domingo, 17 de noviembre de 2013

El Tribunal de Cuentas deja al descubierto decenas de contratos adjudicados a dedo por la Autoridad Portuaria de Cartagena


El ayuntamiento de Cartagena eximió a la Autoridad del pago del IBI


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VMPress. 15/11/2013


El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas a la actividad de la Autoridad Portuaria de Cartagena durante el período de 2002 a 2007, al que ha tenido acceso la formación de IU, y en poder de esta redacción, señala que esta realizó 81 contratos por adjudicación directa de entre 15.000 y 150.000 euros por un importe total de licitación de 3,9 millones de euros y que, igualmente, haya hecho entre ese mismo tramo de cuantía económica siete contratos negociados sin publicidad por importe de 748.000 euros, otros cinco de entre 150.000 y 600.000 euros por importe de 1,6 millones y un contrato por más de 600.000 euros por importe de 10,5 millones. Un hecho que desde IU califican de opacidad y clientelismo del presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Viudes, con sus amigos.

Dentro de la misma actividad contractual, según el mismo tribunal, ha incumplido la ley en el expediente de obra de reposición de camino para la ampliación de la dársena de Escombreras y el refuerzo de las escolleras de los diques de la dársena de Cartagena y de rellenos en la nueva dársena de Escombreras, al hacerlo por un procedimiento restringido, sin que consten los criterios aplicados para la selección de empresas, superando el límite de los 600.000 euros que marca la ley y que obliga a que el procedimiento de contrato sea abierto. 

Asimismo, el Tribunal de Cuentas señala que Viudes ha incumplido la obligación de destinar el 1% de los presupuestos de inversiones financiados con recursos propios o aportaciones directas del Estado a la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico-Artístico. Sólo en el período 2002-2007 “el dinero sustraído fue de 498.000 euros”, afirman desde IU.

El Tribunal indica que el importe ingresado por los servicios comerciales del Puerto, como grúas, suministro de aguas, recogida de residuos sólidos y concesionarias de muelles, oficinas y despachos ha sido inferior en casi 2,5 millones de euros al coste de su prestación. 


El presidente de la Autoridad Portuaria le tiene alergia a la transparencia puesto que ha incumplido la obligación establecida en la Ley 48/2003 de publicar en el Boletín Oficial del Estado el resultado de las adjudicaciones de concesiones 5/2004, 7/2005 y 3/2007. En dos de esos expedientes la adjudicación recayó en empresa distinta a la propuesta formulada por la Comisión Técnica, que valoró tres ofertas acertando en su decisión hasta el punto de que la empresa arbitrariamente elegida finalmente renunció a la adjudicación concedida.

También pone de manifiesto en sus consideraciones y conclusiones y llega a recomendar la necesidad de que la Autoridad Portuaria de Cartagena adopte medidas para impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres prevista en le Ley Orgánica 3/2007, de la que se desentiende, tanto en la presencia de órganos de dirección como en la introducción de cláusulas en los pliegos administrativos de relación con las empresas privadas.

En relación a las inversiones llama la atención el coste de 839.000 euros, sin contar el IVA, en la recreación del antiguo Club de Regatas.



Además el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que en 2007 se produjo la baja por derribo de la nave Bunge sin que se formalizara autorización expresa para ello, justificando la Autoridad Portuaria que en la adquisición de la nave para completar el perímetro del muelle de Santa Lucía quedaba comprendido el derribo de la misma. “Viudes eleva a categoría de legalidad lo que él individualmente decide y presupone”.

Para rematar la faena, el ayuntamiento de Cartagena, agradecido, y sobrado de dinero, eximió a la Autoridad Portuaria del pago del IBI.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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