jueves, 11 de diciembre de 2014

La UE condena el sistema de estiba español, pero deja abierta las soluciones, y da sugerencias.


La sentencia oficial, desde Luxemburgo.

Puertos y Navieras 11/12/2014

Ahora se abre paso la posibilidad de impugnaciones o recursos ante la normativa española.

En  el día de hoy el tribunal de Luxemburgo ha dado lectura a la sentencia contra el estado español.

En un escueto fallo precedido de unas consideraciones que no incorpora al fallo condena el sistema de las Sageps, pero no da pautas para su reforma.

No se hace referencia a la titulación de los estibadores. Por tanto ahora se abre un plazo de 6 meses para adaptar la legislación si no podrá cualquier afectado denunciar al estado español con amenaza de fuertes multas.

La sentencia se ciñe a la libertad de establecimiento y deja la puerta abierta a que el estado español vaya dando pasos modificando la legislación que solo podrá se otra vez denunciada si alguno de los agentes cree que no interpreta el fallo adecuadamente, un largo proceso.


SUGERENCIA DEL TRIBUNAL

El tribunal solo llega a citar la "sugerencia" de la Comisión en sus considerandos, al decir "como sugiere la Comisión, cabría la posibilidad de prever que sean las propias empresas estibadoras las que, pudiendo contratar libremente trabajadores permanentes o temporales, gestionen las oficinas de empleo que han de suministrarles su mano de obra y organicen la formación de esos trabajadores, o la posibilidad de crear una reserva de trabajadores gestionada por empresas privadas, que funcionen como agencias de empleo temporal y que pongan trabajadores a disposición de las empresas estibadoras".


Nota de prensa de la representación española en el tribunal

"En España, las prestaciones de servicios en los puertos estatales son competencia de la Administración General del Estado.

Esta competencia es ejercida por el Ministerio de Fomento mediante un sistema portuario público en el que se integran los puertos del Estado y las autoridades portuarias.

El servicio de manipulación de mercancías (que consiste en la carga, estiba, descarga, desestiba, tránsito marítimo y el trasbordo de mercancías) está incluido entre los servicios portuarios en virtud de la Ley de Puertos del Estado (texto refundido de 2011). La Ley determina que la prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo, en principio, por la iniciativa privada, rigiéndose por la libre competencia. 

Para la prestación de dichos servicios –que tienen el carácter de obligación de servicio público– es necesaria la obtención de una licencia, otorgada por la Autoridad Portuaria.

La Ley de Puertos prevé además que, en los puertos de interés general, podrán constituirse sociedades anónimas mercantiles privadas (denominadas «Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios» [SAGEP]), [1] cuya finalidad es poner trabajadores a disposición de sus accionistas.

Las SAGEPs contratan a los trabajadores y se los proporcionan a sus accionistas para cubrir las necesidades derivadas de las actividades y de las tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías que no puedan realizarse con personal propio de su plantilla debido a la irregularidad de la mano de obra necesaria para realizar dichas actividades y tareas. 

Las citadas sociedades se encargan además de la formación continua de los trabajadores con el fin de garantizar la profesionalidad en el desarrollo de las actividades que integran el servicio de manipulación de mercancías.

La Ley de Puertos, por una parte, obliga a las empresas estibadoras que operan en los puertos españoles de interés general a inscribirse en una SAGEP y, en su caso, a participar en el capital de ésta y, por otra, no les permite recurrir al mercado para contratar su propio personal –ya sea de forma permanente o temporal– a menos que los trabajadores propuestos por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficientes.

La Comisión sostiene que, aunque no sea directa o indirectamente discriminatorio, este régimen constituye una restricción a la libertad de establecimiento.

Expone que, al obligar con carácter general a las empresas estibadoras a participar en la SAGEP del puerto español de interés general de que se trate, a participar financieramente en su capital y a contratar con carácter prioritario a los trabajadores puestos a su disposición por dicha sociedad, el régimen portuario español impone a las empresas estibadoras obligaciones contrarias al artículo 49 TFUE.

