martes, 17 de febrero de 2015

Anesco considera insolidario implantar una liberalización absoluta en el modelo de estiba

La patronal reclama que la Administración asuma el coste económico del cambio de modelo


El Vigía 16/02/2015

Empresas y trabajadores aguardan a conocer el nuevo modelo de Puertos del Estado para cumplir con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, pero la espera, cuando se trata de negociar el futuro del sector, se les está haciendo larga y, con ella, la inquietud florece entre las partes. 

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ya ha mostrado sus cartas para desvelar que no defiende fórmulas de absoluta libertad, porque las considera “incompatible con el sistema de concepción del servicio público portuario e insolidario tanto desde el punto de vista empresarial como laboral”. 

Su propuesta se centra en concesionar a empresas de trabajo temporal la dotación de estibadores a los puertos.


Lo hizo en un foro marítimo-portuario celebrado en Santa Cruz de Tenerife. Allí, su director gerente, Javier Expósito, lo explicó con estas palabras: “Abogamos por delimitar claramente el ámbito de la actividad de la estiba sujeta al servicio público y un tratamiento solidario y socialmente sostenible de los recursos humanos actualmente empleados en la actividad portuaria”. En este punto, se posicionó por “la concesión a terceros, en libre concurrencia, para la gestión privada del servicio de disposición de profesionales estibadores y bajo la fórmula de prestación de la mano de obra a través de empresas de trabajo temporal”.
Crucial para la competitividad
Los puertos españoles y, en concreto, el sector de la estiba, afrontan una nueva etapa que puede ser crucial para su competitividad. 

En este sentido, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, hizo un llamamiento a la responsabilidad de los agentes del sector en ese mismo foro, que también contó con Antolín Goya, coordinador general del sindicato de estibadores Coordinadora, entre el público: “Tenemos que lograr entre todos que no se produzca la desestabilización en nuestros puertos por el cambio y las modificaciones que se tienen que dar en el sistema de gestión de los trabajadores del sector de la estiba”, insistió. Llorca, que recibió el visto bueno de la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la propuesta de real decreto ley que cumpla con la sentencia de Luxemburgo, se lo presentará a la Comisión Europea el 24 de febrero. 

Ésta es la encargada de hacer cumplir la sentencia de Luxemburgo y, por lo tanto, de dictaminar si el nuevo modelo se ajusta a la normativa comunitaria. Si es así, de inmediato Ana Pastor presentará el proyecto a Anesco y los sindicatos, el mismo día pero en reuniones separadas, y a continuación se abrirá un proceso de negociación entre las partes.

Esta última fase es la que más ha preocupado a Coordinadora y Anesco, que en público y en privado han manifestado su interés de consensuar el nuevo modelo. Llorca les transmitió: “Tenemos la oportunidad de pactar entre todos y con la Unión Europea, un nuevo escenario para la estiba en España, que respete a los trabajadores, pero a la vez sea acorde con los tratados de la Unión. Vamos a perseverar para conseguirlo”. 
En este sentido, también Javier Expósito, director gerente de Anesco, recordó en su ponencia que el Gobierno debe de seguir “al pie de la letra” el dictamen de Luxemburgo y su espíritu de buscar una solución al sistema de trabajo portuario. “El modelo, además de cumplir con la garantía de servicio público, debe suponer una solución socialmente sostenible. 
Es decir, que la Administración se haga responsable y asuma, frente a los trabajadores portuarios y empresas estibadoras, lo que hasta ahora se ha negado sistemáticamente a reconocer: que debe soportar el coste económico de esa solución para hacerla socialmente sostenible”, afirmó.
El director gerente de Anesco concluyó: “La sentencia viene a decir al Estado español, que hasta hace poco ha sido, como Administración Pública, el único responsable del colectivo de los estibadores portuarios, que las fórmulas impuestas no sirven, ya que es fácil trasladar la responsabilidad a los administrados, en este caso a las empresas estibadoras. 
El resto o se hace de una manera viable para lograr un funcionamiento sostenible o cualquier empeño fracasará”. Por su parte, Antolín Goya también advertía recientemente sobre todo este proceso: “Se equivoca quien piense que la disposición al diálogo supone voluntad sindical alguna de aceptar propuestas que hipotequen el futuro de la profesión. No admitiremos medidas transitorias, ni indemnizaciones colectivas que abran la puerta a regímenes que mermen los derechos de los estibadores que vendrán”.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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