jueves, 3 de octubre de 2013

Competencia se ceba con Valencia



La Comisión Nacional de Competencia ha impuesto multas por valor de más de 43 millones de euros a los implicados en el expediente abierto en el sector del transporte terrestre de contenedores con origen o destino en el Puerto de Valencia, por prácticas restrictivas de la competencia, tal y como adelantó ayer diariodelpuerto.com. Las sanciones han sido repartidas de forma desigual entre todos los expedientados, excepto la Conselleria de Infraestructuras, que queda sin sanción.


Diario del Puerto 03/10/2013
F. Vitoria

Las multas más cuantiosas han sido para ATEIA-OLT Valencia (13.144.444 euros) y las asociaciones de transporte ELTC (12.692.462) y Transconval (9.910.829).

La Asociación Naviera Valenciana, por su parte, ha recibido una multa 3.307.783 euros, cifra similar a la que ha recaído sobre la asociación de transportistas autónomos, Transcont (3.048.395).

La resolución del expediente también contempla otras multas de "menor" cuantía para la Autoridad Portuaria de Valencia (100.000 euros); las terminales de contenedores de Noatum (561.390 euros), TCV (403.096) y MSC Terminal Valencia (252.318 ) y la Federación valenciana de empresarios del transporte y la logística (200.000 euros).

Los importes de las multas de las tres asociaciones de transportistas están limitados, es decir, que no podían ser superiores al 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el año anterior a la imposición de la multa.

En el caso particular de la FVET, y como "caso excepcional debido a la singularidad de la acreditación de su participación en la infracción" (una sola reunión), la multa ha sido más testimonial.

Por otra parte, la resolución del expediente recoge el caso de la Autoridad portuaria de Valencia que "no tiene volumen de negocio en el mercado afectado", por lo que el Consejo entiende que "por proporcionalidad y equidad la multa a imponer debe ser similar", en este caso exactamente igual, a la impuesta en su día a la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Contra esta resolución no cabe recurso vía administrativa, aunque se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde la notificación.

Hechos acreditados

Competencia considera probada la infracción del artículo 1 de la Ley de defensa de la Competencia y 101 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) consistente en la fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio, en el reparto del mercado, así como en la limitación o el control de la producción.

Entre los hechos acreditados, el expediente asegura que entre los años 1998 y 2011 las asociaciones de transporte "acordaron los precios de los servicios de transporte por carretera mediante tarifarios, incluyendo la repercusión en los precios de la variación del precio del combustible, la variación del IPC sobre los precios, descuentos y formas de pago, así como el valor de las indemnizaciones por las paralizaciones. Dichas tarifas eran consensuadas con el resto de operadores del Puerto".

En relación a la contingentación de flotas y reparto del trabajo, el informe refleja que entre 2002 y 2008 ELTC y Transcont distribuyeron adhesivos identificativos a sus asociados que "tenían la finalidad de facilitar la creación de censos por parte de cada asociación y llevar un control sobre el número de camiones de los asociados, asegurándose que sólo estos camiones identificados operaran en el Puerto de Valencia. ELTC, Transcont y Transconval acordaron mantener el número de camiones de las flotas de sus asociados, impidiendo el crecimiento de las mismas".

El informe también recoge la creación, en 2008, de Mesatrans (Mesa sectorial del transporte), un órgano creado por Transcont, ELTC y Transconval para plantear "soluciones relativas a las tarifas de referencia, revisiones, recargos, márgenes de descuento aplicables por empresas a autónomos, así como vigilar y tomar medidas contra su incumplimiento".


Otros implicados

La implicación de ATEIA, Asociación, Asociación Naviera y Autoridad Portuaria, se remonta ya a 2010, con la creación de los "Principios y compromisos relativos a la normalización de la actividad en el transporte de contenedores por carretera en el Puerto de Valencia", documento que a la postre sería el que llevó a Competencia a iniciar toda la investigación.
Concretamente, el informe asegura que los transitarios y los consignatarios son los demandantes de los servicios de transporte y "receptores habituales de notificaciones de los acuerdos de las asociaciones de transportistas sobre precios, los tarifarios, y se reúnen con ellos de forma periódica. A partir de las reuniones de las mesas de transporte en 2008, tanto ANV como ATEIA participan en las mismas y firman el acuerdo de 2010" de principios y compromisos.

Las terminales de contenedores, por su parte, "son partícipes en la ejecución de determinados acuerdos, en concreto los relativos a fijación de las compensaciones por los retrasos que se producen en la carga y descarga".

Por lo que respecta a la Autoridad Portuaria , el informe concluye que la APV "participó en la implementación de los acuerdos anticompetitivos y era consciente de que dicha actuación no era la que corresponde a la autoridad gestora del Puerto".

Finalmente, y en relación a la implicación de la Conselleria de Infraestructuras, se explica que únicamente "trataba de restablecer el normal servicio del Puerto de Valencia, buscando el acuerdo de las distintas partes en el conflicto de septiembre de 2010".

Ni crisis ni ausencia de dolo

Respecto a la solicitud de algunas de las partes de eximirlas de la sanción por ausencia de intencionalidad o dolo, Competencia considera que "las partes tenían indicios suficientes sobre la prohibición de dichas conductas, desde luego antes de los acuerdos de 2010, en las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades de competencia a asociaciones y empresas similares que operan en el Puerto de Barcelona. Operadores con los que tenían relación".

Asimismo, y respecto a algunas alegaciones sobre la situación de la crisis del sector, el Consejo de la CNC asegura que "ya se ha pronunciado reiteradamente que la misma no exime del cumplimiento de las normas de competencia ni debe ser considerada para el cálculo de la sanción a imponer cuando se infringen".


Reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar y poco después de que los implicados fueran informados individualmente, la noticia corrió por toda la Comunidad Logística como la pólvora.

Reuniones de urgencia, comunicaciones y comunicados se sucedieron durante toda la jornada para intentar abordar una sanción que pone en jaque la viabilidad de asociaciones y numerosas empresas del sector.

Todos los implicados consultados por este Diario han preferido mantener una postura prudente a la hora de referirse a la sentencia de Competencia, aunque no han faltado calificativos como "desproporcionada" o "desmedida" a la hora de referirse a ella.

Preocupa especialmente la repercusión que pueda tener sobre el normal funcionamiento de las asociaciones y su futuro a corto plazo y, en mayor medida, el gran impacto que tendría para muchas pequeñas empresas el hecho de asumir una parte proporcional de esas multas.

Sea como sea, la mayor parte de los sancionados solicitarán una suspensión cautelar de la sanción con el propósito firme de interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.


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