miércoles, 7 de mayo de 2014

El PP obsesionado con desmantelar el Estado: ahora le toca a la gestión portuaria

La ligereza del Gobierno de Mariano Rajoy, y antes la de los que presidió José María Aznar, a la hora de renunciar al control público de empresas y actividades españolas no solo tradicionales, sino incluso de carácter crítico o estratégico, parece no tener límite.


elespiadigital.com 04/05/2014
Estos últimos días hemos visto como una empresa española, Deoleo, líder mundial en la venta de aceite embotellado y propietaria de las marcas más tradicionales de nuestro país (Carbonell, Hojiblanca, Koipe…) y otras de origen italiano de gran prestigio, ha sido vendida a un fondo británico de capital riesgo denominado CVC Capital Partners. En este caso, y pese a que se afirmó machaconamente que el Estado cubriría esa fuga accionarial a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que preside Ramón Aguirre, o mediante otros instrumentos públicos, lo cierto es que el capital español ha terminado perdiendo el porcentaje mayoritario de una compañía agroalimentaria de marcado carácter estratégico.
Antes, el mismo Ejecutivo presidido por Rajoy estuvo a punto de permitir que Deoleo terminara siendo comprado por el grupo empresarial IQ Made in Italy, propiedad al 50 por 100 del Estado italiano y el fondo soberano de Qatar, es decir de poner el control del aceite de oliva español en manos, no ya de accionistas internacionales, sino en las de dos naciones extranjeras.
No deja de ser curioso el empeño de nuestros políticos, en especial los del PP, por liquidar la titularidad nacional en compañías e instrumentos claves del sistema productivo español, como ya se hizo, por ejemplo, con Pegaso, Endesa, Santa Bárbara, Telefónica o Iberia…, empresas públicas todas ellas dedicadas a actividades estratégicas. El caso de Iberia ha sido realmente escandaloso, ya que en ese tránsito ha pasado de ser una empresa de primer nivel mundial a segunda marca de British Airways dedicada en gran medida al low cost.
Otro de los casos más llamativos es el de la antigua NovaCaixaGalicia, ahora NovaGalicia Banco, que ha sido vendida al grupo bancario venezolano Banesco por 1.000 millones de euros cuando el Estado español tuvo que dotarla con 9.000 millones para su rescate y saneamiento. De esta forma, hemos sido los contribuyentes españoles los que, rascándonos el bolsillo, hemos depurado la entidad para entregársela a un inversor extranjero bien limpita y preparada para ser rentable. Genial.
Países como Italia, Francia, Alemania o el Reino Unido sí que mantienen participaciones en empresas de sus países de alto valor estratégico. Francia en France Telecom, GDF, Renault o Air France; Italia en Enel, propietaria de Endesa, Alemania en Deutsche Telecom…
Desde el Gobierno se sostiene que este tipo de desinversiones públicas viene impuesto por la doctrina de Bruselas, pero quizás esté pecando de una diligencia excesiva en ir contra los intereses de España, porque, como sucede con el caso de Puertos del Estado, la Comisión Europea no ha librado directiva ni instrucción alguna al respecto.
Atentos pues, porque tras los puertos, tocará el turno de privatizar Renfe, pero su parte ‘buena’,es decir las rentables líneas de AVE dejando para el contribuyente el sostenimiento de las líneas ‘malas’, esto es las deficitarias. Pero, ¿eso es hacer país, hacer patria y potenciar la ‘marca España’…?
Muy distinto ha sido el comportamiento de Francia, que con el presidente de la República a la cabeza ha conjurado la amenaza de compra de Alstom por parte de la estadounidense General Electric. En el país vecino sí que tienen clara la idea de proteger y fortalecer el Estado.
Los Puertos del Estado, objetivo a la vista
Ahora la ventolera de la generosidad gubernamental apunta con fuerza a los Puertos del Estado, ente presidido por José Llorca Ortega y dependiente del Ministerio de Fomento, con la amenaza de ‘liberalizar’ (¿todavía más? los servicios portuarios.
Es decir, dar entrada a operadores foráneos con el riesgo de romper un equilibrio histórico entre coste, calidad y seguridad de los servicios que siempre ha existido en este tipo de infraestructuras estratégicas (calificadas además como ‘críticas’ por el Ministerio del Interior). Los políticos que defienden esta solución, con la ministra del ramo a la cabeza, Ana Pastor, argumentan que así se fomenta la competencia: curiosa posición porque  las empresas especialistas en operaciones portuarias hace más de veinte años que acuden a los concursos públicos compitiendo entre sí, obteniendo las correspondientes licencias administrativas sin problemas y a plena satisfacción del organismo concesionario.
Los ‘puertos del Estado’ son esenciales para España y se caracterizan por ofrecer muy buenos servicios a los buques que los utilizan. Es un ejemplo perfecto de cómo el modelo de gestión privada puede ser adoptado por una entidad pública. Son autónomos en cuanto a su gestión e incluso compiten unos con otros en la captación de clientes.
En los medios del sector -empresas prestatarias de servicios portuarios-, se teme sobre todo la llegada de operadores chinos, que podrían incluso estar ya instalándose en España con la amenaza de precios bajos y servicio low cost.
Esa actitud gubernamental de irresponsable destrucción de la capacidad nacional de gestión portuaria, también ha puesto en el punto de mira privatizador a AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), otro organismo público dependiente del Ministerio de Fomento que la ministra Ana Pastor ya está ofreciendo a la voracidad de los especuladores ‘buitre’ internacionales. Es de temer que España volverá a sacar la mejor nota en el cumplimiento de los deberes marcados por Bruselas para desmantelar el Estado, sobre todo porque, como ya ha sucedido en otras ocasiones, en esa torpeza tendrá pocos compañeros de clase.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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