miércoles, 19 de marzo de 2014

Especial Jurisprudencia sobre modificaciones sustanciales de las condiciones del contrato Nº III

SEVASA mantiene bloqueada la negociación del Convenio Colectivo pero trata de imponer por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, a través de convocar al comité a periodos de consulta ,con el objetivo de realizar Modificaciones Sustanciales de las Condiciones del Contrato (dobles, movilidad funcional, etc.)



CGT-SEVASA 19/03/2014

Sobre estos temas os dejamos la opinión de los Tribunales

Tercera sentencia. Modificaciones sustanciales. Movilidad funcional
Esta tercera sentencia que os traigo comentada me ha parecido interesante puesto que trata la movilidad funcional con la nueva reforma laboral y específica muy bien los límites que debe observar el empresario para ejercer su poder de ius variandi. 
Se trata de un supuesto, como digo, de movilidad funcional fuera de su categoría profesional, no respetándose los límites que establece el Estatuto de los Trabajadores al efecto. Se lleva a controversia de que las medidas acordadas por la Gerencia demandada no implican modificación sustancial de las funciones propias de la categoría profesional de los demandantes sino la adopción de medidas tendentes a mejorar la productividad empresarial, encuadrables dentro de las facultades otorgadas al empresario en virtud del poder de dirección y de las posibilidades permitidas por la movilidad funcional. 
El problema reside en que los demandantes se incluyen en el grupo IV como cuidadores técnicos asistenciales y los mismos estiman que las nuevas tareas que se les encomiendan pertenecen al ámbito de funciones del personal subalterno, adscritas al grupo VII. 
Aquí aparece ya el primer fundamento jurídico interesante de la sentencia, cuando nos dice que <Atendiendo a la fecha en que la Dirección del Centro comunicó a los demandantes las nuevas instrucciones relativas a los procedimientos de trabajo para los cuidadores en turno de noche (28 de junio de 2012), ya se encontraba en vigor la nueva redacción del art. 39 ET, otorgada por Real Decreto Ley 3/12, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma laboral, de cuyo tenor literal, por cuanto aquí interesa, merece destacar lo dispuesto en los apartado 1.º y 2.º El apartado primero, sujeta la movilidad funcional a los límites constituidos por las titulaciones académicas y profesionales precisas para ejercer la prestación laboral, y el respeto a la dignidad del trabajador, añadiendo el apartado segundo que la movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no  correspondientes al grupo profesional sólo será posible si existen además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar asimismo su decisión y las razones de ésta a los representantes de los trabajadores. Véase que, en conexión con lo dispuesto en el art. 22 ET el sistema de clasificación profesional pasa a tener como única referencia el grupo profesional, persiguiendo la reforma operada por la norma reglamentaria que la movilidad funcional se convierta en un mecanismo de adaptación más viable y eficaz>. Es importante lo mismo porque con la nueva reforma laboral desaparecen las categorías profesionales para quedar solamente los grupos (ver mi estudio sobre este tema en el siguiente enlace). 
La sentencia también nos dice que el convenio colectivo aplicable, en su artículo 17 que contempla la movilidad funcional dispone expresamente que <La movilidad funcional en el seno de la Administración, que se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, así como de sus derechos económicos y profesionales, no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y la pertenencia al grupo profesional>. 
Antes de llegar a la solución del supuesto, es importante destacar que la movilidad funcional es una facultad que tiene el empresario por la cual puede encomendar unilateralmente al trabajador, sin su consentimiento, la realización de tareas que no corresponden a su grupo profesional reconocido, con el objeto de adaptar el contenido de la prestación a las necesidades organizativas de la empresa. Dicha facultad queda imperativamente sujeta a los límites marcados estatutariamente o a los previstos en las normas convencionales pactadas, pues de otro modo la medida empresarial adoptada carecería de justificación. 
La sentencia continua diciendo que <Considerando entonces que las funciones que ahora se atribuyen a los demandantes superan los límites derivados de su pertenencia al grupo profesional IV, al encuadrarse en el grupo profesional VI, habrán de observarse los límites igualmente previstos por el art. 39 ET que recordemos, exige expresamente en caso de encomienda de funciones no correspondientes al grupo profesional: a) La concurrencia de razones técnicas u organizativas que la justifiquen y b) la limitación temporal de su adopción, mediante la consignación de un término expreso para su adopción, constituido por el tiempo imprescindible para su atención. Dichos límites también son recogidos por el art. 18 del Convenio Colectivo, que acota el desempeño de trabajos de categoría superior o inferior a razones técnicas u organizativas que la justifiquen y con duración del tiempo mínimo imprescindible para su atención>. 
Termina concluyendo la sentencia que <En el supuesto enjuiciado, la atribución de funciones efectuada por la Consejería excede de los límites previstos tanto en el texto estatutario como en el texto convencional, pues ni ha resultado acreditada la existencia de las razones anteriormente expuestas, ni mucho menos concurre el requisito de limitación temporal exigido, pues de la comunicación remitida a los trabajadores nada se infiere. Por todo ello, esta Sala estima que la medida adoptada supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo afectante a las funciones de lo aquí demandantes ex art. 41.1.f) ET, en cuya adopción no se siguieron ni los preceptivos trámites impuestos por el apartado tercero de dicho precepto legal, ni el previsto en convenio colectivo ex art. 18.2 (exigencia de resolución motivada del órgano de administración que en cada caso resulte competente, previa la apertura del correspondiente expediente incoado por la Administración a instancias de la Jefatura de Personal correspondiente al puesto que se pretenda cubrir), ergo no cabe sino confirmar la resolución dictada por el Juzgador de instancia en todos sus extremos, por no concurrir vulneración alguna de los preceptos legales aludidos por el recurrente>.
Os dejo la sentencia para que la leáis pausadamente.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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