La Comisión observa que las empresas estibadoras establecidas en otros Estados miembros que deseen prestar servicios portuarios de manipulación de mercancías en un puerto español de interés general tendrán que reunir los recursos financieros suficientes para participar en la SAGEP correspondiente y, en todo caso, contratar trabajadores de la propia SAGEP en condiciones que escapan a su control (incluido un número mínimo y obligatorio de trabajadores de la SAGEP que han de contratarse de forma permanente).

Entre dichas condiciones figura, especialmente, el precio que han de pagar a la SAGEP por emplear a esos trabajadores. La Comisión añade que el régimen portuario español prevé que en todos los puertos de interés general estará presente una SAGEP y que las SAGEP deberán mantener en plantilla a los trabajadores de las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico y de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba constituidas de conformidad con la legislación nacional anterior.

Según la Comisión, estas obligaciones obligan a las empresas estibadoras extranjeras a modificar sus plantillas, sus estructuras de empleo y sus políticas de contratación.

Alega que el régimen portuario español impide a las empresas estibadoras seleccionar libremente a su personal y mantenerlo en plantilla, ya que las obliga, además, a contratar un personal que no necesitan realmente.

La Comisión añade que las consecuencias financieras y las perturbaciones del funcionamiento ocasionadas por esas modificaciones pueden obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento en los puertos españoles de interés general para las empresas estibadoras de otros Estados miembros.

España alega que la Comisión no ha demostrado con arreglo a Derecho la existencia de una restricción a la libertad de establecimiento.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, que consagra la libertad de establecimiento.

El incumplimiento deriva de la imposición a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general de las dos obligaciones citadas:

-   Inscribirse en una SAGEP y, en su caso, participar en el capital de ésta.

-   Contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha SAGEP, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente.

El Tribunal de Justicia señala que, aunque las mencionadas obligaciones se apliquen tanto a los operadores establecidos en España como a los procedentes de otros Estados miembros, pueden impedir a estos últimos establecerse en los puertos españoles de interés general para desarrollar en ellos una actividad de manipulación de mercancías.

El Tribunal de Justicia indica que, como alega la Comisión, esas obligaciones fuerzan a las empresas estibadoras extranjeras a llevar a cabo una adaptación que puede tener consecuencias financieras y producir perturbaciones en su funcionamiento, hasta el punto de disuadirlas de establecerse en los puertos españoles de interés general.

España justifica la restricción a la libertad de establecimiento principalmente por dos razones:

-   El servicio portuario de manipulación de mercancías constituye un servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público cuyo objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio.

-   Dicha restricción es necesaria para garantizar la protección de los trabajadores, que constituye una razón imperiosa de interés general.

El Tribunal de Justicia señala que la protección de los trabajadores figura entre las razones imperiosas de interés general que pueden justificar restricciones a la libertad de establecimiento pero objeta que el hecho de que el régimen portuario español persiga un objetivo legítimo no es suficiente para justificar válidamente la restricción que impone.

Para poder ser aceptada, una restricción debe ser indispensable para garantizar la consecución del objetivo legítimo que persigue.

Es decir, es necesario que el resultado buscado no pueda conseguirse mediante normas menos rigurosas.

El Tribunal de Justicia considera que la restricción a la libertad de establecimiento que resulta del régimen portuario español constituye una restricción que va más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por consiguiente, no está justificada.

En este sentido, el Tribunal de Justicia destaca que España no ha demostrado que las medidas adoptadas sean necesarias ni proporcionadas en relación con los objetivos perseguidos.

Observa asimismo que existen medidas menos restrictivas e idóneas para conseguir un resultado similar y para garantizar tanto la continuidad, regularidad y calidad del servicio de manipulación de las mercancías como la protección de los trabajadores. 

Indica que, por ejemplo, como sugiere la Comisión, (i) podría determinarse que sean las propias empresas estibadoras las que, pudiendo contratar libremente trabajadores permanentes o temporales, gestionen las oficinas de empleo que han de suministrarles mano de obra y organicen la formación de esos trabajadores, o (ii) podría crearse una reserva de trabajadores gestionada por empresas privadas que funcionen como agencias de empleo temporal y que pongan trabajadores a disposición de las empresas estibadoras.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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