miércoles, 20 de noviembre de 2013

Fomento y el "rescate" de las terminales.


Ampliar el plazo de las concesiones no puede hacerse sin una justificación muy sólida.  
La ministra de Fomento se precipitó, o se prometió algo imposible.

Puertos y Navieras 20/11/2013



Opinión. El Farero.

   El "rescate" efectuado a los puertos y concesionarios este año ha pecado de entrada de precipitación y de no haberse consultado adecuadamente. 

   En pocas palabras no se puede privatizar el dominio común ni dar mas potestades discrecionales a autoridades portuarias o a Puertos del Estado, sin debate. El run run en el sector es importante.

   Se va a modificar la Ley de Puertos en cuanto a los plazos de las concesiones de 35 año a 50, se está redactando el texto, y aunque la decisión de cada ampliación se realizará concesión a concesión, y en cada puerto, así lo fija la ley hasta ahora; la protección del interés común y de cada concesionario para evitar arbitrariedades, necesitaría por legalidad y por estética, informes cualificados y un debate que no se puede despachar con unas disposiciones en una ley de acompañamiento. Fuentes del sector advierten que si no habrá pleitos. 

  La ley actual es escrupulosa y solo permite la ampliación si lo contempla el pliego de la concesión y solo a cambio de inversiones muy relevantes. Lo contrario dañaría a terceros que no podrían haber pujado de otra forma.

  El tema es tan profundo que el anuncio de la ministra y de Puertos del Estado, sobre todo este último, conocedor de su complejidad pecó de precipitación al prometer algo que quizá era imposible de conceder.

  A otros les parece el posible regalo de un blindaje a los actuales terminalistas ante una posible liberalización de la estiba producto de la denuncia del sistema de la estiba, esto sería muy grave.

  Coordinadora se blindaría con el IV Acuerdo Marco y Anesco con las ampliaciones que cerrarían efectivamente la competencia en la estiba durante décadas, dicen estas fuentes.

  El ministerio de Fomento ya arrastra múltiples pleitos y se enfrenta a casi 100 millones de posible indemnizaciones por su cierre de la competencia en otros servicios concesionados como el transporte de viajeros, donde desafió a directivas europeas, sentencias de los TSJ, informes contrarios de la CNC, del consejo de Estado y finalmente del Supremo.

  La extensión en 15 años más, de las concesiones de los puertos, debería de haber llevado algún informe del comité consultivo de privatizaciones u órgano semejante. Porque al final, es una extensión de la utilización del dominio público portuario que no se puede hacer simplemente por la vía de añadir algún artículo dentro de una ley de acompañamiento. 


  Si no lo prevé la ley de forma directa, debería prever que estas extensionesde gracia de los dominios públicos del Estado tuvieran que pasar por filtros que sometiesen las decisiones a un razonamiento motivado y técnicamente sostenible.

  No puede ser la decisión soberana del presidente de Puertos del Estado al que se añada la firma de la ministra al enviarlo al Consejo de Ministros.

   La opinión  motivada de los estamentos ministeriales (Puertos del Estado, Abogacía y Fomento) deben ser acompañados por un informe del consejo consultivo de privatizaciones o algún otro organismo externo del Ministerio de Hacienda y Economía. 

  Mientras tanto y no se haga esto, esas decisiones no sabemos si rozan la legalidad, si impactan claramente en lo que es tomar decisiones que afectan al patrimonio y dominio común de los españoles, ciertamente sin una motivación, o en la competencia equitativa de los agente económicos.

  ¿Qué estudios económicos se han hecho sobre el impacto de la medida deampliar concesiones de 35 años en 15 años más? ¿Qué flujos de caja descontados y qué impacto sobre los concesionarios suponen esta medida ? ¿Que se pedirá a cambio, ya que la Ley actual pide que estuviese contemplada dicha posibilidad en el pliego y unas inversiones razonables o proporcionales ?

  No se trata de decir que Puertos del Estado no pueda proponer la medida y la ministra de Fomento elevarla, porque el Gobierno es soberano, sino que estas medidas como precaución democrática, tienen que motivarse de alguna forma.

  Tampoco se puede avalar una discrecionalidad añadida. Que desemboque en mas discrecionalidad a pié de muelle. Favoreciendo a unos terminalistas y perjudicando a otros. En temas de dominio común en los que España se ha manejado hasta ahora con mas seguridad jurídica para los ciudadanos que en otros países, toda precaución es poca.

   Esta reflexión de la medida, con un adecuado estudio económico, habría servido muy bien para encuadrar la medida en su justo término, y no encontrarse la ministra que a algunos terminalistas no les parece suficiente para permanecer en España con sus inversiones.
  


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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