lunes, 27 de mayo de 2013

La Comisión propone un Reglamento sobre acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos


Como se había anunciado, en el jueves, el colegio de comisarios adoptó una propuesta de Reglamento que se centra en dos aspectos: la aplicación de la libertad de prestación de servicios a los servicios portuarios y la transparencia de la gestión tarifaria y financiera de las Autoridades Portuarias. Esta propuesta deberá ser discutida por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su posible adopción mediante el procedimiento legislativo de Codecisión. 




Puertos y Navieras 27/05/2013


En una primera parte, la propuesta reconoce la aplicación del principio de libertad de prestación de servicios, exigiendo la aplicación generalizada de procedimientos transparentes y abiertos para la selección los prestadores de servicios portuarios y el establecimiento de normas para evitar posibles abusos tarifarios por los operadores con derechos exclusivos. No obstante, con el fin de tener en cuenta las particularidades de cada puerto, prevé que el organismo gestor del puerto pueda limitar el número de oferentes de uno o más servicios, si bien sólo por una serie de razones objetivas y tasadas, y también que se puedan imponer a los prestadores ciertas obligaciones como condición para la prestación del servicio, pero sólo en ciertas materias determinadas. Para una mayor atención al cliente, se crea un comité consultivo de los usuarios del puerto.

Los servicios de manipulación portuaria (estiba) y los servicios al pasaje reciben un tratamiento diferenciado: el capítulo II, sobre acceso al mercado, en principio no es aplicable a los mismos (salvo que así lo decidan libremente los Estados miembros que lo deseen). La Comisión lo justifica indicando que en muchos casos se regulan mediante concesiones y que “el establecimiento de nuevos requisitos legales podría dificultar los esfuerzos que se están haciendo por iniciar un proceso de diálogo social en este campo”. La Comisión tiene previsto proponer una Directiva que regule los procedimientos de concesiones, que sí será aplicable a estos servicios.

En junio de este mismo año, la Comisión creará un “Comité de diálogo social para los puertos”, que permitirá a trabajadores y empresarios debatir y abordar cuestiones relacionadas con el trabajo portuario. La Comisión proporcionará apoyo técnico y administrativo a este Comité y evaluará sus avances en 2016.

La autoprestación, que fue uno de los aspectos más controvertidos en la tramitación de las fallidas propuestas de Directiva sobre esta misma materia, queda al margen de esta propuesta, que será aplicable únicamente a los servicios prestados a cambio de una remuneración. La Comisión señala, en su introducción, que varios Estados ya tienen regulada esta materia y que no parece necesario, en estos momentos, introducir un marco común europeo sobre la misma.

Todos estos aspectos (incluyendo la propia autoprestación) están ya regulados en España mediante el texto refundido de la Ley de Puertos (RD-Legislativo 2/2011), ya que se incorporaron en su momento a la ley 48/2003, aprobada durante la tramitación de las citadas propuestas de Directiva que nunca llegaron a adoptarse en la UE.

Sí que podría ser necesario algún ajuste de la legislación española sobre el servicio de practicaje, que limita a uno el número de prestadores en todos los puertos. Parece que, con arreglo a la nueva propuesta, esa limitación genérica debería en principio desaparecer, sin perjuicio de que se pueda regular así en algunos casos debidamente justificados.

En una segunda parte, la propuesta se refiere a la utilización de fondos públicos por los organismos gestores de los puertos: se exigirá una mayor transparencia financiera y se introducirán directrices que permitirán a las Autoridades Portuarias recibir fondos públicos sin falsear indebidamente la competencia y que se espera contribuyan a atraer la inversión privada.

Un aspecto de posible relevancia especial para España es que la propuesta pretende ampliar la libertad de las Autoridades Portuarias para fijar sus tasas por el uso de la infraestructura. La Comisión afirma que las propias autoridades portuarias son las más adecuadas para fijar la estructura y la cuantía de sus tasas, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. Los puertos también podrán reducir las tasas a los buques por razones comerciales o bien a los que tengan mejor comportamiento medioambiental (en ambos casos, por criterios objetivos). Esta autonomía tarifaria seguramente colisiona con el hecho de que en España, por exigencia constitucional, las tasas por el uso de la infraestructura deban ser fijadas por ley aprobada en las Cortes, tanto en su estructura como en sus cuantías. Esto se debatirá sin duda en el Consejo de Ministros y hay que suponer que se encontrará una solución a la medida de España.

La Comisión señala en una nota de prensa que esta propuesta se enmarca en una iniciativa más amplia, que pretende “mejorar las operaciones portuarias y las conexiones de transporte en los 319 puertos marítimos europeos más importantes”.En su nota de prensa, la Comisión resalta la enorme importancia de los puertos para la economía europea, y la necesidad de mejorar su eficiencia. La Comisión presentará antes del verano propuestas destinadas a reducir la burocracia y los trámites administrativos en los puertos (las denominadas propuestas del «cinturón azul»). Asegura que las nuevas propuestas permitirían ahorrar a la economía europea hasta 10.000 millones de euros en 2030 y contribuirían a desarrollar nuevos servicios marítimos regulares de corta distancia. 


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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