lunes, 30 de junio de 2014

Una política de puertos en secreto, no es una política.



La legítima autoridad a gobernar y dirigir no puede derivar en una afición a los globos sonda.


Puertos y Navieras 27/06/2014


Por Armando Estrada, editor e ingeniero de caminos.
Se ha abierto una temporada de modificaciones normativas en los puertos, presididas por la discreción cuando no el secretismo.

Esta situación no es nueva y la falta de transparencia en la legislación portuaria y la falta de debate ha sido una constante desde la noche de los tiempos.  José Llorca, el laureado presidente de puertos, es un alumno aventajado.

Puede que ahora estos usos opacos puedan estar justificados por lo delicado de los motivos que pueden hacer necesarios estos cambios. Nos referimos a -por un lado- el cambio que puede ser obligado en la modificación del régimen de estiba. La llamada de Llorca a la negociación está siendo continuamente desoída por Coordinadora, los múltiples contactos con la asociación de empresas estibadoras ANESCO no tienen correspondencia con una actitud parecida por parte de coordinadora, del gran sindicato de estibadores. Los cambios no acaban aquí.

Ahora han sobrevenido otros cambios derivados de la promesa a Bruselas de hacer una reforma en la financiación de los puertos. Esta autopromesa, ya que ha sido incluida y redactada por el ministerio de Fomento de cara a las reformas que exige Bruselas, tiene un componente ideológico que la hace aún más delicada; por primera vez el PP pone sobre la mesa la necesidad de recentralizar -si no la política portuaria- sí los recursos del Estado en materia de puertos.

Algunos podrán disculpar -por ser el tema delicado- que Puertos del Estado actúe con secretismo; pero lo que no es tolerable es que actué con un complejo de inferioridad a la hora de abordar el debate.

De hecho, no existe debate interno ni externo en cuanto a la procedencia de una recentralización de la política portuaria.

No es de extrañar que no podremos achacárselo a las autoridades de Puertos del Estado cuando en su partido, en el ministerio de Fomento y en el Gobierno no se atreven -ni tampoco los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados- a plantear y poner sobre la mesa la necesidad de una mínima reforma constitucional que aborde algunos problemas serios de la legislación en materia de transporte e infraestructura.

El sistema de transporte que nos hemos dado constitucionalmente es un sistema que quita al Estado y al Gobierno gran parte de las prerrogativas que puede tener en temas de transporte desde el punto de vista de la uniformidad de mercado, de la unidad de mercado y de la integridad territorial; no es de extrañar que Llorca
evite el debate. 


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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