jueves, 10 de abril de 2014

EL PROBLEMA DE LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS CONCESIONALES EN LOS PUERTOS

Cada vez que le dan la oportunidad, José Llorca, presidente del organismo público Puertos del Estado, subraya la importancia que debe tener la ampliación de los plazos de las concesiones portuarias a medio plazo. Ayer lo volvió a hacer nuevamente en Cádiz, en una ponencia ante los empresarios gaditanos.
NAUCHER 09/04/2014

El Ministerio de Hacienda continúa buscando la mejor fórmula para ampliar las concesiones nuevas de los operadores y empresas que realizan su esfuerzo en el ámbito portuario para pasar los actuales 35 años a los 50. No obstante, el problema de fondo está en aquellas compañías que ya cuentan con una concesión, por el agravio comparativo que suponen los 15 años de más que se les otorgaría a aquéllas que pretendan instalarse desde cero.
Si bien es cierto que la iniciativa privada puede suponer una mayor fuente de ingresos y un progreso en las nuevas infraestructuras, también lo es que hay algunas compañías están esperando el fin de una concesión determinada (una marina deportiva, por ejemplo) para pujar por una instalación ya construida, sin necesidad de ejecutar obras de superestructura o en la lámina de agua, por lo que la inversión inicial sería mucho menor y, por este motivo, podrían amortizar su inversión de forma más rápida.
De esta manera, el principal problema radicará precisamente en esta puja: ¿Deberían tener algún tipo de ventaja los gestores que ya estén ubicados en un determinado espacio concesionado sobre otros que pretendan instaurarse en el mismo lugar -una vez cumplido el plazo- a sabiendas que la principal inversión ya estaría realizada? De tener algún tipo de ventaja los primeros sobre los segundos ¿no se entraría en un conflicto de competencia?
Con respecto a las empresas ya concesionadas, como se ha explicado anteriormente, Hacienda tiene una responsabilidad sobre cómo resolver la equidad en la ampliación del espacio demanial por un período suplementario de 15 años, que se sume a los 35 ya otorgados y llegue a los 50 que pretenden ofrecer a las nuevas empresas. Es un tema complicado, ya que algunas empresas podrían estar esperando al fin de una concesión determinada para poder entrar en una puja, y ver cómo en ese mismo espacio tendrían que esperar 15 años adicionales no será plato de buen gusto.
Llorca, en cualquier caso, defiende el modelo: "las Autoridades Portuarias no asumen riesgos, y limitan su papel a la defensa del interés general, buscando más una rentabilidad económico-social coherente con el principio de autosuficiencia económica que preside su gestión", señaló.
Volvió a hablar de la reducción de las tasas portuarias (hasta un 8,5% en la tasa de ocupación) y de las nuevas bonificaciones para los privados que acometan obras de atraque.
Sin duda, la ampliación de plazos es una concesión pactada entre operadores portuarios con la Administración que, por un lado, vería reducido sus márgenes a la hora de realizar obras de infraestructura y, por otro lado, mediante la inversión privada y pese al descenso de las tasas, vería aumentado su volumen financiero a raíz de un mayor movimiento (de mercancías, pasajeros, buques o embarcaciones), que genera más dinero por los cánones de usufructo.
Por lo pronto, en el último año la iniciativa privada ha ido incrementando sus inversiones en las instalaciones portuarias hasta superar a la pública, situándose en 1,39 euros invertidos por cada euro público, cuando hasta hace menos de un lustro pasaba justo lo contrario. Parece que la Sra. Crisis ha hecho agudizar el ingenio de los gestores públicos. 


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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