jueves, 26 de enero de 2012

Querella por apropiación indebida de 13 millones contra los consejos de administración de Euroports Ibérica TPS y Euroports TPS Spain

Entre los demandados está el actual presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras del puerto de Tarragona, Carlos Severino


El Vigía 25/01/2012

 

El Juzgado de Instrucción de Tarragona ha admitido a trámite la querella por delito de apropiación indebida de 13 millones de euros contra Carlos Severino Inglán, en condición de apoderado de las empresas Euroports TPS Spain y Euroports Iberica TPS. La querella, interpuesta a finales de noviembre de 2011 por Fertilizantes Tarragona S.A y Productos Químicos Agroindustriales S.A, también se dirige contra los consejos de administración de ambas sociedades, según ha informado la agencia EFE.

La querella acusa a Carlos Severino – actual presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras del puerto de Tarragona-, y a los miembros de los consejos de administración de esas dos empresas, de un presunto delito de apropiación indebida al disponer indebidamente de los aproximadamente 13 millones de euros que la Autoridad Portuaria de Tarragona abonó en mayo de 2011 a Euroports Iberica TPS como indemnización por aplicación indebida de la tarifa T-3 y que correspondería administrar a los antiguos propietarios de Mafusa ya que fue esta sociedad, entre otras, la que recurrió la legalidad de la tarifa.

Origen
La querella tiene su origen en determinadas reclamaciones judiciales que Mafusa Consignaciones y Tránsitos S.A, empresa controlada por los querellantes, realizó a comienzos de la década de 1990 contra la Autoridad Portuaria de Tarragona para recuperar la tarifa T-3. Una tasa que los estibadores debían aplicar a los clientes, pero al no haber sido impuesta por norma con rango de ley, Mafusa consideró que acabaría siendo ilegal, y por mandato expreso de sus clientes y motu propio procedió a las reclamaciones, siempre sufragando los gastos.

En caso de haber perdido la demanda, el pago en costas hubiera podido suponer entre 2 y 3 millones de euros a cargo de los querellantes. Pese a todo, han sido miles las reclamaciones que se han formulado por importes acumulados de decenas de millones de euros, puesto que la Autoridad Portuaria de Tarragona la siguió cobrando hasta 2005.

Poco después de comenzar las reclamaciones, Mafusa se fusiona con otras compañías que dan origen a TPS Tarragona Port Services. En los acuerdos habidos con motivo de la esa fusión se pactó que la gestión de las reclamaciones las continuarían realizando los antiguos propietarios de la extinta Mafusa, y que serían ellos quienes asumirían el coste de todo el proceso y quienes, en el supuesto de tener éxito, determinarían la forma y el modo en que se liquidaría con los clientes la eventual deuda.

En 2006, TPS se vende a la que hoy es Euroports TPS Port Spain y en el contrato se volvió a establecer que serían los anteriores propietarios de Mafusa los beneficiarios de las reclamaciones de la tarifa T-3, y que cualquier activo a favor de TPS por ese concepto será en beneficio exclusivo de los vendedores.

Antiguo director de TPS
Cuando en mayo de 2011, la Autoridad Portuaria de Tarragona hizo efectiva a TPS el importe de las devoluciones, el apoderado, Carlos Severino, como representante de Europports TPS Spain y Euroports Iberica TPS, ignoró los acuerdos pactados con los antiguos dueños de Mafusa, poniéndose en contacto con los clientes y negociando directamente las comisiones que se debían descontar a éstos. Se da la circunstancia de que Carlos Severino Inglán, fue también director general del Grupo TPS antes de su venta y en esa condición era conocedor de los acuerdos alcanzados con terceros para el reparto de las cantidades que se podían cobrar por el concepto de la tarifa T-3.

La tarifa T-3, que fue recurrida por todos los estibadores españoles, fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo y por el Constitucional.


"La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será"

 
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