domingo, 13 de julio de 2014

El Puerto prevé un «aumento relevante» de las inversiones con las concesiones a 50 años

  • Los operadores de contenedores podrán incrementar el plazo de explotación de sus terminales si bajan sus tarifas máximas un 20%



    Las Provincias 12/07/2014

    La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) estima que la ampliación del plazo de las concesiones que explotan los operadores logísticos de los 35 años actuales a un máximo de 50 años tendrá efectos muy positivos sobre el sistema portuario. Según explicó el director general de la APV, Ramón Gómez-Ferrer, a LAS PROVINCIAS, la consecuencia más inmediata será un «incremento relevante» de las inversiones privadas en los tres recintos que gestiona la APV: Valencia, Gandía y Sagunto.
    «Son medidas que sin duda van a servir para animar al sector privado, por lo que las valoramos de forma positiva», explicó el directivo en referencia a los cambios introducidos por el Gobierno en un Real Decreto-Ley aprobado la pasada semana.

    Al ampliar a 50 años el periodo de explotación de las concesiones, las empresas dispondrán de más plazo para amortizar sus inversiones, lo que a juicio del Ministerio de Fomento favorecerá la colaboración público privada e incrementará la competitividad de los puertos españoles al reducir los costes logísticos. Según los cálculos del Gobierno central, el estímulo a la iniciativa privada se traducirá en un incremento anual de la inversión de entre 150 y 200 millones de euros cada año.

    Fomento calcula una inversión adicional de 200 millones de euros al año para el conjunto del sistema

    Qué porcentaje de esa cantidad pueda ir a parar a los recintos gestionados por la APV es todavía una incógnita. «Está por ver cómo lo acogen los terminalistas, pero sin duda va a animar al sector privado a invertir en el Puerto», sostiene Gómez-Ferrer. A su juicio, con la entrada de nuevas inversiones privadas, algunas de las infraestructuras pendientes «pueden ponerse a funcionar de forma inmediata».
    Entre ellas se encuentran la ampliación norte del Puerto de Valencia o la entrada en servicio de espacios disponibles en el Puerto de Sagunto, como la dársena 2, que todavía está sin ocupar. La perspectiva de disponer de concesiones a 50 años puede suponer un «cambio de percepción importante» para empresas potencialmente interesadas en invertir en infraestructuras portuarias en Valencia.
    Para poder aplicar estos nuevos plazos a las concesiones actuales, la nueva regulación exige que la empresa concesionaria se comprometa a llevar a cabo al menos una de las siguientes acciones: realizar una inversión adicional «relevante»; contribuir a la financiación de infraestructuras de conexión terrestre de los puertos, como podría ser una línea ferroviaria; y, por último, reducir un 20% las tarifas máximas que aplican a sus clientes. Además, la prolongación de plazos debe hacerse a petición del concesionario y previo informe favorable de Puertos del Estado.
    En relación al último requisito, y preguntado por la necesidad que los terminalistas tendrán de ajustar sus costes si deben reducir sus tarifas, Gómez-Ferrer aseguró que «puede no ser interesante para todo tipo de concesionarios», pero dio por sentado que abaratará los precios de prestación de servicios portuarios.
    Por otro lado, el Gobierno aprobó en ese mismo decreto la creación del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que se nutrirá de las aportaciones de los puertos para financiar las obras de conectividad. El criterio de Valencia es que el reparto posterior de fondos se haga teniendo en cuenta cuáles son los puertos más rentables para el sistema.


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