jueves, 25 de febrero de 2016

Diez años ha tardado el Estado en cambiar las Sociedades Estatales de estiba


Más cambios subyacentes en el estatus de la estiba. 

Puertos y  Navieras 25/02/2016

Por los Fareros.

Desde el año 2003, cuando entró en vigor la regulación de las Apies, las sociedades de estiba que significaron, en teoría, la ruptura con el modelo estatal de sociedades de estiba, con la eliminación de la participación de las Autoridades Portuarias en su accionariado, y por tanto del Estado, hasta ahora han pasado 12 años.

La Ley 48/2003 cambió el estatus de las sociedades de estiba que había, en las que las Autoridades Portuarias, es decir, el Estado, tenía una participación primero mayoritaria, después minoritaria para terminar saliendo de las mismas. 

Aunque aquellas disposiciones de la Ley de Puertos 48/2003 con Llorca de presidente del ente no se llevaron a cabo hasta 2008 con la transformación de la sociedad de estiba del Puerto de Bilbao. La realidad es que el germen del cambio estaba en aquella Ley. Sin embargo el Gobierno ha tardado 12 años en empezar a desligarse de las sociedades estatales de estiba. Y todavía no lo ha hecho.

Al margen de la reforma de la estiba y del cumplimiento que se supone se tiene que dar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con fecha 11 de diciembre del año pasado, se observa que el intervencionismo del Estado en el ámbito portuario y en el ámbito de la estiba se revela como el obstáculo más grande para unas relaciones laborales y una eficacia en los puertos mayor.

Es simbólico que aunque las sociedades de estiba dejaron de ser estatales, es decir participadas por entes del Estado en el 2003, ha tenido que ser ahora cuando se ha cambiado el Estatuto de los Trabajadores para reconocer ese hecho en las relaciones de carácter especial de los estibadores. 

Desde entonces, tras 12 años, han mantenido el Estatuto de los Trabajadores vigente, algo tan significativo como que las relaciones laborales de carácter especial de los estibadores eran consustanciales a la existencia de las sociedades estatales de estiba.

¿Todo esto qué significa? Simple y llanamente que por mucho que se le quiera echar la culpa a los estibadores, todo esto de la estiba no se ha cambiado porque no se ha querido cambiar.

Solamente y desde hace mucho tiempo, el haberse desligado el Estado, progresiva, pero firmemente de su injerencia en el plano laboral, este problema se habría ido resolviendo por la vía de las relaciones entre empresa y trabajadores. 

Sin renunciar el Estado a su tutela, hace mucho tiempo que este podía haberse desligado del ámbito de la estiba poniéndolo completamente en manos privadas. 

Solamente con haber eliminado con eficacia toda referencia a sociedades estatales de estiba, habiendo permitido que hubiese una sociedad de estiba o Sagep más por puerto, aún con lo pedido ahora por los sindicatos que se hubiesen nutrido del censo de estibadores únicamente, habría significado un paso tremendo y un cambio mucho más gradual y sensato hacia un nuevo modelo de estiba. 

Ahora se ha tenido que montar toda esta parafernalia de una denuncia anónima, los dictámenes motivados, la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo… para llegar a una sentencia de la que ha pasado un año sin su cumplimiento.

Miles de horas gastadas en funcionarios para que el Estado siga siendo responsable del modelo de estiba como si fuesen las Sageps sociedades estatales. Porque desde el punto de vista de las empresas estibadoras privadas todavía están sujetas a sociedades estatales de estiba.

En derecho las cosas no son lo que se dicen que son, y la de mismo que se llaman Sageps o Sociedades Estatales, sino lo que de hecho son. Y la injerencia del Estado al obligar a cualquier empresa estibadora en un puerto español a pertenecer a la sociedad de estiba ahora llamadas Sageps, la obligatoriedad de responder con todos sus bienes y no por el capital de la empresa en una pretendida sociedad anónima de gestión de trabajadores portuarios, violenta tanto los principios del Derecho Mercantil Privado y del estatus de las sociedades anónimas que el pleito lo iba a ganar un becario en el Tribunal Supremo. Lo iba a hacer lanzando sobre el Estado como pasó con los precios de los servicios portuarios y costándole al Estado miles de millones de euros. 

Habría que suspender con un cero absoluto a los que han estado dejando que se pudra la situación hasta la fecha. Ahora se acumulan todos los cambios, por un lado se ha hecho este cambio, se ha acotado también quiénes pueden cobrar pensiones con los coeficientes reductores en la estiba, y se está echando el freno a las nuevas incorporaciones de estibadores. 

La comisión paritaria central ha congelado, hasta que se vea otra vez el asunto, las nuevas incorporaciones del Puerto de Valencia, las de Avilés y Puertos del Estado ha impugnado las de Algeciras.

Está claro, y no se entiende cómo, si el Gobierno quería complacientemente esperar a después de las elecciones que se den estos pasos que podrían ser tomados como una provocación por parte de los sindicatos de estibadores y Coordinadora en especial. A no ser que estén ya completamente de acuerdo en los pasos siguientes. 



 


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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