las disposiciones sobre constatación de trabajadores portuarios no deben utilizarse, según la normativa europea, para impedir que personas o empresas debidamente cualificadas presten servicios de manipulación de mercancías o para imponer a los empresarios una mano de obra que no necesitan. 

Con todo, la Comisión sostiene que, al obligar con carácter general a las empresas estibadoras a participar en la SAGEP del puerto español de interés general de que se trate, a participar financieramente en su capital y contratar con carácter prioritario a los trabajadores puestos a su disposición por tal sociedad, el régimen portuario español impone a las empresas estibadores obligaciones contrarias al artículo 49. 

Por su parte, España arguye dos razones que podrían justificar la citada restricción a la libertad de establecimiento que impone el modelo español. 

En primero lugar, el servicio portuario de manipulación de mercancías es un servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público cuyo fin es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio. 

En segundo lugar, España asegura que la restricción resulta necesaria para garantizar la protección de los trabajadores, lo que constituye una razón imperiosa de interés general de conformidad con el Convenio 137 sobre el trabajo portuario.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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