viernes, 17 de julio de 2015

La Abogacía rechaza la pretensión sindical de esquivar la sentencia por la vía del convenio

El sindicato CGT hizo ayer público en su página web el informe de la Abogacía del Estado solicitado por el Organismo Público Puertos del Estado sobre la propuesta sindical de reforma de la estiba tras la condena del Tribunal de Luxemburgo. En el informe se detectan varios elementos contrarios al derecho de la Unión y se concluye que no se corrige el incumplimiento por el cual se condenó a España.


Diario del Puerto 17/07/2015


La propuesta de reforma consensuada por Coordinadora, UGT y Comisiones Obreras y pendiente de acuerdo con la patronal ANESCO, pretende la creación en cada puerto por parte de cada autoridad portuaria de un registro de estibadores al amparo del Convenio 137 de la OIT, encomendándose su gestión como obligación de servicio público a la SAGEP, si existe, o al pool de mayor antigüedad en el puerto.

En este sentido, la propuesta sindical plantea la existencia de las actuales SAGEP y de cuantos pool de distinta creación se establezcan y, en ambos casos, con pertenencia voluntaria, si bien sea cual sea el tipo de pool existirá la obligación de contratar en la relación laboral especial y en la relación laboral común a los trabajadores del registro, en este caso también para las empresas que se separen de la SAGEP.

Se otorga la posibilidad incluso de que sea la propia autoridad portuaria con los sindicatos la que pueda crear un pool en aquellos puertos donde las empresas no estén en disposición de hacerlo.

Esta fue la propuesta que los sindicatos llevaron a la mesa negociadora con el Ministerio de Fomento y la propuesta que la Administración pasó a convertir en base de la negociación, no sin antes poner como condición su sometimiento a informe de la Abogacía del Estado, planteándose en la solicitud diversas dudas sobre su legalidad por parte del Organismo Público Puertos del Estado.

Incumplimiento
Como se ha venido informando en las últimas semanas, dicho informe fue remitido el 11 de junio a Puertos del Estado y, en líneas generales, detecta hasta tres elementos fundamentales que impiden que la propuesta sindical cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y sea acorde con el derecho de la Unión, siendo lo más destacable el rechazo a los intentos sindicales por vadear el cumplimiento de la sentencia mediante la traslación al ámbito de la negociación colectiva de las obligaciones hasta ahora contenidas en el régimen legal.

En primer lugar, la Abogacía del Estado concluye que “de la propuesta sindical se desprenden elementos que no son aptos para entender que se haya corregido el incumplimiento derivado de las dos restricciones declaradas por el Tribunal de Justicia”, es decir, la obligación de pertenencia a las SAGEP y de contratación de personal de las SAGEP.

En este sentido, la Abogacía rechaza que en el ámbito de la negociación colectiva se establezca la posibilidad de incluir acuerdos que comprometan a las empresas a participar como socios en las SAGEP o en los pool constituidos.

Según la Abogacía, “la obligación ya no se impondría por ministerio de la ley, sino a través de convenio colectivo”, pero desplazar la obligación de una norma legal a una norma convencional no implica dejar de incumplir la exigencia del Tribunal de Luxemburgo.

Es más, en el punto cuarto del informe, la Abogacía del Estado considera que este intento de incluir la obligación de pertenencia a las SAGEP en la negociación colectiva es contrario igualmente al Tratado de la Unión y al principio de libertad de establecimiento. 

De igual forma, la Abogacía rechaza que, como se ha indicado al inicio, los pool de nueva creación estén obligados a contratar a los trabajadores registrados.

Aunque “de manera indirecta”, se sigue “manteniendo la misma restricción” que condenó el Tribunal de Luxemburgo, asegura la Abogacía.

Esta obligación “puede tener consecuencias financieras y producir perturbaciones en el funcionamiento” de las empresas, recuerda la Abogacía del Estado.

En segundo lugar, en el informe la Abogacía entra de lleno a valorar uno de los puntos más polémicos de la propuesta sindical, aquel en el que se intenta incentivar la pertenencia a la SAGEP mediante el establecimiento de rebajas en las tasas portuarias para las empresas integrantes, en compensación por ser la SAGEP la encargada de gestionar el registro de trabajadores.

Contraria al derecho
Para la Abogacía del Estado esta propuesta debe ser considerada una ayuda de Estado contraria al derecho de la Unión sin perjuicio de cómo la valoraría la Comisión Europea en función del montante económico que representara.

Según la Abogacía del Estado, la gestión de un servicio público como el citado registro debe ser compensada. Ahora bien, la asignación del mismo por ley a la SAGEP no responde al principio de licitación pública defendido por el derecho de la Unión, rechazando también la Abogacía los planteamientos en torno a los criterios de objetividad y transparencia en la fijación de esa compensación.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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