lunes, 14 de septiembre de 2015

La venta del último gran grupo de terminales españoles, TCB, requiere una explicación.


El gobierno ha facilitado la operación de venta al exterior.


Puertos y Navieras 09/09/2015


La venta del grupo TCB entero a la naviera Maersk, aun siendo una transacción legítima en términos económicos ha abierto una serie de interrogantes sobre las últimas acciones del gobierno, que han facilitado unas plusvalías a las que tenía derecho al menos en parte. ¿Habrá negociado el gobierno algunas contraprestaciones? ¿Por qué ha facilitado el gobierno que se hiciese, en vez de crear las condiciones para que grupos como Dragados o TCB siguiesen?. España ha pasado de tener terminales portuarias por todo el mundo, al menos desde Brasil a la India a no tener ninguna.


La precipitación y la coincidencia con la que se ha hecho la compra por parte de la filial de terminales marítimas de Maersk APM Terminals, de la integridad del grupo español de la familia Pérez Maura, TCB, no puede desligarse de la coincidencia temporal con varios hechos relevantes.

En primer lugar, y el de más importancia, es es que esta transacción se ha hecho apenas días hábiles laborables después de que el gobierno cerrase el plazo para la admisión de ampliación de concesiones.

Además, está todavía reciente el cambio en la normativa española de concesiones portuarias, que ha permitido su ampliación hasta algo más de los 75 años. Tales beneficios concesionales dados a los concesionarios de los puertos, cuando el mismo Ministerio de Fomento proclama continuamente que los tráficos se han recuperado a los niveles previos a la crisis, está, cuando menos, a falta de ser justificado.

Las razones para las ampliaciones de plazos concesionales no han estado claras nunca, sencillamente porque el Gobierno y el PP que las ha hecho realidad en el Congreso de los Diputados no las ha apoyado con una argumentación técnica que no pasase de las frases que puede recoger un párrafo de no más de 20 líneas.

Pero es que entre los proclamados objetivos de esta medida y asi solicitados por la Plataforma de Inversores Españoles PiPE, que preside el propio Pérez Maura es proteger a los inversores familiares españoles, los verdaderos implicados a largo plazo con los puertos españoles.

Su implicación a durado dos meses escasos.
La modificación de los plazos concesionales, en los que se ha incluido un tremendo cajón de sastre, que va desde las grandes terminales de contenedores a los bares y los puertos deportivos, coincide con la más grande operación de compra de terminales portuarias en España. Desde la compra por JP Morgan de Marítima Valenciana en manos de Dragados, no se había dado una transacción tan importante, y esta lo es más.

Esto también coincide en el tiempo con una consolidación a nivel mundial del mundo del transporte marítimo, con gigantes navieros, tanto por el crecimiento orgánico de empresas, véase Maersk y MSC, como de la fusión o alianza entre ellas, véase la P2 formada por MSC y Maersk, la G6, etc..

Aquel modelo de concesiones portuarias, no sólo en España, sino en otros países, donde las economías de escala han llegado a los buques de veinte mil TEUS, habían comenzado su ocaso como seguras rentas de situación para inversores financieros. 
Pero este proceso, aunque coincidente con los cambios legislativos, no son provocadores de el al menos oficialmente. Datan de fechas mucho anteriores a la crisis y se iban a dar irremediablemente.  Es decir la compra sucesiva de las terminales españolas se iba a dar.

¿Por que ha facilitado el gobierno que se hiciese, en vez de crear las condiciones para que grupos como Dragados o TCB siguiesen ?

¿ Si esas transacciones se iban a dar de todas formas para que primarlas?

Sin embargo, los cambios legislativos y los beneficios concesionales se han dado al amparo de unaexplicación que los conectaba primero con la crisis de los puertos, como decimos desmentida por un lado por los datos oficiales, aunque contestada por otro lado por los terminalistas, que decían que habían perdido durante la crisis unos quinientos millones de toneladas.

Esto quedó desmentido porque incluso algunos terminalistas se quejaron de que la solución del gobierno no eran la que habían solicitado, el aumento automático de la concesión en 7 u 8 años. Pero no el ofrecido por el gobierno de aumentarlo en 50 años, para las nuevas, y dar a las antiguas la opción de invertir.

Nos encontramos en una situación en la que Maersk ha invertido tras los cambios legislativos que le dan más seguridad jurídica en las concesiones. Ahora se explica cómo el grupo TCB, dio entrada a Mitsubishi en el capital de su terminal de TCV, vendiéndoles un 25% para reducir deuda, comprase la terminal polivalente de Castellón y, el 6 de julio, presentase la ampliación de plazo más cara de todo el sistema portuario: la de la terminal del puerto de Barcelona por 10 años más y por 250 millones de euros de inversión a comprometer.
El hecho ya sorprendió porque esta terminal estaba teniendo una gran competencia con la de BEST en el puerto de Barcelona y justo por el mismo cliente Maersk.

En Barcelona se había originado una competencia importante entre TCB y BEST que para muchos hablaba de la ruptura del status quo anterior mantenido por Mestre y Maura en el puerto.

Por tanto, el grupo TCB se hallaba comprometido para hacer una inversión tan grande en el puerto, sin tener asegurados los tráficos, ni la financiación.

Éstos habían bailado entre las dos terminales. Ahora no será necesario, porque Maersk ahora las concentrará en lo que ahora son terminales suyas en Valencia, Barcelona, Castellón o Canarias.

Ahora, por tanto, se ve el panorama completo de las últimas decisiones y sus motivaciones en materia portuaria. Como siempre que las decisiones no se justifican por sus responsables, es que estas se han tomado al margen de los mismos, y sin su colaboración a la hora de forjarlas, ni a la hora de pensarlas ni justificarlas.
Las decisiones que no se han meditado ni pensado como propias, difícilmente se pueden defender, y esto requiere una explicación.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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