martes, 23 de febrero de 2016

LA SITUACIÓN DE LA ESTIBA: UN AÑO DESPUÉS DE LAS ‘MANIOBRAS’ DE PUERTOS DEL ESTADO

El pasado día 19 de febrero se cumplió un año desde que NAUCHERglobal destapara el plan del ministerio de Fomento y de Puertos del Estado para fulminar el sistema español de la estiba, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Naucher 23/02/2016
La estrategia de José Llorca, presidente de Puertos del Estado, era clara: presentar ante sus homólogos de Bruselas el proyecto de Real Decreto para el cambio en el modelo, sin contar ni con la parte empresarial, ni mucho menos con los trabajadores. 
Ya tenía día y hora Llorca para presentar ante la Comisión Europea una modificación legislativa que, entre otros, finiquitaba en seis meses las sociedades de estiba y las reconvertía en meras ETTs bajo el nombre de "Centros Portuarios de Empleo (CPE)" (ver información relacionada). Pero se aplazo sine die, y ahí seguimos.
En el proyecto, que gracias a la publicación de NAUCHERglobal no se llevó a cabo, cada CPE conservaba “el carácter de empresario, aunque las facultades de dirección y control de la actividad laboral serán ejercidas por la empresa usuaria". Es decir, los estibadores perdían toda capacidad de reacción. Este punto fue el que hizo que los trabajadores paralizaran todos los puertos españoles durante la mañana del 20 de febrero, convocando asambleas informativas de urgencia y mostrando su –comprensible- enfado ante la “jugarreta” del Ministerio de Fomento.
Innumerables reuniones y encuentros entre las partes enfrentadas en conflicto (fundamentalmente los trabajadores y la Administración) no parece que hayan servido, de momento, de mucho. El miedo del Gobierno a la paralización total de los puertos antes del 20 de diciembre, cuando se convocaron elecciones, fue la piedra angular para que desde el Gobierno español se haya incumplido la sentencia del TJUE y hayan regularizado la situación de la estiba portuaria... de acuerdo con los trabajadores y la esfera empresarial.
Se habla de encuentros posteriores fuera de micros, durante los últimos meses, entre los responsables de los sindicatos afectados (principalmente Coordinadora) y empresas y Administración (además de la patronal Anesco) para paliar la situación. No obstante no existe ni el consenso necesario para hacer públicas estas reuniones ni mucho menos para dar una respuesta clara.
Es más, desde el Partido Popular en el Gobierno se habla de nuevas elecciones continuamente, por lo que la situación de la estiba seguirá tal y como estaba, a menos que haya un cataclismo… y a la espera de que la situación la arregle un nuevo ejecutivo surgido del proceso electoral o que en las –futuras- elecciones surja de nuevo el PP y no tengan más remedio que negociar un acuerdo de máximos.
Cabe ser objetivo y recordar que la situación no está causada por el actual Gobierno en sí, sino por una sentencia que, en su momento, no pudieron, supieron o quisieron defender. 

Esta sentencia del TJUE rezaba que España incumple el Tratado de la Unión al permitir "imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima".
A raíz de estas palabras es cuando se formó el escándalo. Puertos del Estado quiso arreglarlo, sí; pero las formas no fueron las correctas y el contenido era impositivo, como en otros tiempos. Siempre se debe contar con los trabajadores. Máxime cuando estos son los artífices de  que los puertos españoles hayan cerrado un 2015 a ritmo de record. Y esto es lo que debe hacerse entender a los socios comunitarios.
¿Y las empresas? Lo curioso de estas es que, salvo contadas excepciones en aquellos puertos donde la productividad está por debajo de los requerimientos lógicos, no hay ninguna que no esté de acuerdo con el actual sistema de estiba. 

No es así en cuanto al funcionamiento centralizado del sistema portuario español. Aquí hay más acuerdo: no funciona como debiera y requiere una modificación completa para adaptarse a los nuevos tiempos… y al funcionamiento de los sistemas portuarios de los países más avanzados (leer noticia relacionada).
Hace poco menos de un año escribíamos que el diálogo había existido hasta aquel momento "y no hay razón alguna para pensar que no pueda continuar" (leer información relacionada). Algo que mantenemos. 

Bruselas puede y debe esperar a que los estamentos laborales de en un país miembro, que además representa la cuarta economía más influyente de la Unión Europea, resuelvan sus contenciosos de forma amistosa. 

De otra manera, la estiba paralizará los puertos españoles y, con la suma de los trabajadores a escala internacional, mucho nos tememos a que ocurra lo mismo en los principales enclaves europeos, ¿le interesa a Europa esta situación? La respuesta está clara.
Lo peor –reiteramos- es querer “matar” al transmisor de la información. Las cazas de brujas son de la etapa de la Inquisición, no del siglo XXI. 

Un medio de comunicación libre (no todos lo son por motivaciones políticas y/o económicas, y menos en el sector portuario) tiene la obligación, cuanto menos ética, de ofrecer a sus lectores hechos noticiables de interés y, pese a las presiones y represiones recibidas continuamos creyendo que la publicación del pasado 19 de febrero de 2015 fue buena para los puertos españoles y buena para los miles de trabajadores y empresas afectados en el proceso. 

En el diálogo está siempre la clave a la solución de los problemas, y el Gobierno debe tomar buena nota de las recomendaciones que se le ofrecen gratuitamente.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
RSS FeedSubscriu