lunes, 17 de noviembre de 2014

¿ Y si imputan al presidente de Puertos del Estado ?



La ironía del destino. La tesis de la responsabilidad de los consejos de administración.


Puertos y Navieras 17/11/2014
Por Armando Estrada.

El expresidente del puerto de Avilés, Raimundo Abando, ha denunciado ante los tribunales asturianos la malversación de fondos en el puerto de Gijón citando al presidente de puertos del estado José Llorca. En otro caso de presunta corrupción el del puerto de la Palmas, alguien desde dentro filtró al diario El Mundo que Llorca era consejero esos años.


Aunque citar al actual presidente de puertos del estado es solo a modo informativo, pone en relevancia que se quieren buscar responsabilidadesen los consejos de administración de los puertos ante los casos de corrupción.

El destino trae ironías crueles. La tesis de la responsabilidad de los consejos de administración en las decisiones de los puertos parece ser nueva pero no lo es.

Los puertos de interés general tienen consejos de administración constituidos al modo de sociedades anónimas, aunque no lo sean. El legislador y posteriormente las autoridades de Puertos del Estado han querido darles a los mismos toda la formalidad de los Consejos de Administración de una sociedad mercantil. Los motivos no eran exactamente los de hacerles equivalentes a sociedades anónimas pero sí aumentar el control colegiado en algunas situaciones. 

La verdad es que los Consejos de Administración de los Puertos sirven para bien poco, para nombrar y cesar, y en el resto de decisiones los representantes se ven abocados a tomar las decisiones que les prescriben. Por más que la gran mayoría de los consejeros son miembros de la administración, sea Hacienda, aduanas, Fomento, etc. obligados por supuesto a disciplina jerárquica respecto al Gobierno de turno.
El caso del Puerto de Las Palmas, donde se dilucidan setenta y tantos millones en obras mal hechas y que según el mismo presidente del Puerto actual de Las Palmas, Luis Ibarra, tienen toda la pinta de ser sospechosos y dudosos.

Alguien ha tenido que filtrar a la prensa, y en este caso a la generalista como es el diario El Mundo, la posible responsabilidad de José Llorca -el actual presidente de Puertos del Estado- en las decisiones que se tomaron con respecto a las obras portuarias del Puerto de Las Palmas hoy en entredicho.

Un periódico tan distante de los hechos relatados no hace esa conexión cuando ha hecho hasta ahora ninguna conexión entre los desastres portuarios, la corrupción portuaria y las posibles responsabilidad de los vocales en los Consejos de Administración.

Es extraño y evidentemente al periodista le llegado la información de forma escogida. Curioso que el nombre del actual presidente de Puertos del Estado se liga a un asunto tan escabroso como ya se está viendo y se va a seguir viendo como son las obras del Puerto de Las Palmas.

El actual presidente no se ha andado con pamplinas y con eso no queremos sugerir que sea él el origen de la filtración, pero evidentemente está escandalizado o se da cuenta del peligro que corre si no denuncia enérgicamente los hechos. 

La ironía del destino es que, y en esto sí que se puede romper una lanza por José Llorca, ha sido él el que ha querido pasar por los Consejos de Administración una serie de decisiones que hasta ahora se podían discrecionalmente evitar.

Llorca, con conocimiento íntimo de cómo se manejan los puertos, no sólo porque haya sido vocal de Las Palmas y de varios más, sino como Presidente de Puertos dos veces, sometió al poco tiempo de llegar a una serie de decisiones al pleno de los consejos. 

Por ejemplo a que los reformados de obra se pasasen, informados por la Comisión Técnica, por el pleno del Consejo de Administración. Alguien podrá decir que era una medida preventiva para cubrirse por los destrozos que se habían hecho durante años y su posible responsabilidad. A nosotros nos pareció genuina, al menos su preocupación, por la falta de funcionalidad de los Consejos de Administración de los Puertos y de sus consejeros. 

La ironía es que el escándalo de las obras de un puerto, en las que él se sentaba como vocal y consejero, puedan acabarle afectando. No sería baladí pensar que un juez le llamase a declarar asistido de abogado en lo que en España se denomina como imputado. Tanto por las Palmas como por el más grave de Gijón.

Todo puede ser posible y cualquier juez que se preciase se daría cuenta que Llorca tanto en su condición de anterior presidente de Puertos del Estado como en su condición de experto en obras marítimas, y además como funcionario de Puertos del Estado, estaba situado en una privilegiada situación para que alrededor del año 2010 comprendiese completamente la situación del Puerto de Las Palmas, sus obras y sus manejos.  Lo mismo rige para el de Gijón.

Llorca además tiene la cualidad de ser minucioso y muy técnico. Aunque esto no le ayude también cualquier juez se daría cuenta que el señor Llorca ya tuvo prevención anterior y mucho anterior hacia los manejos que se realizaban en el Puerto de Las Palmas con las obras. 

Ya siendo ministro Álvarez Cascos, alrededor del año 2003, el señor Llorca avisó al señor Cascos de la peligrosa decisión del gobierno canario de nombrar al señor Arnaiz como presidente de Las Palmas. No pudo ser otro ya que el señor Cascos, alejado de esa política, no podía conocer la trayectoria anterior del señor Arnaiz. Fue el señor Llorca el que advirtió al ministro, el que intentó que los órganos autonómicos no nombrasen al señor Arnaiz y no habiéndolo logrado propuso la fórmula de aprobar el nombramiento y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado con la ignominiosa frase de por imperativo legal. Bochornosa frase que demostraba la disfuncionalidad de nuestro gobierno autonómico por el cual un ministro y su altísimo funcionario, el presidente de Puertos del Estado, tenían que taparse la nariz y aprobar por imperativo legal el nombramiento de un presidente, de un Puerto del Estado, que iba a ser pagado con más de 100.00 euros por el mismo Estado y que iba a manejar ingentes cantidades de dinero no sólo del Estado sino de la Comunidad Económica Europea exponiéndonos al escarnio si se administraba mal.

El señor Llorca conocía todo esto. Bien es verdad que un presidente de Puertos y el señor Llorca también, no es el ministro. 

Él advirtió pero los políticos, en aras de los consensos autonómicos, dejaron hacer. Por tanto, puede decirse que no era el último responsable. También podría haberse marchado o haber hecho mucho más visible su descontento públicamente. Pero así fueron las cosas y la maquinaria del Estado y sus consensos, permitieron que el señor Arnaiz fuese presidente de Las Palmas y lo que sigue ya es conocido. Este señor tuvo que salir a trompicones del Puerto de Las Palmas, después de diversas hazañas, la última conocida la firma de unos swaps con el Puerto de Santander que según el presidente actual ya le han costado más de cinco millones de euros al puerto.  Ahí es nada. 

De todo esto se deduce que un funcionario público y un ministro, cuando están en una situación como la de hace más de 10 años en la que detectan un sistemático agujero en la legislación pública; deben para evitar desmanes actuar inmediatamente y sin reparo para taparla por encima de cualquier otra consideración. La ironía del destino es que puede ahora el señor Llorca pagar caro la inacción de sus ministros.  

Por Armando Estrada ingeniero de caminos y editor. 


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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